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ABC SÁBADO 24 9 2005 11 Peces- Barba destituye a su número dos y a otros cargos del Alto Comisionado en plena crisis con la AVT El juzgado de menores deja en suspenso el internamiento de dos años impuesto a los acosadores de Jokin El Gobierno niega estar negociando en secreto M. M. MADRID. El Gobierno ha hecho de la necesidad virtud. La apuesta de Zapatero por que el Parlamento catalán saque adelante, aunque sea a trancas y barrancas, su reforma estatutaria es irreversible, y pese a los reiterados avisos de que el Estatuto corresponde al ámbito político catalán mientras no salga del Parlamento autónomo, es más que una evidencia que Zapatero se está encargando personalmente de intentar que no termine en la papelera. El Gobierno no especula con porcentajes de éxito o fracaso de la reforma; ni siquiera expone en público un optimismo que algunos de sus miembros sí han recobrado en las últimas horas al percibir cierta inflexión de CiU. El Ejecutivo prefiere la discreción a expensas de que los nacionalistas decidan qué hacer. Y si Zapatero ha alcanzado un acuerdo secreto con Artur Mas, no lo difunde. Teresa Fernández de la Vega confirmó ayer que Zapatero mantuvo el lunes una reunión discreta que no sigilosa con el líder de CiU. Pero no para negociar ni para mediar por detrás o de manera extraña Son sólo conversaciones normales propias de una situación límite. Pero más allá de que el Ejecutivo trate de disimular una equidistancia que no existe, varias expresiones de De la Vega ayer alimentan la sospecha de que el bloqueo de CiU ya no será tal: Habrá momento de hablar cuando el Estatuto llegue a Madrid... quedan pocos días para saberlo, dijo. Menos enigmática anduvo al reafirmarse en que el Gobierno no consentirá un inconstitucional sistema de financiación catalán, similar al cupo vasco. Un informe del CGPJ denuncia que la nueva ley del Poder Judicial pretende dar cobertura al Estatuto catalán Dice que podría ser inconstitucional si bajo una aparente desconcentración del gobierno de los jueces busca adaptarlo al Estado de las Autonomías b El dictamen, que será debatido EFICACIA el lunes en la Comisión de Estudios del CGPJ, sugiere al Ejecutivo que aclare la regulación confusa del reparto de funciones NIEVES COLLI MADRID. El informe que el próximo lunes debatirá la Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte de las dudas de constitucionalidad que podrían pesar sobre la creación por el Gobierno de los Consejos de Justicia autonómicos si el anteproyecto de reforma de la LOPJ (ley Orgánica del Poder Judicial) no corrige la oscura regulación del reparto de competencias entre el propio CGPJ y estos nuevos órganos. También aprecia serias dudas sobre el encaje en la Constitución de los novedosos Juzgados de Proximidad. El dictamen al que ha tenido acceso ABC no es definitivo y podría ser modificado tras su análisis por la Comisión de Estudios, que el lunes también votará el informe referido a la reforma de las competencias del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia. El informe lanza la voz de alarma ante el hecho notorio de que la reforma impulsada por el Gobierno responde a la necesidad legislativa de anticipar en la LOPJ lo que ya ha iniciado el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña y que está explícitamente prohibido por la Constitución Bajo el pretexto de desconcentración del CGPJ mediante la creación de órganos de naturaleza estatal, el Lo que necesita el sistema judicial es una cabal comprensión del principio autonómico y no anteponer los intereses territoriales a la eficacia del sistema ANTICIPARSE AL ESTATUTO La regulación responde a la necesidad de anticipar en la ley del Poder Judicial lo que ya ha iniciado el proyecto de Estatuto catalán Ejecutivo pretendería dar eficacia a los preceptos estatutarios y propiciaría a las Comunidades Autónomas un sucedáneo de Consejo propio El informe recuerda que no existen pegas de constitucionalidad a una desconcentración inspirada por razones de eficacia, pero sí a una reordenación del gobierno del Poder Judicial para adaptarlo al principio autonómico De no modificarse el texto, su redacción actual salvaría las apariencias pero en la práctica conduciría a una autonomización del gobierno del Poder Judicial, algo constitucionalmente vedado El sistema constitucional de gobierno judicial, añade, puede quedar defraudado si los Consejos de Justicia que se proyectan como órganos estatales desconcentrados asumen unas competencias exclusivas y excluyentes, impermeables a la plena tutela y fiscalización del CGPJ Lo mismo ocurre con la incorpora- ción a los Consejos autonómicos de personas ajenas a la judicatura- -habrá miembros elegidos por los parlamentos autonómicos- algo en sí mismo neutro desde el punto de vista constitucional siempre y cuando las funciones en las que intervengan sean de consulta, coordinación, colaboración o cooperación referidas a los intereses propios de las Comunidades Autónomas y no ejecutivas ni de gobierno. El informe sugiere al Gobierno que aclare la regulación confusa del reparto de competencias ya que, de no ser así, el anteproyecto puede deslizar hacia la inconstitucionalidad y recomienda que todas las decisiones de los Consejos autonómicos sean revisables por el CGPJ. No anteponer intereses territoriales Por último, plantea la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de crear estos nuevos órganos desde la contemplación objetiva, serena y prioritaria tanto de las necesidades del Poder Judicial como de los ciudadanos El texto apunta que no serán eficaces y que, por su elevado número y el de sus miembros, complicarán innecesariamente el gobierno de la Justicia Si algo necesita hoy la Justicia como poder, no son precisamente iniciativas inconstitucionales por implicar una incursión de las Comunidades en su núcleo duro irreductible o esencial ni que ese núcleo se reduzca a perfiles mínimos Lo que necesita el sistema judicial es, ante todo, eficacia y una cabal comprensión del principio autonómico y no anteponer los intereses territoriales a la eficacia del sistema