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52 Sociedad VIERNES 30 9 2005 ABC La juez de Burgos desiste del recurso contra dos mujeres por su boda gay ABC BURGOS. La juez del Registro Civil de Burgos, María Luisa Miranda de Miguel, desistió ayer de la cuestión de inconstitucionalidad que interpuso contra la ley de matrimonios homosexuales, después de que las dos mujeres que habían solicitado casarse en su Juzgado hayan renunciado a ello. La magistrada ha dictado un auto por el que se tiene por desistidas a ambas mujeres de la tramitación del expediente de matrimonio seguido en dicho Registro Civil, y así se lo comunicó al Tribunal Constitucional (TC) María Luisa Miranda dictó a principios de septiembre una providencia por la que planteaba esa cuestión de inconstitucionalidad y por la que quedó paralizado el expediente de matrimonio de las dos mujeres. En su escrito, la juez hacía referencia a contradicciones entre la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo y el artículo 32 de la Constitución. Al desistir las dos mujeres de su petición de casarse en el juzgado de Burgos, la juez ha retirado ahora la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Una huelga de técnicos puede paralizar 14 días las pruebas de la sanidad pública No afectará a las operaciones programadas la primera semana de octubre b Más de 35.000 técnicos sanita- rios están convocados a esta huelga en la que se reclama la homologación de sus estudios al rango universitario, al nivel de Enfermería G. ZANZA MADRID. Las federaciones que aglutinan a los más de 35.000 técnicos sanitarios que trabajan en la sanidad pública (Fesitess y Fetes) han convocado una huelga de 14 días durante octubre (del 3 al 6, del 10 al 11, del 17 al 20 y del 24 al 27) La movilización sirve para reclamar a los ministerios de Educación y Sanidad la homologación europea de la profesión y su transformación en estudios universitarios, como Enfermería. Será la segunda huelga sanitaria con el PSOE en el Gobierno. La huelga, si es secundada mayoritariamente, puede paralizar todos los servicios de diagnóstico de la sanidad pública, ya que estos técnicos se reparten en unidades hospitalarias y de Asistencia Primaria. Los técnicos intervienen en radiografías, mamografías, resonancias magnéticas, estudios radiológicos, densiometrías, analíticas de sangre y orina, biopsias, punciones y radioterapia. Además, localizan las historias clínicas en los archivos para remitirlas a los facultativos. Cambios de fechas Los técnicos, según el secretario general de Fesitess, Juan Felipe Rodríguez, sólo realizarán pruebas de Urgencias y de las operaciones que estén programadas la primera semana de octubre. A partir de la segunda, el paro será total a excepción de los casos que entren por Urgencias. Las federaciones han aconsejado a los pacientes que estén citados para pruebas diagnósticas que cambien la fecha de la cita por los retrasos que puedan ocasionarse. Juan Felipe Rodríguez explicó que mientras los técnicos europeos reciben una formación universitaria de Analíticas, radiografías, resonancias y biopsias pueden sufrir grandes retrasos si los paros tienen amplia respuesta tres o cuatro años, en España la formación sólo incluye dos años después del Bachillerato, al mismo nivel que una Formación Profesional. Por esta razón, cuando consiguen plaza en la sanidad pública son considerados como un nivel C, en vez del B de los enfermeros, que sí tienen estudios universitarios. Rodríguez aseguró que los técnicos llevan veinte años esperando una solución y que cuando gobernaba el PP el Ministerio de Sanidad constituyó cuatro mesas negociadoras que se detuvieron a la llegada del PSOE al Gobierno. Tras una amenaza de huelga, Sanidad reabrió estas mesas sin resultado advirtió el representante sindical. La última reunión fue el pasado día 22 con el secretario de Estado de Universidades. La situación, ahora, está congelada porque los ministerios de Educación y Sanidad se pasan la pelota El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso, en la que pide la transformación de los estudios en universitarios. Ana Pastor, secretaria ejecutiva de Asuntos Sociales del PP, indicó que los técnicos tienen razones y deben ser escuchados. Durante 18 meses no han tenido interlocutor y no han visto atendidos sus derechos