ABC MADRID 16-09-2005 página 6

6 Opinión VIERNES 16 9 2005 ABC AD LIBITUM TRIBUNA ABIERTA JUAN E. IRANZO MARTÍN DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS EN EL ARRANQUE DEL CURSO ESPUÉS de verificar el dato en los archivos más solventes, estoy en disposición de asegurar que María Jesús San Segundo sigue siendo la titular del Ministerio de Educación. Las razones por las que continúa en el cargo ya son más difíciles de explicar y sólo corresponden a José Luis Rodríguez Zapatero, entregado en estos momentos a las sesiones de espiritismo político que suele organizar la ONU para disimular su ineficacia crónica y evidenciar su capacidad para mantener en la Secretaría General a personajes tan poco dudosos- -su caso emana certezas- -como Kofi Annan; el hombre que asume, pero no dimite. La ministra de Educación- -que existe, palaM. MARTÍN bra- -comienza el nuevo FERRAND curso en la inercia de deterioro que mantiene la enseñanza española desde que ocupó el cargo José Luis Villar Palasí, hace treinta y muchos años. Es como una maldición que hubiese caído sobre nosotros y que, como tabula la OCDE, nos lleva a padecer la peor calidad educativa del mundo, no sólo de los países de nuestro entorno. Para que las desgracias no vengan solas, sobre el Ministerio y su difuminada ministra se ciernen este curso un montón de amenazas. Las de la Iglesia, agraviada por el trato de la Religión, las de los profesores y padres católicos que, según parece, se evidenciarán en octubre. Después, en cascada y para demostrar que el descontento cursa a diestra y siniestra, se movilizarán los sindicatos- -básicamente CC. OO. y UGT- -que representan a la mayoría del profesorado sindicado en España y, si los pactos no lo remedian, en noviembre Madrid vivirá una magna manifestación con la Ley Orgánica de Educación- -la LOE- -y el esperado Estatuto de la Función Docente como argumentos. Decir que en ese cuadro de crispación no será como florezca un sistema educativo eficaz es casi ridículo y, por contra, debe predicarse el sosiego y la buena voluntad capaces de abordar, a mucho tiempo vista, un plan de estudios que no condene al fracaso a un tercio de quienes los padecen y, con pretensión de excelencia, devuelva a la sociedad el nivel y rango de conocimientos que hace un tercio de siglo, aún carentes de libertad, disfrutaba un mero bachiller. Si pretendemos figurar en el pelotón de cabeza de los países cultos e ilustrados, como tratamos de conseguir en cuestiones económicas, no aportarán mucho a las metas que precisamos debates sobre la importancia social del cachete en la educación infantil. No es que, como enseña el refrán, la letra con sangre entre; pero sí son precisos el esfuerzo del estudio y la voluntad de aprender. El ambiente generalizado, desde la televisión al ambiente social, no va por ahí y ello obliga todavía más a los sistemas educativos para convertir la primera enseñanza, la escuela, en un motor de ilusiones futuras y ambiciosas de conocimiento, no de riqueza u holganza. D EN LA DIRECCIÓN CORRECTA, CON PASO LENTO Ante el proyecto de Reforma Fiscal que prepara el Gobierno, el autor mantiene que España necesita un cambio mucho más profundo para garantizar así una senda de crecimiento generador de empleo y bienestar E L proceso de globalización económica, con la integración Europea al frente, restringe la autonomía de los países nacionales en el diseño de sus sistemas fiscales. Este nuevo contexto de internacionalización y competencia fiscal es el que debería guiar la futura reforma del IRPF, a semejanza de las reformas ya implantadas en los países más adelantados de nuestro entorno, guiados por una combinación de neutralidad y competitividad. Se debe tener, además, especial cuidado con la tributación directa, porque modificaciones de la misma en la dirección equivocada pueden llegar a afectar seriamente las decisiones de los agentes económicos respecto al ahorro, la inversión e incluso provocar huidas de capitales que afecten gravemente a la competitividad del país. Conviene también minimizar el exceso de gravamen que el sistema fiscal introduce sobre la actividad económica, para lo que se debe evitar aumentar la presión fiscal normativa a la totalidad de contribuyentes y trasladar de forma progresiva la carga tributaria desde los impuestos directos a los indirectos, que son a la postre los menos distorsionantes. Las dos últimas reformas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en España (1999 y 2003) han sido especialmente positivas en términos de aumento del potencial de crecimiento de nuestra economía y de incremento de la capacidad de generación de empleo. Pero, aunque el actual impuesto es mucho mejor y menos distorsionante que el que ha estado vigente en nuestro país durante la mayor parte de la década de los noventa, todavía queda mucho camino por recorrer. La reducción de tipos que ahora se baraja es buena, aunque hubiese sido deseable un recorte de los mismos más intenso, ya que los tipos altos estimulan el fraude y la actividad elusoria; los esfuerzos fiscales deben centrarse, por lo tanto, en aplanar la tarifa lo máximo posible más que en la reducción de tramos, que aunque mejora la neutralidad del impuesto no debe nunca ser un fin en sí mismo. Afortunadamente, parece que finalmente se ha quedado en el tintero la idea del tipo único, ya que su implementación supondría una subida de la tributación tanto para la renta de capital (lo cual va en contra de la eficiencia económica) como para los contribuyentes con menos ingresos (lo cual quebranta la equidad) o en caso contrario se reducirá espectacularmente la recaudación de un impuesto esencial. El tipo único sería adecuado si se aplicase el impuesto por vez primera sobre la renta, pero no para su reforma. En cuanto al mínimo exento, la intención de establecer una cantidad mínima por hijo no cambiaría el significado económico del mismo, sino más bien la forma de introducirlo en el tributo. Los mínimos (tanto personales como familiares) que actualmente se restan a las rentas obtenidas del trabajo, constituyen una de las principales exigencias de justicia tributaria vinculadas al principio de capacidad económica y, para que sean justos, deben ser suficientes y subjetivos para cada caso. En este sentido, es