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6 Opinión JUEVES 6 10 2005 ABC AD LIBITUM TRIBUNA ABIERTA MIQUEL PORTA PERALES ENSAYISTA Y CRÍTICO LITERARIO LAS JUDÍAS VERDES E N el Ayuntamiento de Madrid- -benditas sean las paradojas que nos alegran la vida- -hay un edil responsable de Movilidad. Se llama Pedro Calvo y es muy posible que cuando nos lo quitemos de encima, cuando la capital de España vuelva a ser transitable, Pedro Calvo nos siga costando un pico. Con sospechosa unanimidad, y tras la firma por todos los grupos del Congreso, los 286 parlamentarios presentes en el hemiciclo refrendaron una proposición de ley conducente a que los concejales y los cargos públicos y sindicales con dedicación exclusiva lleguen a cobrar, llegado su cese, subsidio de desempleo. Pedro Calvo, a quien señalo como ejemplo de los M. MARTÍN 75.000 concejales que ilusFERRAND tran los ayuntamientos españoles por lo mucho que me hace sufrir en mis crecientemente inmóviles desplazamientos urbanos, se presentó en su día a unas elecciones en lista cerrada y bloqueada, avalada por la gaviota azul del PP y el nombre que la encabezaba, Alberto Ruiz- Gallardón. Eso, cuando se materialice la ley que ahora se propone con tan rotunda unanimidad, le dará al edil- -a todos los ediles- -derechos laborales; pero ¿cómo puede haber paro y en consecuencia subsidio, si la función no es laboral y la elección tasa el tiempo de su ejercicio político? Alarma mucho la creciente tendencia, no sólo española, de convertir en obreras las relaciones de los políticos con su función y o representación. Ese ha sido siempre un síntoma de los totalitarismos, ya que, dado el discurso único- -del que aquí y ahora no estamos tan lejanos- remiten a lo funcionarial un ejercicio estrictamente político y turnante, absolutamente distante de lo que puede entenderse como una relación laboral. Más todavía: solamente estos asuntos que redundan en el interés y beneficio de la clase política consiguen la unanimidad parlamentaria. ¿No hay otros de mayor enjundia, como la unidad de la Nación, más dignos de tan rotundos acuerdos multicolores? También se puede cuestionar lo mismo de otra manera: la partitocracia imperante ¿es compatible con la democracia representativa? Entre los asuntos grandes, como el nuevo Estatut, que apenas interesan a la ciudadanía, y los pequeños, como el que comento, que sólo despiertan el entusiasmo de sus futuros beneficiarios, las cosas de cada día se quedan fuera del debate nacional, regional o local. En el último año, por ejemplo, el precio de las judías verdes se ha incrementado en un 22,95 por ciento. Un 8,64 sólo en el mes de septiembre. ¿Y qué? Ahí, en la vivienda, en el paro, en la sanidad, en la seguridad, en la educación... está la inquietud permanente de las personas. Incluso de los catalanes, los vascos y los gallegos; pero ese, el de arrimarse a los problemas reales, es el gran tabú de la política vigente. Todo lo más, se le llama de movilidad al responsable de que no nos podamos mover, y asunto concluido. EL ESTATUTO DE LOS DESPROPÓSITOS El Parlamento de Cataluña- -advierte el autor- -no ha aprobado un Estatuto, sino la Constitución y o programa político de un nacionalismo que convierte al resto de España en una comunidad autónoma dotada de soberanía y competencias limitadas A reivindicación de un nuevo Estatuto de Cataluña ha sido una suma de despropósitos. Para empezar, el hecho en sí. Es decir, la propia existencia de un proyecto que choca con el sentido común y el deseo de la ciudadanía. Choca con el sentido común por tres razones. En primer lugar, porque el Estatuto de 1979 funciona correctamente. En segundo lugar, porque no tiene sentido reclamar un nuevo Estatuto para aumentar el techo competencial cuando el actual aún no está del todo desarrollado. En tercer lugar, porque un nuevo Estatuto en clave soberanista es un factor de desestabilización política. Por lo demás, el proyecto de nuevo Estatuto choca con el deseo de una ciudadanía escasamente interesada en el asunto. El dato: la encuesta del oficial Instituto de Estadística de Cataluña señala que sólo el 3,8 por ciento de los catalanes consideran que el Estatuto debe ser una prioridad del Govern. De un despropósito a otro: el de un Rodríguez Zapatero que- -electoralismo de bajo vuelo- -promete apoyar la propuesta del Parlamento de Cataluña. Con dichos mimbres, es decir, a partir de esos despropósitos, el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña echa a andar. Para ser exactos, lo que se pone en marcha es una subasta nacionalista entre los cuatro partidos que impulsan el texto y que, como no podía ser de otra manera, se resuelve con el clásico pues yo todavía más El resultado es otra serie de despropósitos que vulneran la Constitución. Verbigracia: Cataluña es una nación; España es L un Estado plurinacional y federal; el autogobierno de Cataluña se funda en los derechos históricos del pueblo catalán; el espacio político y geográfico de referencia de Cataluña es Europa; la Generalitat no queda vinculada por las decisiones adoptadas en los mecanismos multilaterales de colaboración con el Estado; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la última instancia judicial en Cataluña; los magistrados y otros cuerpos deben conocer obligatoriamente la lengua catalana; la Generalitat se arroga una larga lista de competencias exclusivas y excluyentes; sistema de financiación insolidario en la línea del concierto vasco. Llegados a este punto, cabe preguntar: ¿por qué ocurre lo que ocurre? Respondo: por una serie de motivos- -suma y sigue de despropósitos- -políticos, partidistas, personales y psicológicos que se complementan entre sí. Motivos políticos: hay quien persigue un Estado federal asimétrico que conduzca a un nuevo modelo de Estado que otorgue determinados privilegios a Cataluña; quien desea rebasar lo constitucionalmente permitido con la vista puesta en un nueva relación política entre Cataluña y el Estado gracias a la cual la primera daría un salto adelante en el proceso de la llamada reconstrucción nacional; quien- -en palabras de un jurista catalán de reconocido prestigio que no puede ser tildado de españolista quejoso- -utiliza el nuevo Estatuto para la construcción de un sistema jurídico separado, dotado de autonomía interna, que -Las ideas que se le ocurren a la ministra de Medio Ambiente no las debemos seguir utilizando a manta, sino por goteo.