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ABC VIERNES 30 9 2005 Internacional 31 El annus horribilis de Bush Al desgaste por el Katrina se suman escándalos en su entorno político PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL WASHINGTON. Ya sea por la supuesta maldición de los segundos mandatos o por la fatalista confirmación de que los problemas nunca se presentan de uno en uno, o el compartido sentimiento de que las vacaciones de verano son siempre demasiado cortas, lo cierto es que el Partido Republicano que controla las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca se enfrenta a una especie de annus horribilis que no ha hecho más que empezar con el desprestigio presidencial generado por el Katrina La obligada dimisión este miércoles de Tom DeLay como líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, por un caso de financiación política ilegal, forma parte de una cadena de escándalos, chanchullos e investigaciones que salpican a destacadas figuras del campo conservador, alentando incluso especulaciones sobre vuelcos políticos para las elecciones legislativas de 2006, en las que, a tenor de la historia, el partido en la Casa Blanca tiende a perder múltiples escaños. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, se encuentra bajo una doble investigación sobre un posible delito de lucro por información privilegiada al haber vendido en junio acciones de la cadena de hospitales fundada por su familia, justo antes de una significativa bajada en la cotización bursátil de esos títulos. El senador ha argumentado que su venta no fue especulativa sino un intento de eliminar conflictos de intereses de cara a una posible candidatura presidencial. Dentro de la propia Casa Blanca persiste la inquietud asociada a las pesquisas criminales en curso por el caso de la agente de la CIA Valerie Plame, cuya identidad habría sido divulgada como parte de una vendetta política. Las investigaciones, con la ayuda de un jurado de acusación, parecen centrarse en Karl Rove, el gran gurú electoral del presidente Bush, y Lewis Libby, jefe de gabinete del vicepresidente Cheney. Tribunal Supremo John Roberts, confirmado como nuevo presidente Con el pleno respaldo de los republicanos y una minoría demócrata dividida, el Senado de Estados Unidos confirmó ayer al juez conservador John Roberts como el 17 presidente del Tribunal Supremo de su país. Roberts, de 50 años, será el rostro más joven, y más visible, del poder judicial de EE. UU. desde John Marshall en 1801, y, dado el carácter vitalicio del cargo, dispondrá de mucho tiempo para imprimir su sello en los dictámenes del Supremo, en particular en las batallas que se presentan en torno al aborto. ción Bush, que abarca desde medidas fiscales significativas a una reforma de la inmigración pasando por una privatización parcial de la Seguridad Social. A partir de ahora, la tentación natural de congresistas republicanos moderados o vulnerables será demostrar visiblemente su independencia. Pero al contar con mayorías bastantes ajustadas en ambas Cámaras, la Casa Blanca no se puede permitir el lujo de muchas deserciones. En otro momento, George W. Bush quizá pudiera haber ofrecido algo de cobertura política a sus seguidores en apuros. Pero con unos índices de aprobación en torno al 40 por ciento y el lastre de Irak, el presidente carece de un gran margen de maniobra. Aunque como recordaba ayer un irónico analista político en Washington, nunca hay que subestimar la capacidad del Partido Demócrata para desaprovechar una buena ocasión. Lastre inoportuno Pero, con diferencia, el asunto más pestilente en esta cadena de puntos turbios está protagonizado por Jack Abramoff, cabeza de una influyente firma de lobby conectada directamente con la cúpula del Partido Republicano. El mes pasado, Abramoff fue procesado en Florida por actividades fraudulentas relacionadas con casinos. Y esta semana, tres mafiosos vinculados a la familia Gambino han sido detenidos por el asesinato de un empresario relacionado con los negocios de Abramoff. Otras investigaciones paralelas sobre los manejos de Abramoff en Washington ya provocaron hace dos semanas la dimisión y arresto de David Safavian, principal responsable de contratos públicos de la Casa Blanca. Todo este panorama de minusvalías éticas empaña la ambiciosa agenda legislativa forjada por la Administra-