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28 Internacional VIERNES 16 9 2005 ABC Detenidos en el Reino Unido siete presuntos terroristas b Algunos de los encarcelados, de El Supremo israelí derriba a golpes jurídicos parte del muro de Cisjordania Los jueces consideran ilegal el trazado que aísla a cinco aldeas palestinas b La Justicia hebrea respalda, sin nacionalidad argelina, han sido acusados de intentar extender una sustancia venenosa entre la población, y fueron juzgados ya en abril E. J. BLASCO. CORRESPONSAL LONDRES. Las autoridades británicas detuvieron ayer a siete extranjeros, seis en Londres y uno en Manchester, que podrían ser expulsados del país por amenaza a la seguridad nacional, de acuerdo con las nuevas medidas introducidas tras los atentados terroristas de julio. Aunque el Ministerio de Interior no ofreció más detalles, la BBC aseguró que se trata de argelinos, algunos de ellos vinculados con una trama para extender una sustancia venenosa entre la población asunto ya juzgado en abril. Se trata de la segunda redada contra extranjeros relacionados con el radicalismo islámico llevada a cabo por las autoridades del Reino Unido desde las bombas del 7 de julio y los atentados fallidos del 21 de ese mismo mes. En agosto fueron detenidas 10 personas por amenaza a la seguridad nacional, entre ellas el clérigo jordano Abu Qutada. En ambos casos, el ministro de Interior, Charles Clarke, ha invocado la ley de Inmigración de 1971, que le permite detener a extranjeros para su posible deportación sin necesidad de acusarles, y que recientemente ha sido reformada para incluir a personas que inciten al terrorismo. La redada de ayer se realizó en domicilios particulares y los detenidos fueron trasladados a prisión sin cargos criminales. La operación fue llevada a cabo por los servicios de inmigración, con el apoyo de las Policías de Londres y Manchester. embargo, la construcción de la valla en territorio ajeno por seguridad y critica a La Haya por obviar el terrorismo contra Israel JUAN CIERCO. CORRESPONSAL JERUSALÉN. El muro, o valla, o barrera, o verja, o alambrada, poco importa, en los alrededores de Alfei Menashe, asentamiento judío cercano a Qalquilia, es ilegal por no tener en cuenta los intereses de los casi mil palestinos que viven en cinco aldeas colindantes. Pero el muro israelí en Cisjordania es legal, en contra de lo que sentenció hace más de un año el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, porque un país, incluso ocupante, tiene el derecho, el deber, la obligación de defender a sus ciudadanos, aunque sean colonos y aunque la valla, el muro, la barrera, la verja, la alambrada, poco importa, se levante en un territorio ajeno. Aunque no parezca muy lógico el razonamiento jurídico, ilegal en un puñado de kilómetros, donde se daña a unos Una niña camina junto al muro REUTERS Terrorismo biológico El grupo estaría vinculado con el supuesto intento de elaborar una sustancia venenosa a partir del ricino para extenderla en algún lugar público del Reino Unido. En el juicio celebrado en abril, el argelino Kamel Bourgass fue condenado a 17 años, pero otras ocho personas fueron dejadas en libertad al no reunirse suficientes pruebas. Algunas de ellas habrían sido encarceladas nuevamente ahora. Las detenciones de ayer se produjeron horas antes de que Clarke presentara las nuevas medidas antiterroristas que el Gobierno desea consensuar con la oposición. La más notoria se refiere a la prolongación del tiempo en que la Policía puede retener a una persona sin acusarla formalmente. El Gobierno desea ampliar el plazo de 14 días a tres meses para dar más tiempo a reunir pruebas que puedan sostener una acusación ante los tribunales. mil palestinos; legal en más de 600 kilómetros, donde se daña a centenares de miles de palestinos, las conclusiones son del mismo órgano judicial, el Tribunal Supremo de Israel, que ayer sentó jurisprudencia sobre la materia aunque muchos abogados pensaran, ante tan flagrantes contradicciones, que, visto lo visto, casi mejor quedarse de pie. De hecho, las reacciones conocidas después de una sentencia que es novedosa porque obliga a derribar la parte del muro, la valla, la verja, la barrera, la alambrada, poco importa, ya construida (en junio pasado el mismo Tribunal obligó a cambiar el trazado de unos 40 kilómetros de muro al norte de Jerusalén pero entonces aún no se había erigido en esa zona) han sido tan contradictorias como la sentencia. Los abogados de la Asociación de Derechos Civiles de Israel, que interpusieron en su día la demanda, se mostraron satisfechos, no sólo por los mil palestinos que ven reconocidos sus derechos, sino por los muchos más que han interpuesto acciones jurídicas parecidas y pueden beneficiarse en el futuro de este precedente. Sin embargo, más satisfecho todavía se mostró el Gobierno hebreo a través de su número tres, aunque dos, Ehud Olmert, quien insistió, no sin parte de razón, que lo importante de la sentencia del Supremo no era tanto la cuestión de Alfei Menashe (que puede ser corregida a golpe de excavadora y no rompe la estrategia oficial de sentenciar con hechos consumados el futuro de las fronteras demográficas de la región) sino la decisión de fondo de dar por buena, desde el punto de vista jurídico, la legalidad del muro en su conjunto, haciendo caso omiso, una vez más en la única democracia de Oriente Próximo, de la justicia y las resoluciones internacionales. Y Ariel Sharón, la estrella invitada en la ONU. La Justicia española En este sentido, cabe recordar que hace una semana una delegación de juristas y catedráticos españoles, entre los que encontramos magistrados del Tribunal Supremo, manifestó estar atónita ante los argumentos jurídicos utilizados por el presidente del Alto Tribunal israelí, Aharon Barak, para justificar la construcción del muro en Cisjordania. Argumentos prácticamente idénticos a los esgrimidos en la unánime sentencia de ayer. Argumentos ante los que algunos de los miembros de la delegación, como el magistrado del Supremo, José Antonio Martín Pallín, no pudieron más que notificar que en Israel no hay división de poderes; el poder civil está subordinado a las decisiones militares y la estrategia judicial pasa por cambiar el trazado del muro para legitimarlo ante la comunidad internacional