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4 Opinión SÁBADO 24 9 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil FLORENTINO EN LA GALAXIA ELÉCTRICA ORPRESIVAMENTE, y cuando todo apuntaba a otros compradores, el Santander vendió ayer a ACS por 2.219 millones de euros su participación en Unión Fenosa. La constructora mejoró en un par de euros por acción la oferta (ya generosa) de los otros pujantes y se convierte en el primer accionista de la compañía gallega. Entretanto, el banco se hace con unas plusvalías de 1.160 millones y liquida, con la excepción de Cepsa, su cartera industrial. La operación ha causado estupor en un sector ya de por sí en alta tensión tras la opa de Gas Natural sobre Endesa, sensación a la que ha colaborado el que haya llegado un actor hasta ahora inédito en este ámbito. Sobre las motivaciones de la aparición de ACS, el mapa de posibilidades está muy abierto, pues se desconoce si Florentino Pérez actúa por su cuenta y riesgo o se trata de una jugada táctica de mayor envergadura en la que intervendrían otras piezas. Por lo pronto, la irrupción de la compañía en el sector, y la revalorización de Fenosa, trastoca el mercado hasta el punto de que seguramente a Gas Natural le costará más dinero hacerse con el control de Endesa. S EL GOBIERNO QUIERE GASTAR MÁS OBRE el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 aprobado ayer por el Consejo de Ministros planean más datos inquietantes que tranquilizadores. Sobre todo cuando este año las Administraciones públicas conseguirán cerrar el ejercicio con superávit, lo que hay que anotar, seguramente, en la sensatez y habilidad del vicepresidente económico. Pedro Solbes ha sabido tomar el rebufo propicio que traía la economía española en los últimos años y consolidar esa línea al amparo de los más que estimables números que presenta la recaudación de la Seguridad Social, aupados por la regularización masiva de inmigrantes. Pero las cuentas de 2006 son claramente expansivas, ya que el gasto público (131.775,47 millones) crece un 7,6 por ciento, por encima del crecimiento de la economía (que es de un 6,6) El gasto pesará más sobre el PIB. Este incremento es superior al del año pasado (un 6,2 por ciento) y mucho mayor al de las legislaturas gobernadas por el PP, en las que el aumento se situaba en torno al 4 por ciento. Paralelamente, la previsión de ingresos es muy alta (127.935,07 millones de euros) con un incremento de la recaudación por impuestos del 9 por ciento. Es necesario resaltar que esta arquitectura presupuestaria no casa con las líneas generales expuestas por Rodrígue Zapatero en la campaña electoral, en la que se comprometió a no aumentar el peso del gasto público en la economía, ni la presión fiscal. Ni una cosa ni otra se van a cumplir. Justo es celebrar que en el proyecto ayer aprobado se haya actualizado la tarifa del impuesto respecto a la inflación, lo que ahorrará a los contribuyentes algo más de 200 millones de euros. No obstante, sería interesante perfeccionar la mejora actualizando, conforme a la inflación, las deducciones familiares y por rentas del trabajo, porque de otro modo se estará produciendo una subida encubierta del impuesto. Si no se evita este riesgo, la situación impositiva empeorará notablemente, pues a ello hay que añadir que el Gobierno acaba de aprobar una subida de los impuestos por el alcohol y el tabaco, que costará cerca de 600 millones de euros. Entre tanto, las tasas suben un 2 por ciento, unos 59 millones, con lo que la suma final es negati- S va para los contribuyentes, que pagaremos más de lo que nos ahorraremos. Visto lo visto, a Zapatero le está resultando mucho más fácil cumplir promesas electorales de coste económico cero (salida precipitada de las tropas de Irak, ley de matrimonios homosexuales... que cumplir con su palabra (no subir los impuestos) en el terreno económico. Si- -como asegura el presidente del Gobierno- -bajar los impuestos es de izquierdas, habremos de concluir que el presidente tiene un problema de bilocación. Es interesante detenerse en los compromisos de inversiones en Cataluña. El tripartito exige que el porcentaje de inversión se realice en función del peso de la región en el PIB y el Gobierno central, obediente, se ha comprometido a elevar la participación de Cataluña en el PIB del 16 al 18 por ciento. Solbes, haciendo de la necesidad virtud, estima que este criterio es razonable. Parece discutible, pero si se acata sólo existen dos caminos: o exigir el mismo trato en todas las regiones o preguntarse si lo correcto no sería primar a las regiones más pobres con más inversiones e infraestructuras, precisamente para aumentar la convergencia regional. La solidaridad interregional (lo vimos en el trasvase del Ebro) lleva camino de convertirse en una especie en extinción si el Gobierno socialista, urgido por sus alianzas políticas y por sus propias debilidades, se aviene a intentar calmar a sus socios con más y más inversiones, quebrando el principio vertebrador que ha de inspirar cualquier ejercicio presupuestario. El incremento del gasto, en época de superávit, supone inscribir las cuentas públicas para 2006 en los perfiles donde tradicionalmente se ha movido el socialismo y que han supuesto una espiral de la que ha costado mucho salir. Nada ayuda, por ejemplo, a contener la inflación y el déficit exterior, que son las magnitudes que peor funcionan en la economía española y que más la alejan de su homologación con la media europea. Asimismo, esta arquitectura presupuestaria poco o nada ayuda a corregir los desequilibrios que lastran el crecimiento e impiden que esté a salvo ante un hipotético cambio de coyuntura. No se trata de gastar más, sino de hacerlo mejor y de acuerdo con nuestras posibilidades. Florentino Pérez JULIÁN DE DOMINGO LA REORGANIZACIÓN DE PECES- BARBA NA reestructuración interna por razones organizativas y funcionales -que es una manera, como otra cualquiera, de darse una vuelta por el diccionario para no llamar a las cosas por su nombre- -sirvió ayer para destituir a la directora de la oficina de apoyo técnico al Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, número dos de Gregorio Peces- Barba. El organigrama se mueve para desprenderse de Dolores de la Fuente, quien, curiosamente, ha sido una estrecha colaboradora de Mariano Rajoy, con el que llegó a ocupar puestos de responsabilidad en los gobiernos del Partido Popular. El organigrama se mueve, pero siempre por la zona intermedia: sigue, intacto, el enfrentamiento que separa al Alto Comisionado de la mayor parte de las víctimas, un colectivo que nunca manifestó su contrariedad por el papel desempeñado por De la Fuente, sino, precisamente, por quien fue nombrado, con malos resultados, para confortarlas y apoyarlas. Casi todo sigue igual. BENÉVOLA JUEZ U L A eficacia de las penas no depende tanto de su gravedad sino de su infalibilidad, como señaló el penalista e ilustrado español del XVIII Manuel de Lardizábal, quien, probablemente, haría uso de su pensamiento para reprobar la decisión de la juez de Menores de San Sebastián, que ha decidido mandar a su casa a los jóvenes condenados por el acoso escolar y lesiones que empujaron a Jokin C. a quitarse la vida cuando sólo tenía 14 años. Este caso es paradigma de la confusión entre castigo y rehabilitación como fines de las condenas penales. Además, en concreto, es un empecinamiento de la juez, cuya primera sentencia de condena en este caso fue agravada luego por la Audiencia de Guipúzcoa, que aumentó las penas a los acusados para que asumieran la gravedad de su conducta y reprochó expresamente a las familias de éstos su actitud de no aceptar la crueldad de su comportamiento Ahora, la juez ha suspendido el ingreso de los jóvenes condenados en un centro de internamiento, en el que debían permanecer durante un año, considerando que es mejor para ellos estar con sus familias. También para Jokin lo sería. El argumento es preocupante, y por dos razones. La primera, en relación directa con el caso, porque la alternativa al internamiento es devolver a los jóvenes al ambiente familiar, donde está demostrado que fracasó su formación en unos valores humanos básicos. La segunda, como motivo de preocupación general, es que con decisiones así, el sistema penal se suicida, al anularse a sí mismo toda capacidad retributiva y disuasoria y hacer imposible realmente la resocialización de unos jóvenes que no van a experimentar de forma aleccionadora ninguna consecuencia negativa por el comportamiento cruel e inhumano que tuvieron con Jokin. Pésimo mensaje para otros acosadores y sus víctimas, porque la pena que no se cumple es papel mojado. El problema es que la violencia en las aulas se está extendiendo y que no siempre las familias y los centros educativos hacen lo que deben para prevenirla. Es entonces cuando el Estado debe asumir el deber amparar a las víctimas, aplicar las leyes con rigor y hacer cumplir las penas. La alternativa de la juez de San Sebastián es una benevolencia injusta que sólo agrava una situación ya inquietante.