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ABC SÁBADO 17 9 2005 Sociedad 43 Multas de hasta un millón de euros por discriminar a los discapacitados ABC MADRID. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley que penará con multas de entre 301 y un millón de euros a las empresas y personas que discriminen a personas con problemas de discapacidad. El anteproyecto, apoyado tanto por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) como por el Consejo Nacional de la Discapacidad, será enviado al Consejo de Estado para su posterior remisión a las Cortes. En rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, incidió en la necesidad de establecer un régimen de infracciones y sanciones para aquellos que vulneren la ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad, aprobada hace dos años. En virtud del anteproyecto, se considerarán infracciones administrativas las vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas. También se penarán los acosos e incumplimientos de las exigencias de accesibilidad. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, recalcó que la norma garantizará los derechos de ciudadanía y advirtió que la discapacidad sólo es una condición física y no una barrera para alcanzar la plena ciudadanía Cuando entre en vigor esta norma- -señaló Caldera- -cualquier ciudadano discapacitado que vea vulnerados sus derechos podrá recurrir a la Administración para exigir el cumplimiento de la norma que castigará con sanciones muy elevadas el incumplimiento de las obligaciones legales o la agresión Un periodista sordo formuló ayer una pregunta a Jesús Caldera utilizando la lengua de signos ÁNGEL DE ANTONIO El Gobierno facilitará el uso de la lengua de signos en todos los ámbitos públicos La Confederación de Sordos califica de logro histórico la aprobación de la ley b El Ejecutivo decide la creación del Centro de Normalización de la Lengua de Signos y el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción J. B. MADRID. El Gobierno acordó ayer enviar al Consejo de Estado, con carácter previo a su remisión a las Cortes, el anteproyecto de ley mediante el cual se reconocerá legalmente en nuestro país la lengua de signos española y catalana, una reivindicación histórica para el millón de sordos (y sus familias) que viven en España. El anteproyecto recoge una serie de medidas que permitirán el conocimiento, aprendizaje y uso de esta lengua en todos los ámbitos de la vida pública (educación, justicia, sanidad y transportes, entre ellos) así como los medios de apoyo a la comunicación. Del mismo modo se procederá a la creación del Centro de Normalización de la Lengua de Signos y el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, con la finalidad de investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la subtitulación y audiodescripción como medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas según reza el texto de la futura normativa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, valoró la impor- tancia de esta normativa, que situará a España a la vanguardia mundial en esta materia, junto a otros países de la UE, como Finlandia o Francia Por su parte, Caldera manifestó su esperanza de que en poco tiempo se pueda garantizar el subtitulado inmediato en los productos audiovisuales Repercusiones positivas Desde la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) su presidente, Luis Cañón, calificó de logro histórico la futura ley. En su opinión, el reconocimiento de la lengua de signos traerá consigo innumerables repercusiones positivas para la comunidad sorda, y sus efectos podrán notarse en todos los ámbitos de la vida pública. Estamos ante un texto legal que ha sido diseñado por y para las personas afectadas Finalmente, la Confederación Española de Padres y Amigos de Sordos (Fiapas) expresó su satisfacción por el anteproyecto. Su directora ejecutiva, Carmen Jaudenes, destacó cómo por primera vez se aborda el tema de forma integral, subrayando que en el entorno europeo no hay ningún precedente que trate de forma tan global las necesidades de las personas con discapacidad auditiva como las considera esta ley. Un juez obliga a los médicos a informar a los padres sobre los abortos que se practiquen a sus hijas J. GUIL BARCELONA. Un juzgado de Barcelona ha suspendido cautelarmente dos artículos del código deontológico del Consejo de Médicos de Cataluña, en vigor desde abril de 2005, porque considera que no garantizan el derecho de los padres o tutores a conocer los detalles del tratamiento médico dispensado a sus hijos menores de edad en casos como la posibilidad de que decidan abortar o contraigan enfermedades graves. Un auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 12 de Barcelona estima la petición de 112 médicos que habían solicitado la suspensión cautelar de dos artículos de dicho código, contra los que han recurrido. Los artículos son el 33, que establece que el médico, en caso de tratar a un paciente menor de edad, tendrá que respetar la confidencialidad respecto a los padres y tutores, y la voluntad del menor si lo considera suficientemente maduro. El otro es el 59, que permite a los médicos practicar abortos o esterilizaciones a los meno- res con suficiente madurez sin el consentimiento de los padres. El magistrado argumenta que estos dos artículos, que impiden a los padres tener información médica de sus hijos en casos concretos, son contrarias a diversas leyes. Esta falta de información provoca que los padres no puedan velar por sus hijos como impone el artículo 154 del Código Civil Los artículos son de una ilegalidad flagrante dijo a ABC el abogado de la parte demandante, quien aseguró que la ley estatal 41 2002 establece la obligatoriedad del médico de informar a los padres en el caso de que se deban llevar a cabo actuaciones que conlleven un grave riesgo para el paciente menor, así como en casos de aborto, esterilización o aplicación de técnicas de reproducción asistida.