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4 Opinión SÁBADO 17 9 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ALTA TENSIÓN EN LA OPA L POLÍTICA DE RUPTURA L Gobierno socialista ha excluido al Partido Popular del acuerdo sobre otra materia relevante para el Estado. En este caso ha sido la Defensa nacional. La ley de Defensa ha salido adelante en el Congreso de los Diputados por el pacto del PSOE con los grupos minoritarios. El dato es revelador: el Grupo Socialista admitió a Esquerra Republicana de Catalunya el 66 por ciento de sus enmiendas, y a Izquierda Unida, el 56 por ciento. Al PP, sólo una. El motivo formal del desacuerdo es la autorización preceptiva de Naciones Unidas a las intervenciones militares en el extranjero. Se trata de una ruptura provocada por el Gobierno, porque el pacto previo con el PP disponía que tales intervenciones debían estar amparadas o conformes con las resoluciones de la ONU. Basta recordar que en 1999 el PSOE votó en el Congreso a favor de la intervención militar de la OTAN contra Serbia con motivo de la limpieza étnica en Kosovo, a pesar de que los bombardeos aliados nunca tuvieron el respaldo de Naciones Unidas. Si entonces se hubiera aplicado este criterio, España, en aras de la legalidad internacional, habría permanecido impasible ante el último genocidio europeo. Y esto es lo que puede suceder en cualquier momento, tal y como se encuentra internamente la ONU. El argumento socialista de que el PP pretende una convalidación sobrevenida de la guerra en Irak carece de razón, porque el propio Consejo de Seguridad amparó en junio del pasado año la intervención aliada, con el voto, por cierto, del Gobierno del PSOE. Por tanto, la apasionada defensa de la legalidad internacional que ahora exhibe el Gobierno en la aprobación de la ley de Defensa ha sido una excusa para hacer imposible el acuerdo con el PP en una materia que se había mantenido siempre en el rango de pacto de Estado. Y ya no es un hecho aislado. La puntualidad con la que el PSOE acude a sus citas con los grupos nacionalistas y de extrema izquierda se ha consolidado como una política deliberada de ruptura con el Partido Popular, que avanza de forma inexorable a otros ámbitos políticos no menos importantes que el de la Defensa nacional, como la reforma de la Justicia, el nuevo sistema educativo, la política antiterrorista o el modelo de Esta- E do. Exactamente lo que ERC y el Partido Socialista de Cataluña acordaron: que no hubiera pactos con el PP ni en Madrid ni en Cataluña. La política parlamentaria admite, como es lógico, que el Gobierno y la oposición defiendan sus posiciones con tensión y enfrentamiento, pero existen límites coincidentes con los intereses superiores del Estado que no pueden ni deben estar sometidos a las alteraciones que provocan las elecciones, porque de ellos dependen la estabilidad del sistema institucional y la confianza de los ciudadanos en el propio juego de la alternancia política. El Gobierno socialista, sin embargo, se aplica con rigor a una política de pactos con fuerzas que no ofrecen al país propuestas beneficiosas para el interés general o directamente las que proponen atentan contra este interés. La doblez del lenguaje, la oferta engañosa de diálogo o la apelación a un consenso que se aborta antes de nacer son prácticas que el Gobierno está instaurando como normales pese a la gravedad de sus consecuencias. Y además lo hace con una llamativa falta de pudor, que es la que ha permitido que el Ejecutivo se apoye sin inmutarse en el grupo de su denostado Carod- Rovira, quien no es precisamente un teórico de la Defensa- -con mayúscula y minúscula- -de España. El PSOE gobierna como si tuviera mayoría absoluta y hace concesiones a quienes son grupos netamente minoritarios, aunque su influencia sobre la acción del Ejecutivo sea desproporcionadamente alta respecto de su representación parlamentaria. El problema que plantea esta forma de hacer política es de fondo, porque está cuajando en leyes, algunas muy decisivas para el sistema político, que reflejan una estrategia muy clara de arrinconamiento del PP y, por tanto, de división interna de la sociedad sobre asuntos que, después de aprobadas y publicadas, seguirán fuera de un acuerdo político mínimo. Zapatero parece haber extraviado definitivamente el espíritu pactista que exhibió en sus tiempos de oposición, en los que llegó a acuerdos importantes con el Gobierno del PP. La cicatería que ahora demuestra en este apartado invita bastante al pesimismo y deja el talante y la legislatura del diálogo en el almacén de las palabras vacías y de la simple propaganda. A opa de Gas Natural sobre Endesa va elevando sus grados de tensión. Ayer se produjo un cruce de declaraciones entre el presidente de la eléctrica, Manuel Pizarro, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe, que no contribuye precisamente a aportar el sosiego necesario que exige la situación. El asunto ya ha alcanzado la órbita de los tribunales después de que Endesa haya presentado un recurso en la Audiencia contra el requerimiento de la CNMV para no entorpecer la opa. Y todo tiene las trazas de ir a peor. La importancia de la operación, que afecta a un sector estratégico del país, requiere que se eche mano más de los argumentos, sin apear debate alguno sobre todos los vértices de este complicado asunto (desde la salvaguarda de la competencia hasta el papel de las Cajas) Pese al marco legal que establece la ley de opas, Endesa tiene derecho a defenderse, a que se despejen las dudas razonables sobre la politización de la operación y a exigir la neutralidad del Gobierno. Pero al margen de puestas en escena y tonos retóricos, los mercados y el sistema precisan de aguas más serenas y de la contundencia que aportan las razones. Manuel Pizarro CHEMA BARROSO LA CARTA DEL MINISTRO CONCESIONES EN LA RED E E L organismo que regula los dominios de internet, el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ha aprobado la creación del dominio cat que podrá ser usado desde enero por la comunidad lingüística y cultural catalana La aquiescencia del Gobierno español ha resultado vital para la aprobación, lo que supone una nueva concesión al tripartito catalán, que afecta en este caso a un ámbito particularmente sensible desde el punto de vistasimbólico y cultural. No hay más que detenerse en observar el alborozo de ERC y la inmediata reacción de otros partidos nacionalistas, que ya han solicitado al Gobierno que promueva un dominio propio de internet para esas comunidades. Abierto el melón, existe el riesgo de que aparezcan, y no sólo para el ámbito lingüísitco y cultural, más y más dominios autonómicos. En plena etapa final de la negociación estatutaria, Zapatero se muestra cada vez más obsequioso ante las exigencias de sus socios; así, esta misma semana se aprobó en el Congreso la ley que permite desmembrar el archivo de Salamanca. Internet es instrumento primordial para la difusión de la información en el mundo globalizado. Por ello, la imagen de España como nación soberana se resiente con decisiones de este tipo. Mientras otros países potencian en todos los niveles su presencia en la red, parece que se ha abierto entre nosotros una versión nueva del café para todos adaptada a la sociedad del conocimiento. Según la teoría actual de las relaciones internacionales, el llamado poder blando es una fuente de prestigio e influencia, en especial para los países de nivel medio y medioalto. Es bien sabido que la lengua española es uno de nuestros grandes activos y debe ser una prioridad en la política cultural del Estado. La experiencia en otras materias hace fácil adivinar que la Generalitat va a utilizar sus nuevas facultades para ofrecer una imagen localista, con escasas o nulas referencias a la nación española en su conjunto. Por esta vía, no es disparatado suponer que el Gobierno se mostrará sensible a la reivindicación de selecciones deportivas autonómicas en competiciones oficiales. Son consecuencias del reconocimiento apresurado de la condición de nación que Zapatero ha admitido con ligereza y que se va a plasmar en el nuevo estatuto. Internet, expresión tecnológica del universo globalizado e instrumento que utilizan cada día millones de personas en todo el mundo, no debería ser empleado para satisfacer aspiraciones particularistas. L ministro de Defensa ha escrito a los militares una carta en la que les comunica personalmente la subida de sueldo aprobada en el Consejo de Ministros. Es difícil no encontrar un aroma ventajista en esta iniciativa epistolar de José Bono, pues el texto destila algo más que la simple información- -de la que todos los profesionales seguramente ya tienen noticia desde hace tiempo- -para inmiscuirse en terrenos de la autopropaganda del abajo firmante. Seguramente, los militares españoles no recibirán de su ministro una carta en la que se les informe de otras decisiones del Consejo de Ministros. Ayer mismo, se pudo enviar una misiva similar para anunciarles, por ejemplo, que el Gobierno les ha subido también a los miembros de los Ejércitos algunos impuestos especiales. La justa y necesaria subida de esos salarios, que el ministro ha sabido sacar adelante, no precisa de este despliegue retórico ni de esos personalismos. Ni encaja con las feroces críticas del PSOE cuando el Gobierno del PP explicaba por carta las subidas de pensiones.