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ABC MIÉRCOLES 21 9 2005 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC LA HORA DE LA EFICIENCIA POR MIKEL BUESA CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Los grupos de presión académicos han luchado con éxito para obtener la mayor porción del pastel de los recursos estatales, de manera que ha quedado poco dinero para promover las actividades tecnológicas e innovadoras en las empresas... NTRE las novedades presupuestarias anunciadas por el Gobierno para el año próximo, la vicepresidenta Fernández de la Vega ha querido dar un especial relieve a la que alude al fuerte crecimiento- -más del 28 por ciento- -de los recursos asignados a los programas de financiación pública de la investigación, el desarrollo y la innovación; es decir, a lo que conocemos como I+ D y que se identifica con el cultivo de la ciencia y la tecnología, y con sus aplicaciones a la producción de bienes y servicios. Ese incremento del gasto estatal en I+ D es relevante y, teniendo en cuenta sus efectos sobre el gasto privado, puede dar lugar, si mis cálculos son acertados, a una progresión de dos o tres décimas en el porcentaje del PIB que España dedica a las actividades de creación de conocimiento, de manera que de situarnos en un poco más de la mitad de la media de la Unión Europea en ese indicador podemos pasar a alrededor de dos tercios de ese promedio. Ello es, por sí mismo, un elemento positivo, pues, como ya destacó tempranamente, en 1911, el gran economista Joseph A. Schumpeter, la innovación constituye el fundamento del desarrollo económico al inducir las mutaciones que revolucionan incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos E miento actual, pese al incremento presupuestario, el Gobierno vaya a incidir decisivamente para corregir este aspecto. Por otra parte, esos mismos lobbies académicos han influido para que se haya producido una cierta hipertrofia del papel de los organismos públicos de investigación. Desde la perspectiva de la eficiencia, con la excepción de unos pocos campos de investigación que aparecen estrechamente vinculados con la producción de bienes y servicios, como la agricultura, la biomedicina, la meteorología o la aeronáutica, es poco aconsejable constituir unidades de I+ D de naturaleza administrativa, y resulta preferible dejar el cultivo de las diferentes disciplinas en manos de las universidades. Ello es así porque, en dichos organismos, existe un problema de incentivos al trabajo de los investigadores, al no depender los recursos de que disponen de su rendimiento; pero no ocurre lo mismo en las universidades, donde la financiación de la docencia se diferencia de la que corresponde a la investigación y ésta puede depender del grado de excelencia de los profesores. que se consideran con futuro- -olvidando que el carácter radicalmente incierto de los descubrimientos hace que, como expresó el prestigioso editor de Nature, John Maddox, lo más apasionante de los próximos años surgirá de las respuestas a preguntas que aún no podemos plantearnos porque no sabemos lo suficiente sigue por la convocatoria de ofertas en esos campos y acaba en la selección de los proyectos que han sido evaluados positivamente por expertos seleccionados por los gestores. La libertad de investigación se condiciona así al interés de los planificadores y la excelencia científica deja de ser la guía esencial de la asignación de recursos, lo que redunda en una pérdida de eficiencia que podría ser fácilmente subsanada con el empleo de sistemas de valoración de los investigadores basados en indicadores objetivos. Y, por lo que concierne a las políticas de incentivos a la innovación en las empresas, también se aprecia la influencia del lobby que reúne a las de mayor dimensión. El interés de éstas se ha plasmado en el funcionamiento de un sistema de incentivos fiscales altamente burocratizado, asociado a los informes que, para cada caso, emiten con notable retraso los funcionarios del Ministerio de Industria, y que es prácticamente inaccesible para las empresas pequeñas. Éstas, a su vez, se han visto marginadas también en la distribución de subvenciones o en la concesión de créditos en condiciones privilegiadas, debido a que su patrón de innovación difícilmente se ajusta a los criterios y prioridades que orientan las decisiones de los gestores de la política tecnológica. Y la consecuencia no es otra que la enorme dificultad que, año tras año, se constata para que surjan nuevas empresas innovadoras, lo que una vez más redunda en el bajo nivel de eficiencia de nuestro sistema científico y tecnológico. ¿Corregirá la nueva política gubernamental estos problemas? A la luz de los documentos que ha avanzado la actual Administración, mucho me temo que no. Los estudios realizados en los últimos años sobre los sistemas de innovación han destacado que éstos se configuran de formas muy variadas y que, entre ellos, existen sólo unos pocos de gran pujanza innovadora. Tales casos, entre los que no se encuentra el de España, no sólo se caracterizan por realizar un importante esfuerzo para dedicar recursos a la investigación, sino también por alcanzar un alto nivel de productividad en las actividades correspondientes. Son, por tanto, sistemas fuertes y eficientes. En su espejo deberían mirarse los responsables de la política de I+ D, haciendo que los investigadores académicos y empresariales no sólo dispongan de unos mayores recursos, sino también de una mayor libertad para orientar su trabajo hacia los horizontes inesperados en los que siempre acaba anidando la frontera del conocimiento, sin el temor a que sean los estorbos administrativos- -y no los criterios de excelencia- -los que puedan excluirles del reparto de la financiación pública. Pues bien, en nuestro caso, del total de los fondos que el Estado destina específicamente a la investigación científica, aproximadamente uno de cada cuatro euros se asigna a las universidades- -donde la productividad es más elevada- -y tres a los organismos públicos de investigación- -donde la productividad es más baja- Y otra vez hay que decir que no parece estar en los planes del Gobierno la corrección de esta ineficiencia institucional. A lo anterior hay que añadir que los grupos académicos de presión también han logrado capturar la gestión de la financiación pública para, a partir de ahí, orientarla en beneficio de su particular provecho. El procedimiento parte de una planificación en la que se designan los campos científicos Sin embargo, la valoración de esta novedad presupuestaria no puede detenerse en la consideración global de la importancia de los recursos utilizados por el Gobierno. Ha de tenerse en cuenta también la manera de gestionar esos recursos y, en particular, si su asignación conduce a mejorar la eficiencia del sistema de innovación y, por tanto, a aumentar el rendimiento que se saca de ellos. Es preciso recordar, a este respecto, que, según destacó hace casi medio siglo el premio Nobel de Economía Kenneth Arrow, en dicho sistema existen fuertes fallos de mercado y, por ello, las intervenciones gubernamentales acaban modelando la asignación de recursos. Tales intervenciones son inevitables para hacer progresar la ciencia y la tecnología, pero ello no significa que todas las decisiones burocráticas sean válidas y, menos aún, que los procesos que conducen a éstas no puedan verse sometidos a severos fallos del Gobierno -en particular, bajo la presión de los lobbies académicos y empresariales- -cuyas consecuencias son perniciosas para la eficiencia. En España, tales fallos del Gobierno han sido una constante desde que, en los años ochenta, se sistematizó la planificación de la ciencia y la tecnología. Los grupos de presión académicos han luchado con éxito para obtener la mayor porción del pastel de los recursos estatales- -y también los de las comunidades autónomas- de manera que ha quedado poco dinero para promover las actividades tecnológicas e innovadoras en las empresas. Ello ha hecho que nuestro sistema nacional de innovación adolezca de un insuficiente desarrollo del sector privado; y no parece que con su plantea-