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4 Opinión MIÉRCOLES 5 10 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil PERIODISTAS CON CARNÉ L inveterado afán intervencionista de la izquierda ha llevado al Congreso una proposición de IU- -tolerada por el PSOE debido a las hipotecas que pasan al cobro regularmente sus aliados- -para elaborar una Ley del Estatuto del periodista profesional. La Comisión Constitucional comienza hoy a tramitar un texto que en puntos sustanciales supone una intromisión sin matices e inaceptable en la profesión, y que incluye la vuelta del carné de periodista, expedido por una administración del Estado y sujeto a retirada por parte de un Consejo Estatal de Información, elegido por las Cámaras y de inquietante parecido en sus funciones con órganos del pasado. No deja de ser curioso que sea un partido y no a quien va dirigida la ley quien pida este estatuto ¿controlador? que, por otra parte, no se exige a otros gremios. ¿Para cuándo el estatuto del político profesional? El paso parlamentario habría de ser el último, una vez que las organizaciones del sector hubieran estudiado y consensuado el asunto con sus asociados. La autorregulación siempre es mejor solución que el trágala. Pero una vez que han comenzado los trabajos, quizá sea necesario hacer de la necesidad virtud y pedir que se escuche atentamente a profesiones y medios y que se limen las aristas intervencionistas de un texto que mejor hubiera sido que embarrancase antes de comenzar su tramitación. E LA OTRA REFORMA CONSTITUCIONAL L A propuesta de reforma del Estatuto catalán es un envite al sistema constitucional, y así lo reconocen sus promotores, empezando por Pasqual Maragall, quien ha repetido, por activa y pasiva, que su propuesta estatutaria abriría una segunda transición. Esta intención neoconstituyente del tripartito y de Convergencia i Unió coincide con la letra del texto que han remitido al Congreso de los Diputados, aunque la Mesa de esta Cámara lo tramite como reforma estatutaria y no como reforma constitucional. El precedente del Plan Ibarretxe, también admitido a trámite en su día como reforma estatutaria, cobra ahora todo su valor político. Entra dentro de la lógica que ahora se suscite el debate sobre una eventual reforma de la Carta Magna para blindar competencias del Estado. Hasta ahora, el modelo territorial había venido funcionando aceptablemente gracias a un pacto de responsabilidad y lealtad entre el Estado y las Autonomías, roto en primera instancia por el nacionalismo vasco. Pero tras la nueva vuelta de tuerca del Parlamento catalán se abre un nuevo escenario de imprevisibles consecuencias sobre el que conviene reflexionar. El desarrollo del Estado de las Autonomías se ha producido con el sobreentendido de que cada paso que se daba era irreversible, de forma que cada competencia que el Estado transfería a las Comunidades Autónomas no tenía en ningún caso billete de vuelta. También algunas decisiones interpretativas del Tribunal Constitucional han contribuido a encarrilar en un solo sentido centrífugo la relación del Estado con las autonomías. La suma de estos factores ha hecho que esté proscrito del debate político, incluso de la opinión publicada, cualquier propuesta de reversión de competencias- -aunque esté prevista en el artículo 155 de la Constitución- incluso en casos flagrantes de deslealtad constitucional, como los que podrían constatarse en materia de educación o seguridad, por ejemplo, en el País Vasco. Paradójicamente, quienes apelan a la Constitución para defender sólo el viaje de ida de las competencias hacia las autonomías son los que ahora más tenaces se muestran en romper las amarras constitucionales de sus respectivas comunidades, una vez que éstas se han aprovisionado convenientemente para actuar como entes casi soberanos y paraestatales. En este sentido, el debate sobre el modelo de Estado se sitúa en unas nuevas coordenadas, que requieren respuestas mucho más realistas y, por tanto, más eficaces para resolver la encrucijada en que la Constitución ha sido puesta por la tolerancia del Gobierno socialista ante el órdago secesionistas de sus aliados. Se ha llegado al punto crítico de la tensión territorial provocada por la alianza de socialismo y nacionalismos, que ha roto las reglas del juego establecidas en 1978. Por tanto, el problema no es principalmente proteger las competencias del Estado para evitar nuevas fugas o facilitar su recuperación. Se trata de aprender la lección y plantearse seriamente la necesidad de incorporar a la Constitución un principio de intangibilidad que ampare la unidad territorial, la soberanía nacional y la capacidad cohesiva del Estado. Las constituciones admiten reformas, evidentemente, pero nada impide sentar unas bases, inmodificables, que aseguren la convivencia social no sólo para una generación, como se pretende ahora, sino indefinidamente, como sucede en Francia o en Italia, con la forma republicana, o en Alemania, con la organización federal. No hay que resignarse, como si fuera un designio fatal del destino, a que España sea un objeto de discusión permanente a disposición de los nacionalismos, quienes, sin embargo, se reservan para sí legitimidades históricas que se pierden en la noche de los tiempos. Las competencias del Estado son, sí, importantes, porque sin ellas el Estado es una marca vacía. Pero es preciso plantear simultáneamente un sistema de inmunidad constitucional, no susceptible de reformas, que cubra los mínimos políticos irrenunciables de lo que la gran mayoría de los ciudadanos entiende por España como realidad histórica, nacional y unitaria. Nada de esto es incompatible con la organización autonómica del Estado, tal y como estaba resuelta en la Constitución. Son los nacionalismos soberanistas- -con adición del socialismo federalista- -los que han pretendido instaurar esa incompatibilidad entre la idea nacional de España y el Estado autonómico. Gaspar Llamazares DANIEL G. LÓPEZ VISTA GORDA ANTE UNA LEY HIPÓCRITA fectivos de la Guardia Civil se ven obligados a sortear la ley y devolver por la fuerza a los subsaharianos que saltan la valla de Ceuta sin esperar los trámites legales de expulsión recogidos en el artículo 157 del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, que obliga a llevar hasta la comisaría más cercana a todo aquel inmigrante que acceda a España de forma irregular. Seguimos órdenes de arriba, aunque todos saben que va en contra de la ley dice uno de los agentes a ABC, lo que lleva a la absurda situación de que, además de jugarse su integridad física, los encargados de hacer frente a la nueva marcha negra que desde hace días llega imparable de Marruecos cumplan la orden no escrita de vadear una legislación parida desde el buenismo del voluntarismo políticamente correcto, pero incumplible en su espíritu sin vulnerar al tiempo la letra. La improvisación del Ejecutivo a la hora de afrontar el problema de la inmigración ilegal se pone igualmente de manifiesto en el empeño que parece tener en que el Ejército realice funciones distintas a su naturaleza institucional. La presencia de unidades militares en la frontera de Ceuta y Melilla no ha sido suficiente para contener las avalanchas. RADIOGRAFÍA DEL DESEMPLEO RAS el buen dato de paro en el mes de septiembre- -5.824 desempleados menos- conviene detenerse en el análisis sosegado de las cifras para extraer una serie de conclusiones. En primer lugar, cabe subrayar el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, que crece un 0,7 por ciento respecto al mes anterior- -crece el número de extranjeros que se incorporan al sistema, lo que pone de manifiesto que la inmigración legal se convierte en factor de estabilidad del mercado de trabajo- En segundo lugar, que la evolución del paro, según qué autonomías, tiene un comportamiento desigual. Puestos a establecer comparaciones, en Madrid, Valencia, La Rioja o País Vasco desciende el paro, mientras que Andalucía y Extremadura lideran el ranking de Comunidades donde el desempleo, mal endémico, sigue creciendo. E Tampoco han servido la elevación de la verja ni, por supuesto, la efímera colaboración de las unidades marroquíes para detener a unas gentes que no se paran ante una alambrada y que, aunque el ministro Caldera asegure que no leen el BOE sí han sido atraídas por los cantos de sirena de una legislación laxa y ampliamente criticada desde otros socios europeos. El número reducido de fuerzas desplegadas, la falta de material adecuado y las instrucciones muy restrictivas sobre el uso de medios hacen imposible el cumplimiento de una misión mal concebida desde su origen. Se anuncia ahora la construcción de una tercera valla de protección del perímetro fronterizo y el ministro del Interior insiste en que se va a resolver un problema que califica de serio y duro pero el voluntarismo no consigue disipar la impresión de que el Ejecutivo se limita a correr detrás de los acontecimientos. La solución no parece ser destinar a los militares a controlar la frontera, sino dotar de medios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que son los que están preparados para ello, y, sobre todo, reformar una ley que se ha demostrado ineficaz y que los propios legisladores obligan a incumplirla en aras de la seguridad. T