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4 Opinión DOMINGO 9 10 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil PASO AL FRENTE AS baterías antiaéreas del Partido Popular abrieron ayer fuego contra la política educativa del Gobierno. Misiles que tronaron en el aire como expresión sonora de que, hoy por hoy, el consenso es un imposible metafísico. Contundente respuesta que no deja lugar a ninguna duda: no hay armisticio en el horizonte, sino muchas ganas de batallar para tratar de echar abajo la Ley Orgánica de Educación (LOE) del Ejecutivo de Zapatero. El escenario de confrontación total revela que los populares desconfían de las ofertas de diálogo en un asunto que obligará a Mariano Rajoy, poco amigo de las protestas en la calle, a ponerse otra vez zapato cómodo y a recorrer las esquinas de esa larga avenida donde se agolpan las pancartas y las voces críticas contra la política educativa del Ejecutivo. L ESTATUT: UNA CONSTITUCIÓN CONTRA LA CONSTITUCIÓN G OBIERNO y PP han asociado al proyecto estatutario objetivos y estrategias que desbordan por completo los márgenes que ofrecen simples enmiendas a un proyecto articulado. Las diferencias no están fundamentalmente en lo escrito, sino en los principios que cada cual defiende en este debate estatutario. Por eso el PP dice que el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña es una reforma constitucional encubierta y que, como tal, ha de ser tramitada, lo que haría imprescindibles sus 148 escaños en el Congreso. Por su parte, el Gobierno y el PSOE anuncian retoques y ajustes en un proyecto que consideran plenamente legítimo, para lo que siempre tendrá dispuestos a sus socios minoritarios. La valoración conjunta y política del proyecto de Estatuto catalán será lo que, en el momento de fijar posiciones parlamentarias, decida la actitud del PSOE y del PP, porque, aparte del masivo rechazo ciudadano que suscita la propuesta del tripartito, cada vez que los defensores del Estatuto lo glosan, se hace más evidente su desencaje en el sistema actual. Sin temor a exagerar, puede decirse que el texto aprobado por el Parlamento catalán es estructuralmente inconstitucional, o anticonstitucional como ha matizado el ex presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga. Habría que recordar que la crítica más contundente al proyecto de nuevo Estatuto se contenía en un dictamen emitido por expertos constitucionalistas para el Ministerio de Administraciones Públicas. Según estos juristas, la ampliación de competencias es masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución por lo que se refiere a muchas de las técnicas que se utilizan y al resultado a que conducen Desde que este informe se dio a conocer- -finales de agosto pasado- -hasta ahora, la afirmación de los expertos ha cobrado aún más fuerza. El texto estatutario representa la voluntad de crear una organización política, sustentada sobre un poder soberano, sin necesidad de reconocimiento estatal, y blindado frente al Estado mediante una aparente relación de bilateralidad entre iguales, que no es tal en la medida en que la mayoría de las intromisiones de la Generalitat en las instituciones del Esta- do no tienen reciprocidad. Este problema no se resuelve trasladando la palabra nación desde el artículo 1 al Preámbulo- -trampa leguleya para dificultar el recurso de inconstitucionalidad- ni retocando un poco las normas sobre Poder Judicial, o blanqueando el sistema de financiación. El problema no es de ornamentación sino de arquitectura, como queda de manifiesto en el análisis del texto estatutario que ABC ofrece hoy a sus lectores en la sección de Nacional. El propósito soberanista impregna todo el texto del nuevo Estatuto, porque está diseñado para servir a una transformación de mayor calado que la meramente autonómica. En su contenido puramente normativo, la constitucionalización del texto será más fácil si se hace otro nuevo que si se pretende un reajuste interno. El preámbulo y el artículo primero definen a Cataluña como nación, y a España como un Estado federal y plurinacional, e invocan los derechos históricos- -previos a toda legitimación democrática, por supuesto- -como fuente única de la libre determinación que ejercerían los catalanes a través del nuevo Estatuto. Luego, como preceptos de corte constituyente, el nuevo Estatuto regula para Cataluña el territorio, las instituciones, los derechos y las libertades ciudadanos y las competencias exclusivas; establece por sí y para sí su poder judicial, así como el estatuto singular de jueces y fiscales destinados en territorio catalán; decide que haya en el Estado otra realidad nacional, la del Arán; y somete a órganos constitucionales del Estado a una modificación forzosa que dé cabida a la relación confederal que alumbra el proyecto. Además, la difícil convivencia entre castellano y catalán se rompe y da paso a la conversión del catalán en ariete de la sociedad nacionalista que se refleja en el texto, con efectos en las relaciones públicas y privadas, medios de comunicación y enseñanza. El sistema de financiación, en un marco de intervencionismo obsesivo, secunda el propósito de asentar un nuevo poder capaz de sostener la relación paritaria que se le propone al Estado. La tarea de enmendar este Estatuto es compleja, porque su inconstitucionalidad no está localizada en uno u otro artículo, sino que vertebra un proyecto que apenas deja algo de España en Cataluña. María Jesús San Segundo DANIEL G. LÓPEZ LAVAR LA IMAGEN FENSIVA diplomática en toda regla para tratar de recuperar parte del prestigio internacional perdido. El Gobierno quiere rentabilizar las próximas cumbres iberoamericana y euromediterránea, convirtiéndolas en catapulta para un nuevo y decidido impulso diplomático, tarea ardua en función del evidente retroceso de nuestra política exterior. El Ejecutivo pliega velas dispuesto a emprender una nueva singladura, lejos de los vientos huracanados que terminaron por llevarnos a una tierra de nadie (o a la tierra de los menos recomendables) Lavado de cara que revela que, aunque tarde, el Gobierno asume, en cierto modo, los numerosos errores de cálculo a la hora de mover pieza sobre el cada vez más complejo tablero internacional. O DEFECTOS EN LAS NORMAS DE EXTRANJERÍA AS avalanchas en las fronteras de Ceuta y Melilla han puesto de relieve notables deficiencias en la legislación española sobre extranjería e inmigración, así como la escasez de medios personales y materiales para afrontar el problema. La información que hoy publica ABC acerca de los avatares de quienes llegan a nuestro país de forma ilegal ofrece pruebas evidentes de esta situación. Al final de una larga ruta controlada por mafias de todo tipo, los inmigrantes intentan acceder a nuestro territorio, bien por vía marítima, bien asaltando las vallas fronterizas. La mejoría en el sistema de vigilancia costera hace que la segunda opción sea ahora más utilizada. Logrado el objetivo, las carencias de la normativa en vigor producen el peor resultado posible. Miles de personas, sujetas a un expediente de expulsión que casi nunca concluye con una orden efectiva, quedan en el limbo de la ilegalidad. Además, están condenados a la marginalidad puesto que esa misma orden de expulsión les impide acceder de forma legal al mercado de trabajo. Sin embargo, en el colmo de las L paradojas, ese documento ha servido también como forma de acreditación en el reciente proceso de regularización. Todo ello pone de relieve la urgencia de que España concierte convenios de readmisión con los países del África subsahariana de los que procede la gran mayoría de los afectados. Entre los acuerdos actuales, sólo son apropiados para este fin los concluidos con Nigeria (en 2001) Guinea Bissau y Mauritania (ambos en 2003) Desde entonces se ha interrumpido el esfuerzo diplomático para impedir que la presencia de ilegales en España se convierta en un viaje sin retorno. A mayor abundamiento, ha quedado prácticamente en desuso el acuerdo bilateral con Rabat de 1992, por el que Marruecos se compromete a asumir a los ciudadanos de terceros países que pretendan entrar en España desde su territorio. Más allá de las buenas intenciones, el Gobierno tiene mucho trabajo por delante en el ámbito diplomático y legislativo para dotar a nuestro país de los instrumentos jurídicos imprescindibles que permitan encauzar este complejo problema. LA LUZ DE EUROPA P ESE al criterio del Gobierno- -cuya intención era la de considerar la opa de Gas Natural sobre Endesa como un asunto nacional, situándola al margen del tablero de decisiones de la Unión Europea- las grandes compañías eléctricas no están dispuestas a dejar que sean las autoridades españolas las que permitan que la operación se lleve a cabo como un asunto de escala nacional. Puestos a repartir la apetitosa tarta de la energía, el Gobierno de Zapatero no es el único que tiene planes para reordenar el sector. Empresas alemanas, italianas, francesas y británicas miran de reojo una operación a la que- -con permiso de la autoridad comunitaria- -quieren apuntarse.