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ABC DOMINGO 25 9 2005 Nacional 19 Los Juzgados de Proximidad abren una vía al dirigismo CAFARNAÚM A LA CATALANA político de la Justicia ÁLVARO DELGADO- GAL l caos primordial, antes de que Dios separase la luz de las tinieblas y la tierra de las aguas, es nada al lado de lo que está ocurriendo en Cataluña. Los partidos se encuentran divididos entre sí y cada uno dentro de sí, sin excluir al PSOE, cuyo secretario general emite señales no siempre consonantes con las del grueso de sus camaradas. Así las cosas, resulta aventurado hacer pronósticos sobre los contenidos últimos del Estatuto, si es que éste se aprueba en el Parlament y pasa luego el portazgo del Congreso en Madrid. De algo, sin embargo, podemos estar seguros: es imposible que no salga un disparate. Disparate, en lo que toca a la redacción del documento: en el artículo consagrado a definir las competencias de la Generalitat sobre deporte y ocio, se desciende a detalles inauditos, tales como la regulación y control del dopaje o la promoción del espíritu competitivo. Y disparate en aspectos más graves, por cuanto afectan directamente a la gobernabilidad del Estado. Un ejemplo: luego de mucho tira y afloja, todos los partidos, con la excepción del PP, se han puesto de acuerdo en que las competencias exclusivas vayan adornadas con el calificativo de excluyentes Esto es absurdo, con independencia de que sea o no constitucional. Lo es, porque busca evitar lo que no se puede evitar, a saber, que la legislación del Estado no afecte, ni aún transversalmente, a las potestades legislativas y ejecutivas de la Generalitat. Permítanme que desarrolle este punto mediante una analogía. Supongamos que es usted especialista en la historia de, qué sé yo, la Alemania de entreguerras. En principio, no deberá ignorar que la hiperinflación del 22 quebrantó seriamente la confianza de los alemanes en las instituciones de la República de Weimar y contribuyó en cierto grado al triunfo ulterior de Hitler. La admisión de este hecho básico le obligará a admitir que no se puede escindir la política de la economía, o para acercarnos más a lo que nos importa, que no se puede blindar la política contra la economía. No se puede, porque es impensable que la segunda no repercuta en la primera. Pues bien, aquí se pretende blindar a la Generalitat contra Madrid. Se trata o de un deseo excéntrico e irrealizable o de una anticipación virtual de la independencia. En teoría, claro. En la práctica, integra una receta estupenda para que el país sea inmanejable. La minuciosa enumeración de responsabilidades en materia deportiva y el anhelo de un universo político catalán inmune a contaminaciones foráneas, constituyen reflejos, a escalas distintas, de una misma mentalidad. Domina el instinto de tapar agujeros con objeto de que no metan por ellos los dedos los diputados surgidos de unas elecciones generales o los magistrados encargados de llevar a efecto lo que legisle el Congreso. A esta actitud de resistencia se suma una aspiración de sesgo nacionalista clá- E sico. En un régimen federal de verdad, esto es, muy distinto del que auspician Maragall y compañía, se entendería que lo propio de las autonomías es desarrollar el autogobierno en el espacio que les concede un ordenamiento común y superior. Pero lo que se nos ha servido en este caso es un federalismo vuelto del revés. La idea, en el fondo, es que España acabe por ser una cantidad residual. No algo definido, sino la sobra o espacio complementario que vayan dejando libre unos territorios a los que anima un movimiento espontáneo y siempre en auge. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El itinerario es conocido. Compromisos contraídos por Zapatero con vistas a ejercer la oposición, y no a organizar el país, son los que al final están organizando el país, o para ser más exactos, desorganizándolo. El naufragio del Estatuto es la hipótesis que cultivan con más ahínco los socialistas que creen que esto ha ido demasiado lejos. Varios convergentes están también contra el Estatuto, aunque no por las mismas razones. Los costes de una marcha atrás serían, con todo, muy altos para la clase política catalana. La perpetuación del tripartito, si el Estatuto no prospera, resultaría difícilmente digerible por la opinión. Y la convocatoria anticipada de elecciones representa un problema, ya que el desaguisado es general, y quitando al PP, que abulta poco, no restan fuerzas políticas en situación de proponer una vía alternativa. La propensión de Zapatero a comprar pesetas pagando duros, podría también forzar arreglos poco realistas, y a fuer de tal, especialmente peligrosos. Las espadas siguen en alto. No sabe por qué, porque lo que no quedan son cabezas. El texto que mañana debate el CGPJ rechaza que los municipios intervengan en la selección de estos jueces b El dictamen, susceptible de ser Las sugerencias del informe La intervención política en la selección de los jueces de proximidad y su condición de profesionales ajenos a la carrera judicial arrojan el anteproyecto de ley a un mar de dudas constitucionales de tal calibre que lo aconsejable es su abandono El informe que debatirá el Consejo del Poder Judicial es claro cuando le dice al Ejecutivo que puede rescatar la idea de esos nuevos Juzgados, siempre y cuando sean ocupados sólo por jueces profesionales y sean elegidos por el CGPJ. Pese a todo, el dictamen duda de la utilidad real de este modelo. y otra de segunda (la de proximidad, con jueces no profesionales) El texto no encuentra razones objetivas que justifiquen la judicialización plena de estos jueces y la participación de los ayuntamientos en su proceso de selección. La falta de explicación alimenta todo tipo de conjeturas advierte, y de nuevo- -ya lo hace en su análisis de los Consejos de Justicia autonómicos- -echa mano de un dato incuestionable como es que el proyecto de Estatuto de Cataluña recoge expresamente la Justicia de Proximidad. Puede llegarse sin gran dificultad a la conclusión de que el resultado final será que lo mismo que las Comunidades Autónomas o los entes locales tienen sus propios funcionarios o su propia Policía, van a tener su propia Judicatura Más allá, el dictamen vaticina que la Justicia de Proximidad desembocará en su reparto por cuotas entre los grupos políticos con representación municipal y en doce años- -tiempo máximo que podrán permancer al frente de un juzgado de proximidad- -estos funcionarios quen proceden originariamente de una designación política tendrán la posibilidad de convertirse en jueces de carrera. modificado, ve viable la idea de los Juzgados de Proximidad pero con la condición de que sus titulares sean jueces de carrera N. COLLI MADRID. El nuevo modelo de Justicia de Proximidad proyectado por el Gobierno en la última reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es una vía para adquirir el poder político protagonismo en la elección de los jueces Así lo describe el informe que mañana debatirá la comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial y, que de ser aprobado tanto por dicha Comisión como por el Pleno, será remitido al Ejecutivo. El dictamen asegura que la reforma da prioridad sobre otros objetivos a la adaptación del Poder Judicial al modelo territorial del Estado de las Autonomías y advierte que el juez de proximidad- -no profesional- será un funcionario municipal con ropajes judiciales, sujeto a contrato administrativo, elegido por la confianza que tienen en él los partidos con representación local, si es que desea ser reelegido; será ante todo, cabeza de puente de un proyecto para intensificar el dirigismo político sobre la Justicia y para que se constituya un cuerpo judicial paralelo, de base auónómica y local El pago que recibirá será su posterior ingreso en la carrera mediante el cuarto turno. Se pretende blindar a la Generalitat contra Madrid. Es una receta estupenda para que el país sea inmanejable Todo tipo de conjeturas El modelo de Justicia de Proximidad presenta serias dudas de constitucionalidad señala el informe, ya que podría atentar al derecho a la igualdad de los ciudadanos al establecer, según en qué territorios, una Justicia de primera (la impartida por jueces de carrera)