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4 Opinión DOMINGO 2 10 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MÁS INMIGRANTES MUERTOS EJOS está de arreglarse el problema (con drama anejo) de la inmigración ilegal en la frontera sur de España. La crisis abierta en la valla de Melilla ha distraído toda la atención de la opinión pública hacia ese punto caliente, pero la realidad es que las pateras siguen llegando a las costas españolas. Ayer, otros tres muertos y casi una veintena de desaparecidos en un naufragio. Además, más de cincuenta africanos fueron detenidos al desembarcar en varios puntos del litoral canario. El flujo sigue, pues, incesante, por tierra o por mar, sin que los pasos que da Marruecos para poner freno a la oleada sean convincentes. Porque es el reino alauí el que más puede hacer para evitar estos viajes de la muerte, ya que todas las pateras parten desde su territorio, de donde son originarios también los sujetos desaprensivos que manejan el tinglado del tráfico de seres humanos. Mientras, en Melilla, cuyas autoridades critican abiertamente la mala gestión del Gobierno en este asunto, crece estos días una ciudad de lona para alojar a los inmigrantes que dan el salto a la valla, un lugar con vocación de convertirse en permanente. El problema se enquista y la colaboración de Rabat sigue siendo muy baja. Y siguen los muertos, por tierra y por mar. L EL PUEBLO Y LA NACIÓN L OS partidos catalanes que han votado a favor de la propuesta de nuevo Estatuto para Cataluña están insistiendo en que representan el 90 por ciento del electorado de esta comunidad autónoma. El mensaje implícito es doble: por un lado, las dudas sobre la constitucionalidad del texto serían antidemocráticas, porque se opondrían a la decisión de la Cámara catalana; por otro lado, la voluntad soberanista que anima la reforma estatutaria obligaría a las Cortes a actuar como mero transmisor hacia el BOE de un texto intocable. En definitiva, el principio de constitucionalidad y la superioridad del Parlamento nacional habrían de ceder ante el referéndum popular en el que los diputados catalanes han transformado la votación del pasado viernes. Sucede, sin embargo, que el procedimiento constitucional pone en manos del Congreso la aprobación o el rechazo de la reforma estatutaria y, en este trance, la mayoría parlamentaria que traiga de origen es un factor relevante, pero no decisivo para quienes representan a todos los ciudadanos españoles y, por tanto, a los intereses nacionales. Eso vale para cualquier propuesta de reforma, pero en ésta además se hace imprescindible por su calado, que afecta a los principios fundamentales sobre los que se basa el Estado. Por tanto, sólo cabe esperar que los parlamentarios que se sientan en el Congreso sean tan conscientes de su mandato y estén dispuestos a representar y escuchar a la soberanía española, la única reconocida en nuestro marco legal. La base de la actuación política exigible al Congreso es la que Su Majestad el Rey formuló ayer con meridiana claridad, al recordar que la Constitución establece la indisoluble unidad de la Nación española Afirmación que Don Juan Carlos expone con toda legitimidad en el ejercicio de su magistratura, acrisolada en la Constitución y en la Historia por los principios de unidad nacional y soberanía del pueblo español y como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, según proclama la Carta Magna de 1978. Al inicio de esta etapa política compleja que ha abierto el Parlamento catalán, con el beneplácito del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la opinión de los españoles no es favorable a que Cataluña se defina como Nación. Según la encuesta que hoy publica ABC, dos de cada tres españoles consideran que el término nación debe utilizarse exclusivamente para España. El porcentaje de los que tienen esta opinión es más alto entre los votantes del PP (86 por ciento) que entre los del PSOE (63 por ciento) Y son éstos los que se expresan más a favor de la definición nacional de las comunidades autónomas, con un 30 por ciento frente al 10 por ciento de los votantes del PP. Ambos porcentajes reflejan que la llamada cuestión nacional empieza a dividir al electorado socialista. En todo caso, es muy significativo que sólo un 26 por ciento consideren que la reforma del Estatuto catalán beneficia a Rodríguez Zapatero. El debate se está planteando como una encrucijada histórica para la continuidad constitucional de España, aunque la propuesta de reforma del Estatuto sólo mereciera ayer de Rodríguez Zapatero la pasmosa obviedad de que el texto necesita alguna reflexión lenguaje propio de la falsa neutralidad que el jefe del Ejecutivo ha dicho observar en este proceso estatutario y que todavía ayer ejercía públicamente al decir que ni rechaza ni asume la propuesta de la Cámara catalana. Pero sí fue más claro a la hora de evitar dudas e inquietudes a sus socios, recalcando que el nuevo Estatuto es una gran oportunidad y no un gran riesgo y abogando por la fuerte identidad de Cataluña El presidente del Gobierno dio ayer pistas, por tanto, de cuál va a ser su actitud ante la propuesta de reforma del Estatuto catalán. Beligerancia cero, tolerancia máxima. Sin mandato electoral para emprender una reforma constitucional clandestina- -como ayer le recordada firmemente el líder del PP, Mariano Rajoy- -y sin sentido de la responsabilidad suficiente para frenar una propuesta radicalmente inconstitucional, Rodríguez Zapatero sigue empeñado en que todos compartan sus frivolidades conceptuales sobre la nación y parece estar confundido sobre su papel institucional en este momento. Pero, por más que esa confusión crezca cada día, seguirá obligado a defender la Constitución. Porque fue elegido para presidir el Gobierno de España, no la Generalitat de Cataluña. ÁNGEL DE ANTONIO Juan José Imbroda, presidente de Melilla LA CRISIS DEL MUNDO DEL LIBRO FRENTE AL TERRORISMO, CIVILIZACIÓN UANDO apenas empezaba a recuperarse de los desastrosos efectos del tsunami, Indonesia, el país musulmán más poblado del mundo, ha sido nuevamente el blanco de un ataque terrorista, el segundo en dos años, lo que constituye un mensaje expreso por parte de los criminales sobre sus intenciones de promover la desestabilización política y económica del país. El terrorismo no busca ninguna liberación para los indonesios ni promete fórmulas de prosperidad y bienestar, sino todo lo contrario: pobreza, opresión y regreso a una concepción medieval del islam. Desde el sureste asiático, la nebulosa del yihadismo internacional nos envía también el mensaje de que con sus ataques pretende abarcar todo el orbe islámico, desde Casablanca hasta los confines de China, pasando por Irak o Afganistán, como lo ha hecho en otros países no musulmanes. Cada uno de los siniestros zarpazos que lanza sirve para confirmar con más rotundidad que nos enfrentamos a una fuerza para la que no existen límites ni fronteras. Frente a estos ataques no sirven ya la tibieza o la com- N C prensión equívoca. Son los propios musulmanes quienes primero deben poner fin a esta deriva intolerable que utiliza torticeramente el nombre de una de las tres grandes religiones monoteístas, pero nos corresponde también a nosotros, a los ciudadanos de las sociedades democráticas, defender en voz alta y sin ningún tipo de complejos la superioridad de los valores universales que estos facinerosos pretenden aplastar. Por desgracia, sigue habiendo voces- -tanto musulmanas como no musulmanas- -que buscan justificaciones para lo que no se puede justificar, utilizando la guerra de Irak o el conflicto de Palestina como una especie de fuente de legitimidad para la ira de los extremistas. Pero en estos momentos todos tenemos la obligación de condenar y combatir el terrorismo sin ningún matiz, porque frente al terrorismo asesino sólo cabe oponer civilización. Y la única civilización con la que a estas alturas podemos hacer alianzas sin poner en peligro nuestro futuro es la civilización de los derechos humanos, la democracia y la libertad. O parece que en un Gobierno tan progresista y tan supuestamente volcado hacia la cultura encaje la crisis casi gigante que vive el mundo del libro y que afecta tanto a las editoriales como a las librerías. El reportaje que ofrecemos hoy en páginas de Cultura señala bien a las claras la insostenible situación que vive gran parte de sector. La irrupción de la gratuidad en los libros de texto (adoptada en al menos seis comunidades autónomas) aboca a la ruina a los libreros que tienen en este producto el sostén principal de su volumen de negocio. El desorden con el que se ha optado por este modelo- -sin ofrecer además alternativas y contraprestaciones a los libreros- -crea evidentes desigualdades en un derecho básico como es la educación. Se aprende gratis dependiendo de dónde se haya nacido. Bien están las ayudas (son esenciales incluso) y que se aligere la costosa carga que supone para las familias el comienzo del curso. Pero con cabeza, criterio y menos demagogia.