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14 Nacional EL DESAFÍO DEL ESTATUTO CATALÁN SÁBADO 1 10 2005 ABC El PP exige elecciones para que los votantes opinen sobre la ruptura de España Acebes defiende que el estatuto se tramite como reforma constitucional b Los populares creen que la situa- ción es más preocupante que la que generó el plan Ibarretxe puesto que el texto catalán viene azuzado por Rodríguez Zapatero CRISTINA DE LA HOZ MADRID. El aterrizaje ya imparable del nuevo Estatuto catalán en el Congreso augura uno de los debates políticos más tensos de la democracia. Si ya lo fue por contenido e intensidad el del plan Ibarretxe- -cuando no tenía posibilidades de prosperar por la negativa socialista a apoyarlo- la probabilidad de que salgan adelante muchos aspectos del texto catalán ha terminado de encender todas las luces de alarma en el principal partido de la oposición. El PP entiende que no se trata tanto de una reforma estatutaria como de una Constitución para Cataluña y, desde esta comunidad, aprobar una reforma constitucional para España según denunció ayer el número dos del PP, Ángel Acebes. La estrategia de los populares pasará por reclamar que se tramite en las Cortes como reforma constitucional y no estatutaria. En caso de que la mesa de la Cámara Baja admitiera su tramitación como reforma estatutaria Zapatero deberá disolver el Congreso y el Senado y convocar elecciones señaló Acebes apelando al derecho de los ciudadanos a pronunciarse sobre si quieren la ruptura de España La diferencia entre los dos procedimientos (reforma estatutaria o reforma constitucional) la marcan las mayorías parlamentarias. Para la primera no es necesaria más que la mayoría absoluta de la Cámara, por lo que los votos del primer partido de la oposición no son imprescindibles. En cambio, para una reforma constitucional se establece la salvaguarda de una mayoría reforzada (dos tercios) de modo que no se puede abordar ningún cambio sin el consenso de las dos grandes fuerzas políticas del país. Además, para la petición de eleccio- nes anticipadas, el PP se ampara en el artículo 168 de la Constitución, que establece que cualquier revisión total o parcial que afecte, entre otros, al Titulo Preliminar (indisoluble unidad de la Nación española) al Título I (de los Derechos y Deberes Fundamentales) o Título II (de la Corona) exigirá el respaldo de dos tercios de la Cámara y la disolución inmediata de las Cortes. Se trata de una situación de extrema gravedad por la cual una parte de España impone al resto su modelo un modelo, prosiguió Acebes, que supone la desmembración territorial de España, la ruptura del consenso constitucional y de las reglas del juego y el fin del concepto de igualdad entre los españoles, y todo ello con la intervención de un presidente del Gobierno que ha azuzado a una comunidad autónoma para que se separe de España Estado independiente Tras recordar las inequívocas palabras de Josep Lluís Carod- Rovira en el sentido de que este texto es un paso más hacia el estado catalán, Acebes estableció un paralelismo entre el estado de libre asociación que defiende el lendakari, Juan José Ibarretxe, y un Estatuto que proclama que Cataluña es una nación, que defiende una relación bilateral con la administración central, que respalda una fiscalidad y justicia propias y que constituye un paso decisivo para convertir Cataluña en un estado independiente En definitiva, pocas diferencias entre ambos proyectos aunque el catalán acaso más preocupante porque viene impulsado por el presidente del Gobierno y con el voto de los socialistas, según destacó el secretario general del PP. En el PP no confían en que el texto sufra modificaciones sustanciales a su paso por el Congreso, aunque ellos se implicarán de manera activa en el debate. Que no se juegue ni se nos engañe- -rogó Acebes- Se nos dijo que el texto no iba a salir y al final lo ha hecho con los votos del PSOE y el impulso de Zapatero y no vale decir luego lo convertiremos en constitucional Engaños, ninguno. Esto es una reforma de la Constitución y debe tratarse como tal Por lo pronto, Rajoy, que se pronunciará hoy sobre la cuestión, ha convocado para el lunes una nueva reunión de la ejecutiva popular para tratar monográficamente la cuestión. Más de cincuenta sombras de inconstitucionalidad El PP dice haber detectado más de cincuenta sombras de posible inconstitucionalidad en el proyecto de nuevo estatuto catalán. Acebes, que ayer inauguró un foro sobre el agua con la presencia, entre otros, del presidente de la Generalitat valenciana- -artífice de la otra gran reforma estatutaria que ya está en la Cámara Baja- cree que el texto colisiona con la Carta Magna en una serie de aspectos fundamentales como son el término nación concepto jurídico constitucional que va aparejado a la idea de soberanía y que vulnera el artículo 2. Otros puntos cuestionables son la referencia a los derechos históricos; el deber de conocer el catalán (artículo 3) la creación de un Poder Judicial (artículos 117 y 122) el blindaje de competencias, que llevaría en la práctica Acebes y Camps participaron en un foro del PP sobre el reparto del agua a una delimitación de la legislación básica del Estado (Título VIII) la atribución de competencias vía artículo 150.2; la modificación de, al menos, seis leyes generales del Estado; la posible vulneración de la reserva estatal en materia de relaciones EFE exteriores o el establecimiento de un modelo de financiación que vulneraría los artículos 2, 156, 157 y 133. El portavoz del CGPJ advierte de que la propuesta sobre Justicia desborda el marco de la Carta Magna ABC MADRID. El portavoz del CGPJ, Enrique López, denunció ayer que la reforma del sistema judicial que se contempla en el proyecto del nuevo estatuto catalán es inconstitucional porque contiene varios puntos que desbordan el marco constitucional establecido. López declaró a Servimedia que la reforma estatutaria establece un títu- lo competencial del que carecen las comunidades autónomas y que sólo se puede adquirir mediante una ley de traspaso del Estado. Además, indicó que en la reforma hay otros puntos que rebasan la Constitución, entre los que mencionó la regulación de manera indirecta del recurso de casación, puesto que lo califican como unificador de doctrina, al situar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como la última instancia judicial, reservando el Supremo sólo para unificar doctrina. También enumeró que con esa medida se altera el sistema competencial porque el TSJC es quien culmina la organización judicial y no la última instancia. López anunció que la próxima reunión del Consejo, el 5 de octubre, estudiará los diferentes proyectos de reformas estatutarias. Las opiniones de López fueron secundadas por el vocal del CGPJ para el País Vasco, Juan Pablo González, que indicó que las previsiones existentes en el Estatuto son claramente inconstitucionales A su juicio, la creación de un Consejo de Justicia propio y des- concentrado del estatal supone un ataque frontal al Poder Judicial y abriría una brecha en su estructura. En cambio, la minoría progresista del Consejo criticó la valoración de López al considerar una vergüenza que repita el mensaje lanzado por Acebes. El portavoz de esta minoría, Juan Carlos Campo, declaró a Ep que rechazan lo manifestado por López, pues no habla más que en nombre propio, repitiendo, para mayor vergüenza de la institución, el mensaje lanzado por un líder del principal partido de la oposición Para Campo, el Consejo no puede ni debe en este momento entrar en valoraciones sobre la reforma del Estatut, al no ser su función constitucional