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4 Opinión MIÉRCOLES 21 9 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil AHORRO VITAL NTRE el aluvión de noticias desfavorables que suele deparar el asunto de la sequía, pertinaz hasta en los malos augurios, sólo una parece capaz de aportar algo de consuelo en un asunto tan trascendental. Parece que los españoles tomamos conciencia de que, ante la ausencia de lluvias, es vital el ahorrar agua. En el verano que ahora termina se han consumido mil hectómetros cúbicos menos que en el mismo periodo del año pasado, una cantidad que supone el 2 por ciento del agua embalsada y que, para ser más ilustrativos, es equivalente al consumo anual de la Comunidad de Madrid. Aunque los embalses siguen por encima de la barrera psicológica del 40 por ciento, y ante la modesta previsión de precipitaciones para el otoño, resulta esencial perseverar en un consumo responsable y ajustado a la precariedad del momento. E LA VÍA VALENCIANA ANTO se ha desquiciado en Cataluña el debate sobre la reforma de los Estatutos, y tal es la erosión a la Constitución que allí se está preparando, que una reforma de máximos como la presentada por las Cortes valencianas- -que ayer tomó en consideración el Congreso- -aparece como especialmente benéfica. Y así lo es por dos razones: primero, porque, aunque apura los límites constitucionales, no los supera; y segundo, porque se levanta sobre las bases del consenso. El acuerdo previo alcanzado por el PP y el PSOE en origen hacía seguro el tránsito del entendimiento a sus respectivas organizaciones nacionales, lo que es compatible con la paradoja que este pacto supone para populares y socialistas. Para el PP, porque al comienzo de legislatura acogió con justificados recelos la propuesta de reformas estatutarias que Rodríguez Zapatero lanzó sin saber muy bien cuáles eran los objetivos finales ni los límites constitucionales. Para el PSOE, porque el éxito de su pretensión de remodelar el Estado a golpe de reforma estatutaria estaba confiado al acuerdo con socios nacionalistas y de extrema izquierda. Pero lo que ha sucedido es que el PP ha liderado la primera reforma de acuerdo con el PSOE y que los socialistas han vuelto a coincidir con el PP y no con sus socios- -ERC e IU- -en una cuestión de Estado. La toma en consideración del proyecto inauguró el proceso político de reformas territoriales, que, por más que sea loable el acuerdo entre el PP y el PSOE, en buena parte es un proceso forzado para dar cobertura al programa del tripartito catalán. La reforma catalana ha desenfocado la valoración objetiva de la necesidad de revisar el bloque estatutario, y lo ha hecho con dos graves riesgos. Por un lado, el de llevar al resto de comunidades a una puja creciente por competencias y definiciones identitarias, alimentada por el deseo de no quedarse atrás. Por otro lado, el de hacer creer que, por debajo del listón situado por el tripartito catalán, toda propuesta tiene garantizada una constitucionalidad de origen. La principal virtud del proyecto- -pilotado con brillantez y oportunidad por el presidente autonómico, Francisco Camps- -que han presentado las Cortes valencianas es haber sorteado ambos riesgos, gracias, sobre todo, a que la iniciativa está en manos de los dos principales partidos na- T cionales, sin interferencias de nacionalismos radicales. Pero también a que la propuesta de reforma hace una reivindicación del autogobierno valenciano sobre la base de la Constitución de 1978 y la unidad de la Nación española, insertadas en el núcleo duro del futuro Estatuto de la Comunidad Valenciana. A partir de esas premisas, el texto no está exento de una segunda mano de constitucionalidad por parte del PP y el PSOE en el Congreso de los Diputados, porque realmente no se trata de una reforma de mínimos, sino de máximos, claro que despojados de cualquier pretensión soberanista, aspecto que Camps ha sabido eludir haciendo gala de un gratificante y elogiable sentido de Estado, no demasiado común en los tiempos que corren. La apelación a la foralidad histórica del Reino de Valencia o la llamada cláusula Camps -consistente en reservar a la comunidad un mayor techo competencial si otra autonomía accede a él en el futuro, algo así como pasar de aquel café para todos de la Transición al café con croasán para todos -merecen una atención específica de ambos partidos, porque demuestran que no nos hallamos ante un simple lavado de cara, sino ante un desarrollo cualitativo de la autonomía valenciana, que se instala dentro de la Constitución, pero apurando sus límites. El acuerdo debe garantizar que la letra y la ponencia política del futuro Estatuto valenciano no se aparten de los principios en que se ha basado el amplio consenso inicial y, por supuesto, ha de mantenerse a lo largo de su tramitación parlamentaria, sin ser hipotecado por el desarrollo de otras reformas mucho peor encarriladas. Es una lástima que el presidente del Gobierno no haya sido consciente de la trascendencia de este acuerdo con el PP y delegara en la vicepresidenta primera para que expusiera la posición del Ejecutivo ante el Pleno del Congreso. Su no intervención en el debate no se corresponde con la importancia que dio personalmente a las reformas estatutarias, ni con el valor que reconoce al diálogo y al pacto con el resto de las formaciones políticas. Sus breves palabras, ya en los pasillos de la Cámara, fueron insuficientes y no estuvieron a la altura de la importancia de la sesión. El acuerdo con el PP en las grandes cuestiones de Estado, aunque se lo prohíba el programa de gobierno firmado con ERC, es lo que prefiere la mayoría de los ciudadanos. Florentino Pérez JULIÁN DE DOMINGO SENTIDO COMÚN L Real Madrid no terminó la jugada que había planificado en su departamento jurídico tras el polémico partido del pasado domingo contra el Español y, finalmente, ayer decidió no impugnar el encuentro. Pese a las deficiencias del sistema arbitral- -donde errores de enormes dimensiones quedan sin castigo y generan graves trastornos para sociedades que, cada fin de semana, se juegan cifras millonarias, y a los errores reiteradamente cometidos contra el equipo blanco desde que éste apoyó al candidato alternativo a Villar para presidir la RFEF- Florentino Pérez echó mano del sentido común para evitar que un proceso llevase a su club a disputar tres puntos en los despachos, muy lejos del terreno de juego, donde el equipo ha demostrado su categoría para aceptar decisiones tan arbitrarias como un gol suspendido en el vacío. E ETA SIN TREGUA AMPOCO en el último comunicado de ETA hay mención alguna a la tregua que debería explicar muchas de las incógnitas que se ciernen sobre la actitud del Gobierno y, especialmente, de su presidente, ante el fin de la violencia terrorista. Los etarras han hecho el comunicado habitual, con el correspondiente reconocimiento de autoría por los últimos atentados. En todo caso, la única particularidad de la declaración publicada ayer por Gara es la reaparición de una siniestra sensibilidad ecologista de los terroristas, centrada ahora en la central térmica de Boroa, en Zornoza, contra la cual hicieron estallar cuatro bombas el pasado mes de julio. ETA reaparece en su versión medioambiental, como en los tiempos de la central de Lemóniz y la autovía de Leizarán, dos obras manipuladas por el asesinato y el chantaje, dos claudicaciones que nada sirvieron para apaciguar a los terroristas. El apego de los terroristas por la sostenibilidad del paisaje vasco nunca ha distinguido muy bien entre industrias contaminantes, carreteras T agresivas y constitucionalistas resistentes. Sin embargo, ésta no parece ser la ETA que se halla en ese proceso de paz que gestiona directamente el jefe del Ejecutivo. La banda juega con el Gobierno a una especie de guerra de nervios, utilizando a su favor las señales que, inconvenientemente y bajo cuerda, lanzó Rodríguez Zapatero al llevar al Congreso el polémico acuerdo favorable a una negociación, sin que ni ahora ni entonces- -como ayer mismo reconocía el propio ministro del Interior- -se hayan observado datos objetivos de que los etarras estén dispuestos a dejar las armas. Esa estrategia, seguramente bienintencionada, les ha permitido a los terrorista tomar el control de los tiempos. Desde que se abrió esta supuesta nueva etapa todos los mensajes emitidos demuestran que ETA tiene bastantes menos prisas que el Gobierno en llegar a otro escenario. Ahí reside el principal y más grave error de un Zapatero que puso el carro delante de los bueyes y al que la banda se lo recuerda en cada comunicado. MINISTRO PILLADO CUDIÓ el ministro de Defensa a un acto en el que dijo a Duran i Lleida que el término nación queda para la poesía Inmediatamente, el portavoz de CiU le contestó que él es ministro gracias a esos poetas de ERC e IC Apabullante verdad, pues son los grupos favorables a la independencia los que sostienen a Zapatero y, por ende, al gabinete de Bono. Así lo reconoció el responsable de Defensa, que no tuvo más remedio que admitir: Ahí me has pillado En política, hasta la lírica ha de tener un fondo de coherencia, y cuando no es así se corre el riesgo de que cualquiera- -y más si es alguien con la finura de Duran- -le deje a la intemperie sus contradicciones. A