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ABC DOMINGO 25 9 2005 Opinión 5 CARTA DEL DIRECTOR IGNACIO CAMACHO LA LÍNEA ROJA Ya nadie podrá evitar que la opinión pública compare los resultados del acuerdo tejido en Valencia por los dos grandes partidos nacionales y el guirigay desquiciado que han provocado los socialistas al enredarse con los nacionalistas e independentistas catalanes A quedado tan alto en Cataluña el listón del disparate estatutario que el Congreso de los Diputadosrecibió esta semana con indisimulado alivio el proyecto de reforma enviado desde Valencia, pese a tratarse de un texto que roza, con serio riesgo de sobrepasarlo, el techo competencial establecido en la Constitución. El simple hecho de llegar avalado por los dos grandes partidos nacionales, más la probada lealtad constitucional y española del presidente Francisco Camps, han bastado para pasar por alto la manifiesta vocación de máximos del Estatuto valenciano, en la confianza de que el mismo consenso que lo ha hecho posible en el Parlamento autonómico bastará para rebajarle sus crestas más agudas en el correspondiente afeitado que le espera a su paso por las Cortes. En condiciones de normalidad, algunas de las disposiciones del nuevo Estatuto valenciano habrían puesto los pelos como escarpias al más pintado: entre otras, una declaración preliminar de derechos que el profesor Jiménez de Parga ha considerado claramente inconstitucional en la Tercera de ABC, o la determinación expresa del Tribunal Superior autonómico como última instancia de apelación a todos los efectos y niveles. Por no hablar de la ya célebre cláusula Camps que incluye la posibilidad de alcanzar el máximo techo que el Estado conceda, a posteriori, a cualquier otro texto estatutario y transforma el clásico café para todos de Clavero Arévalo en una especie de café con croissants en el que algunos, además, pretenden arramplar hasta con la vajilla. H yo principal adversario no es tanto la oposición como algunos sectores de su propio partido. De este modo, el Estatuto ha sido para Camps la herramienta con que ir ganando en la calle el apoyo que Zaplana y sus leales le segaban, zancadilla a zancadilla, entre sus propias filas. Sabedor de que el Congreso recortará a la postre los indiscutibles excesos del texto estatutario, el presidente valenciano ha ido dando la vuelta a maniobras y deslealtades destinadas a hacerle pagar el terrible pecado político de gobernar sin tutelas, desafiando los poderes vicarios que su predecesor le había dejado incrustados en los pliegues de las instituciones autonómicas. La ausencia de un partido nacionalista en el horizonte valenciano y el perfil político del propio presidente regional, comprometido sin ambages con la solidaridad territorial y el concepto de nación española, han permitido sin embargo que el Estatuto que Camps ha llevado a Madrid bajo el brazo se configure como la línea roja a partir de la cuál no será posible el mantenimiento sin ruptura del marco autonómico vigente. No sólo eso: el texto valenciano es de alguna manera el contraejemplo con el que combatir la abracadabrante subasta de competencias y fórmulas financieras en que ha devenido el debate de la reforma estatutaria catalana. Frente al tejemaneje en que andan metidos Maragall, Carod, Montilla, Artur Mas y el propio Zapatero para obtener una solución a gusto de todos en el atolladero al que los ha conducido la confusa deriva maragalliana, ya nadie podrá evitar que la opinión pública compare los resultados del acuerdo tejido en Valencia entre los dos grandes partidos nacionales y el guirigay desquiciado que han provocado los socialistas al enredarse con los nacionalistas e independentistas catalanes. Y del mismo modo será imposible dejar de preguntarse por qué ese consenso sensato no puede y debe volver a producirse en el Congreso cuando llegue la hora de aprobar o rechazar una propuesta de Cataluña que excede, según su propio Consejo Consultivo, todos los límites constitucionales posibles. Muy pocos dudan en este momento en el PSOE de que la mejor solución para el Estatuto catalán sería el descarrilamiento del texto en el propio Parlamento autonómico, una salida que Zapatero parece haber descartado a riesgo de verse obligado a incumplir su propia promesa de aceptar en Madrid lo que proponga Barcelona. La necesidad de sostener a Maragall al frente del tripartito, sin abocarlo a elecciones anticipadas, ha movido al presidente del Gobierno a buscar un mal me- Camps a su llegada al Congreso de los Diputados I. GIL nor a costa de aceptar como problema lo que en su falta de modelo llegó a considerar como una solución global que le iba incluso a despejar el conflictivo horizonte vasco. En su obcecada y confusa inclinación a hacer política nacionalista, con votos españolistas, Maragall ha sembrado de minas no sólo su propio camino, sino el de todo el proceso de reformas que Zapatero consintió en abrir sin conocer cómo podría ser el final de tan peligrosa aventura. En contraste con su colega catalán, el presidente valenciano no es en absoluto un visionario enloquecido dispuesto a obtener para su comunidad un marco cuasi federal al margen de la solidaridad española. Muy al contrario, Francisco Camps es un político con un firme criterio de pertenencia a un proyecto nacional, un hombre moderado, sensato y de gran proyección en la nomenclatura del Partido Popular, hasta el punto de que Mariano Rajoy lo eligió para encabezar la vía alternativa al disparate nacionalista, una vez aceptada la razón de fuerza mayor de que la artificial demanda de reformas estatutarias ha acabado convirtiéndose en una necesidad política por esa clase de incomprensibles razones que vienen alterando el orden lógico de prioridades en la cosa pública. Con el respaldo, no siempre explícito, de Rajoy, Camps ha sorteado un campo de minas- -motín de su propio grupoincluido- -colocadas por su antecesor enla presidencia valenciana, el hoy portavoz parlamentario Eduardo Zaplana. Para ello ha tenido incluso que elevar, mediante consenso con el PSOE, el techo de sus reclamaciones territoriales a fin de obtener una cierta garantía de estabilidad en un Gobierno autonómico cu- Es ese pulso, y no el contenido del proyecto en sí mismo, lo que llevó a Zaplana a planear su descarrilamiento en Madrid con la ayuda de los socialistas Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba y, fracasado el intento por la determinación del propio Rajoy, a renunciar a defenderlo en el Congreso. Tuvo que ser Federico Trillo, un diputado más bien poco zaplanista y últimamente jugoso memorialista de sus azarosos tiempos de ministro de Defensa, el que asumiese esta semana el papel de ponente popular mientras el portavoz titular hacía ostensible su desacuerdo palmeando sus manos sobre el pupitre cuando la gran mayoría del hemiciclo aplaudía el desenlace de la admisión a trámite. Detalles internos al margen, lo cierto es que la apertura de la vía valenciana no sólo ha servido para consolidar a Camps como un indiscutible referente territorial, sino que ha permitido a Rajoy la posibilidad de ofrecer un camino racional y consensuado para situarlo como un espejo ante el imprevisible órdago catalán. Aunque el Gobierno se niegue a concederle el honor de un reconocimiento explícito, todo el mundo sabe ya que la fórmula valenciana es infinitamente más valiosa, serena y razonable que el compulsivo tira y afloja que se traen en Cataluña los aliados nacionalistas de Zapatero. No sólo porque Maragall parezca, en contraste con la sobria discreción de Camps, un gobernante sonado envuelto en la trastornada tesitura de un camino sin retorno, sino por la sencilla razón de que el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales es preferible siempre al desencuentro de los que pretenden deshilachar a dentelladas el proyecto de una España de ciudadanos para sustituirlo por el errático concepto de una nación de naciones. Mucha brillantez política va a necesitar Zapatero para anular el efecto de esa evidencia tan sensible. Sus regates en corto, sus fintas de última hora o sus componendas in extremis con Carod, Mas y sus insaciables huestes sólo contribuyen a realzar el contraste de la sinrazón con la serenidad. Todo el mundo sabe ya que los ciudadanos de Valencia van a obtener, sin alharaca egoísta y sin que nadie dude de su contribución al proyecto nacional, un estatuto de máximos anclado en el respeto al marco solidario de la Constitución. Y esa delgada línea roja que separa el consenso del disenso, la serenidad de la crispación y la integración de la división es la frontera entre lo deseable y lo indeseable, entre el delirio y la cordura, entre el fruto de una política de diálogo y madurez y la semilla de discordia que arrojan los desquiciados orates que juegan siempre, entre ruido y furia, a aprendices de brujos con los demonios de nuestros más tristes fracasos históricos. director abc. es