Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión VIERNES 16 9 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil AMORES QUE MATAN P AUTONOMÍAS, UN SACO SIN FONDO L acuerdo precario alcanzado en materia de financiación sanitaria ha puesto de actualidad el problema general del gasto público en relación con las comunidades autónomas. Ha transcurrido casi un cuarto de siglo desde que se puso en marcha el sistema y la experiencia demuestra que es preciso racionalizar determinados aspectos de su funcionamiento. Al margen del inútil debate sobre identidades y nuevos estatutos- -que interesa más a los políticos que a los ciudadanos- -un estado complejo requiere un ejercicio de plena responsabilidad por parte de los distintos entes territoriales en el desarrollo de sus competencias. Las bases constitucionales son muy precisas. El artículo 31.2 determina que la programación y ejecución del gasto público debe responder a los criterios de eficiencia y economía y el artículo 156.1 dispone que las comunidades autónomas gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias. Como es natural, todas las referencias constitucionales a los poderes públicos en general incluyen igualmente a este tipo de entidades. Sin embargo, esta primera etapa se ha caracterizado por una imagen distorsionada que otorga a los poderes regionales la apariencia de una administración benefactora y prestadora de servicios frente a un Estado voraz en la recaudación de impuestos y que tiende siempre a mostrarse poco generoso con las reivindicaciones ciudadanas. El vicepresidente Solbes ha dicho en el Congreso de los Diputados que el Estado está encantado de ayudar a paliar el déficit sanitario, añadiendo sin embargo que esto supondrá invertir menos en justicia y seguridad, que son competencias propiamente estatales. No es la única declaración en este sentido que ha realizado en los últimos días. La información que hoy publica ABC, con datos procedentes del Banco de España, resulta muy ilustrativa. Las comunidades utilizan con amplitud la conocida fórmula de la huida del derecho público para fines contables y de control jurídico, incluida la matización de las exigencias- -ahora relajadas- -que derivan de la ley de Estabilidad Presupuestaria. Proliferan así empresas E públicas y organismos autónomos (en un sentido puramente formal) y ello no sólo en sectores caracterizados por la fuerte inversión pública como son las infraestructuras, sino también en otros ámbitos que cuentan con recursos limitados, como sucede en Cultura. Entre los datos del informe oficial llama poderosamente la atención el incremento de la deuda, un 38 por ciento desde hace dos años, y el hecho de que la cuantía total de la misma alcance ya el 0,75 por ciento del PIB nacional. Cataluña y la Comunidad Valenciana se sitúan en cabeza de esta clasificación, pero el problema afecta a todos, sin distinción de colores políticos, y permite que se generen sospechas de trato discriminatorio desde el Gobierno central en perjuicio de quienes no son afines a su ideología; sin duda, el caso más controvertido al respecto es el de Mintra en la Comunidad de Madrid. Las comunidades, en aras de un modelo que se gestó precisamente para gestionar con mayor eficacia los recursos generales, deben administrarlos con rigor y entendiendo, como premisa fundamental, que su autonomía y margen de maniobra no les da derecho a endosar su deuda sobre los hombros del Estado, que no puede desentenderse, como es lógico, de los gastos orientados a garantizar la igualdad de derecho de todos los españoles en cualquier lugar del territorio nacional. Resulta inaceptable que se invoque la corresponsabilidad cuando conviene y que se reclame, en cambio, la exclusividad autonómica cuando se trata de negociar competencias. Sin necesidad de mayores reformas, la capacidad fiscal de las autonomías les permite ya incrementar sus propios recursos, asumiendo, como es natural, la imagen de impopularidad que ello supone ante la opinión pública. En todo caso, la madurez del sistema exige que se supere la concepción de las relaciones interadministrativas como un juego entre buenos y malos. Como dice el Tribunal Constitucional, las comunidades autónomas son entidades que gozan de autonomía política (y no meramente administrativa) Deben, por tanto, estar a las duras y las maduras a la hora de gestionar los ingresos y los gastos públicos. OR primera vez desde hace veinticinco años, Gobierno y oposición rompen el consenso en materia de seguridad y defensa y se tiran los trastos a la cabeza a cuenta de la ley orgánica de la Defensa Nacional, que salió adelante con los apoyos de ERC e IU. Sorprende que en un asunto de Estado, el Ejecutivo socialista se eche en brazos de Esquerra, que, rizando el rizo de sus exigencias, pidió reformar la Constitución para que el Ejército no invada Cataluña si decide independizarse Mal compañero de viaje el que se ha buscado el Gobierno en un asunto en el que la lealtad es norma de obligado cumplimiento. Papelón para el ministro de Defensa, José Bono, obligado a lidiar con Joan Tardá, el estrafalario diputado de ERC que ayer se alineó con las tesis del Gabinete de Zapatero. Hay amores que matan. José Bono IGNACIO GIL PAPELES SECRETOS E ACEPTAR LA EVIDENCIA OR más que el Gobierno lo venga negando reiteradamente, la inmigración clandestina constituye un grave problema para España, que dista de estar bajo control. La valla de Melilla es su expresión más amarga, pero no la única. Algeciras es un coladero. Se calcula que más de medio millón de personas sin control han pasado nuestras fronteras durante el verano. Frente a esta avalancha, 256 nuevos agentes de Policía, de los dos mil que acaban de jurar sus cargos, se incorporarán en octubre a Cádiz, Sevilla, Huelva, Almería y Málaga. Según el Sindicato Unificado de Policía, su número resulta insuficiente, ya que tienen que realizar su trabajo en situación precaria y asumir más riesgos, tanto en la custodia de presos en hospitales como en las patrullas compuestas por un solo agente, ante una delincuencia cada día más violenta y organizada. El nuevo contingente sólo podrá paliar en parte el déficit de más del veinte por ciento de agentes que, según se estima, padece la región. Interior ha triplicado el número de policías en Algeci- L Gobierno es reticente a entregar todos los informes del CNI sobre el 11- M que solicita el juez Juan del Olmo, por considerar que serían de dominio público al incorporarse al sumario judicial. El Consejo de Ministros podría abordar hoy un asunto que se ha convertido en una auténtica patata caliente para un Ejecutivo que ha presumido siempre de transparencia y colaboración con la Justicia. Se trata de documentos que los miembros de la comisión de investigación pudieron leer en sesión secreta. El más reacio es el ministro de Defensa, contrario a desclasificar cualquier documento del centro de inteligencia que dependa directamente de su Departamento. Por su parte, el Ministerio de Justicia aprecia en la petición importantes defectos de ortodoxia jurídica. P ras, uno de los puntos más conflictivos de la inmigración clandestina a través del paso del Estrecho. Por insuficiente que resulte este incremento policial, éste testimonia en contra de las pretensiones del Gobierno de que la situación se encuentra bajo control. En ese caso, no se justificaría el aumento de la dotación policial en la zona. Si Algeciras es un coladero, Melilla, como hemos venido informando durante los últimos días, es un polvorín social, ante la acampada masiva de inmigrantes que esperan la oportunidad de entrar clandestinamente en nuestro país. Rabat, rectificando sólo en parte su inadmisible pasividad, ha efectuado redadas para detener a los miles de subsaharianos- -muchos de ellos menores de edad- -que intentan saltar la valla, y el número de detenidos en lo que va de septiembre rebasa los ochocientos. Los hechos desmienten las aseveraciones de eficacia que hace el Gobierno. Ni la situación se encuentra bajo control, ni es probable que el incremento de la dotación policial sea suficiente para alcanzarlo. La inmigración ilegal sigue siendo un grave problema social aún no resuelto. LA OTRA GUERRA A decisión del Ministerio de Industria de no autorizar la emisión en analógico de La Otra el segundo canal de Telemadrid, amenaza con provocar una guerra político- mediática entre el Gobierno y el PP, después de que la televisión autonómica decidiera ayer tirar por la calle de en medio- -arriesgada respuesta a un rosario de agravios en cadena- -y emitir en periodo de pruebas. Compleja batalla legal donde, frente a los argumentos jurídicos de la emisora autonómica- -que solicitó la autorización meses antes de que entrara en vigor la ley que invoca el Gobierno- el Ejecutivo amenaza con emplear toda la contundencia del Estado de Derecho L