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ABC DOMINGO 2 10 2005 Nacional 21 EL DESAFÍO DEL ESTATUTO CATALÁN Por ÁLVARO DELGADO- GAL SALTO EN EL VACÍO Y a salió el conejo de la chistera. Tomémosle las medidas a la propuesta estatutaria que anteayer se aprobó en el Parlament y que pronto llegará a Madrid. Primer dato: si el Congreso bendice el documento según ha salido de Cataluña, se habrá procedido a una reforma encubierta de la Constitución. Para conocer el paño, basta una muestra. Sólo la creación de un poder judicial catalán exige la reforma de diez artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Habría que acudir a aumentos exponenciales, para tasar el impacto del Estatut sobre el conjunto de la Carta Magna. Esto encierra dos hechos gravísimos. En primer lugar, se quieren cambiar las reglas de juego por la puerta de atrás. En segundo lugar, se acomete la operación dando la espalda al PP, que es casi la mitad del país. Se rompe, en una palabra, el consenso del 78, lo que equivale a decir que se ingresa en un desarrollo literalmente inédito y rigurosamente impredecible. Aznar, el otro día, habló de un cambio de régimen. La expresión es inexacta. Más justo sería decir que nos estamos dirigiendo hacia la liquidación del régimen vigente sin ningún orden alternativo que lo substituya. Pasemos, de la política, a los números. ¿A qué España nos aboca el Estatut La respuesta es elemental: a un país en que la redistribución recorrería circuitos regionales. El acuerdo sobre financiación contempla que Cataluña recaude y gestione los impuestos, y luego negocie bilateralmente qué cantidad debe trasladar al Estado. Se trata, hablando en plata, de un sistema muy próximo al del concierto económico. En un papel de urgencia que el PSC redactó anteayer, se afirmaba que no hay cupo, porque el Estatut prevé que la Generalitat ceda una parte de lo recaudado con arreglo a una serie de coeficientes, que se fijarían entre ambas partes. Pero esto es eludir la cuestión de fondo. Quienquiera que se haya tomado la molestia de examinar qué interpretaciones se hacen en Cataluña de las balanzas fiscales, está en grado de anticipar que la Generalitat establecerá unos coeficientes cortados a la medida de sus reclamaciones, que son infinitas. Contra lo que se asevera en la prensa, el modelo de financiación codificado en el Estatut no es federal, sino confederal. Y el propósito transparente, alcanzar los resultados del concierto vasco o el convenio navarro. El desenlace cantado, en el medio plazo, sería una mucho menor contribución catalana a la equidad interterritorial. Súmense otros ingredientes al cóctel, verbigracia, la impotencia del Estado para hacerse valer frente a una Cataluña blindada, o el efecto emulador que el esquema catalán excitará en otras comunidades ricas, y resultará sencillo a gallegos, extremeños o andaluces, apreciar lo que se les viene encima. ¿Qué ocurrirá en el Congreso? No es posible hacer viable el Estatuto sin desnaturalizarlo por completo. Se puede aplicar pintura metalizada a un utilitario, y añadirle unos alerones, y después, si se mira desde muy lejos, hacerse a la idea de que es un deportivo. Pero no sabemos todavía cómo transformar una carroza fúnebre en un triciclo, o al revés. En esencia, habrá que devolver el Estatut o si no, tragárselo en lo sustancial, sosteniendo contra toda evidencia que tiene cabida en la Constitución. Recelo que sucederá lo último, por dos razones. Primero, porque devolver el Estatuto obligaría al PSOE a romper con el PSC; segundo, porque es Zapatero quien, a última hora, ha impulsado un trato con CiU. La actuación de Zapatero ha sido misteriosa. La semana pasada, todo indicaba que el Gobierno, con la anuencia del PSC, estaba dispuesto a tensar la cuerda a fin de que CiU hiciese naufragar el invento. Los costes habrían sido graves, aunque inferiores a los que comporta desquiciar el Estado. El Presidente, sin embargo, rebasó por la retaguardia a su propio partido, y desequilibró irreversiblemente la balanza a favor de un acuerdo. No podrá echarse abajo el Estatuto sin que Zapatero dimita, y se convoquen elecciones generales en circunstancias dramáticas para los socialistas. Es probable, en consecuencia, que la ley catalana pase el portazgo del Congreso, con retoques más que insuficientes. La celebración del referéndum en Cataluña adquiriría, por la fuerza de las cosas, el carácter de un acto de autodeterminación, en el curso del cual los catalanes estarían sentando las condiciones de su permanencia nominal en España. Lo que más tarde dictaminara el TC, carecería de importancia. Zapatero ha dado un paso histórico, aunque desconocemos hacia dónde. España enfila el siglo XXI envuelta en un caos muy del siglo XIX.