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ABC SÁBADO 24 9 2005 Nacional 17 Indignación en la familia de Jokin por la salida del centro de sus acosadores Antes sólo iban a dormir; ahora, ni siquiera eso, para facilitar su recuperación b Los familiares del menor que se Moratinos promete devolver a España al condenado a muerte en Filipinas I. ANGUERA BARCELONA. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunció ayer que el Gobierno español remitirá en breve a la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal, una petición de clemencia para el preso español condenado a muerte Francisco Larrañaga. En su primer encuentro con familiares de Larrañaga, Moratinos dio garantías de la preocupación del Ejecutivo por el caso y aseguró que hará todo lo posible para que Paco Larrañaga vuelva a España. El ministro auguró un proceso largo y duro pero aseguró que el Gobierno no teme por la vida de Larrañaga, tras los contactos diplomáticos mantenidos con el Ejecutivo filipino, una vez reciba la petición de clemencia, tres cartas de Su Majestad el Rey, el presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, y el propio Moratinos, dirigidas a Macapagal. El encuentro coincidió con el octavo aniversario del ingreso de Larrañaga en la prisión de New Bilibid. Larrañaga está en el corredor de la muerte a la espera de que el Supremo filipino fije la fecha de la ejecución. Condenado por el asesinato de las hermanas Chiong, Larrañaga defiende su inocencia y ha denunciado ante estamentos filipinos e internacionales la falta de garantías procesales durante el juicio, en el que no se permitió a la defensa presentar a 35 testigos de que Larrañaga se encontraba a 300 kilómetros de Manila cuando se produjo el asesinato. suicidó en Fuenterrabía hace ahora un año por el acoso al que le sometían compañeros de instituto han presentado ya un recurso J. P. SAN SEBASTIÁN. El Juzgado de Menores de San Sebastián ha dejado en suspenso la pena de dos años de internamiento impuesta por la Audiencia de Guipúzcoa a siete de los ochos menores condenados por el acoso al que sometieron a Jokin Ceberio, el joven de 14 años que en septiembre del año pasado se suicidó en Fuenterrabía tras ser objeto de agresiones y mofas por parte de compañeros del instituto. La juez considera que el proceso de reeducación de los condenados debe llevarse a efecto en el ámbito de sus propias familias y no internos en un centro. Este criterio difiere por completo del expresado hace sólo dos meses por la Audiencia. La familia de Jokin califica la decisión de desconcertante y escandalosa y ha presentado un recurso. La resolución permite a los acusados eludir su ingreso en el centro de Zumárraga, donde, conforme al fallo de la Audiencia, siete de los ocho adolescentes debían permanecer en situación de régimen abierto uno de los dos años a los que fueron condenados. Durante los doce primeros meses, los chicos saldrían para acudir a sus respectivos centros educativos y regresarían para pernoctar. El segundo año lo pasarían en libertad vigilada. Flores en la muralla de Fuenterrabía, donde se suicidó Jokin La suspensión de la condena fue solicitada el día 1 de este mes por la defensa. Había transcurrido mes y medio desde que la Audiencia elevara la condena para siete de ellos de 18 meses de libertad vigilada a los dos años de internamiento. El Código Penal contempla la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad en aquellos casos en los que la condena no exceda de los dos años y siempre que sea la primera vez que se haya delinquido. El viernes de la semana pasada, la juez falló a favor de los acusados y dejó en suspenso el internamiento, medida que ha sido sustituida por la de libertad vigilada durante dos años. La juez de menores sustenta en gran ABC medida su decisión en el informe elaborado por el equipo psicosocial judicial que, tras entrevistarse de nuevo con los menores y sus padres, concluyó que las deficiencias y aspectos a mejorar es un trabajo que debe realizarse en el ámbito en el que los adolescentes viven, con la ayuda de su familia, el entorno social y los recursos de la comunidad donde residen. La magistrada afirma que las familias son un marco de contención, que, en general, ha transmitido un mensaje de responsabilización de la conducta de sus hijos, en el sentido de que admitieran su comportamiento negativo y asumieran que esa conducta no se volviera a repetir