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4 Opinión MARTES 13 9 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil HABLEMOS DE FUTURO M ESPECULANDO SOBRE ETA ODO Gobierno democrático está, por serlo, legitimado para plantearse las vías adecuadas que conduzcan al fin del terrorismo. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no está al margen de este principio, pero en todo caso lo que determina si el ejercicio de esa legitimación beneficia o perjudica al interés del Estado y de la sociedad es la serie de condiciones que deben darse para no sustituir una verdadera política antiterrorista por una simple táctica de claudicación por entregas. Legitimación, sí, pero con condiciones. Con el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, suscrito por PP y PSOE, en diciembre de 2000, se dio por zanjada, entre otras cuestiones, toda duda sobre qué había de entenderse por lucha y política antiterroristas, cuál era el único destino posible de ETA y para cuándo podían plantearse medidas individuales de reinserción. Pero este Acuerdo de Estado ya no está vigente, como quería ETA, y ha sido suplantado por una actitud indeterminada del Gobierno, que no ofrece seguridad ni certidumbres acerca de cómo va a encarar el Estado, a partir de ahora, el fin de la violencia terrorista. Las diversas informaciones periodísticas sobre los contactos del Gobierno con ETA y la utilización de Batasuna como mediadora o mensajera ante los terroristas, evidencian que el Pacto Antiterrorista realmente ha quedado desmantelado y en su lugar se ha instalado una política, si así se puede denominar, en la que el Estado de Derecho, el principio de legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales están supeditados al curso de los acontecimientos. Confiar en la presión que Batasuna pueda hacer sobre ETA- -y no en la eficacia de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad del Estado- -da buena medida de la grave confusión de conceptos que maneja el Gobierno en esta novedosa política sobre terrorismo. El coste moral y político de las decisiones del presidente del Gobierno sobre el proceso de paz está siendo muy alto, en cuanto a la confianza ciudadana y la unidad democrática con el PP. Y no se ven razones suficientes que justifiquen ese coste. Es más, el Gobierno y ETA parecen enzarzados en un duelo verbal para medir recíprocamente sus recursos, con emplazamientos entre sí y fijación de plazos. En este peligroso juego de réplicas y dúplicas siempre es el Estado el que más pierde, mientras ETA sólo tiene beneficios: el T Gobierno sitúa a Batasuna como interlocutor político rehabilitado, devuelve a los presos etarras un protagonismo que le había suprimido la reforma penal de 2003 y entrega a los terroristas el cuándo y el cómo de un proceso que sólo debía estar en manos del Estado. Además, el incremento de especulaciones sobre ETA, favorecidas por el Gobierno y el PSOE, ofrece en bandeja a los terroristas otros beneficios largamente buscados, como la derogación de la Ley de Partidos, la definitiva pérdida de autoridad del Tribunal Supremo y, lo que es más grave- -atendiendo a las actuales acciones judiciales emprendidas contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas y diversos dirigentes de la izquierda proetarra- el aislamiento político de la Audiencia Nacional. Es verdaderamente preocupante la falta de apoyo explícito por parte del Gobierno a las investigaciones del juez Grande- Marlaska, señalado con el dedo por el entramado batasuno- -sin respuesta aún del Consejo General del Poder Judicial- cuyo aparato de propaganda le sitúa como un obstáculo al proceso de paz mensaje que, pese a su perversidad, no desdeñan algunos socialistas. Especialmente inoportunas fueron las declaraciones de algunos dirigentes del PSOE cuestionando la actuación del juez en relación con la comparecencia de Rafael Díez Usabiaga, hombre clave en el complejo proceso de intermediación que se viene produciendo entre el mundo proetarra y el Gobierno y que ayer quedó en libertad por orden del magistrado. El Gobierno ha respondido con evasivas a las noticias sobre sus contactos con ETA y el mundo batasuno. Pero no se puede seguir así, negando en público la información que se maneja a conveniencia y dando la sensación de que el Gobierno quiere cocinar el proceso de paz a espaldas de la opinión pública y de la oposición, para servirlo como un hecho consumado que se aproveche de la demanda de paz que impera en la sociedad española. Sin embargo, el Gobierno tiene ya que explicar cuáles son las razones que le han llevado a cambiar la derrota incondicional de ETA- -es decir, disolución, desarme completo y puesta a disposición judicial- -por este proceso de desistimientos sucesivos que está rasgando al Estado de Derecho, y al final del cual la opción más probable es encontrarse con una ETA no derrotada, ENSAJE de amplio espectro que se condensa en una frase: Lo que pasó pasó y aquí sólo se habla de futuro Certero diagnóstico del presidente del PP al comienzo de un año político en el que urge mirar hacia adelante y dejar de lamerse las heridas. El principal partido de la oposición, superada la etapa inicial, proyecta sus intenciones con vocación de servicio. Mariano Rajoy apunta a febrero, mes en que se celebrará una convención que deberá servir para marcar las grandes líneas de actuación de un partido obligado a pasar a la ofensiva en los grandes asuntos sociales. De la retaguardia al ataque, sin renunciar a sus más hondas convicciones, el PP da un decidido paso hacia adelante para abrirse sin miedos ni complejos a una sociedad en permanente transformación. Mariano Rajoy ÁNGEL DE ANTONIO LAS HORAS MÁS BAJAS P EDUCACIÓN SIN PARTIDISMO L Partido Popular remitió ayer a La Moncloa un documento que contiene una oferta seria y consistente para un pacto de estado en materia educativa. El momento no puede ser más oportuno, puesto que ahora comienza la tramitación parlamentaria de la ley orgánica de Educación, un proyecto mal recibido por los sectores afectados y que hace prever un otoño caliente en el ámbito escolar. El documento del PP Por un pacto por la educación se vertebra en torno a tres ejes principales: libre elección de centro, apoyo al profesorado y a la carrera docente y, muy especialmente, cohesión social y territorial para evitar que se produzcan desigualdades injustificadas entre comunidades autónomas. Tiene razón Mariano Rajoy cuando califica a la educación como objetivo nacional prioritario vinculado también con el debate sobre el modelo territorial. Debe asimismo destacarse el tono moderado y constructivo de la ministra de Educación en sus declaraciones sobre el texto remitido al Gobierno. La opinión pública exige de los partidos políticos máxima responsabilidad y sentido de Estado en una materia que ocupa un lugar preferente entre OR tercera vez, el presidente de Estados Unidos viajó ayer a Nueva Orleáns, cita obligada ante la tempestad política que su falta de reacción inicial ha desatado en el país. En sus horas más bajas, Bush se enfrenta a quienes le acusan de desatender a las víctimas por ser pobres y negros y a quienes le reprochan que la reconstrucción de las zonas devastadas servirá a los intereses económicos del entorno presidencial. Graves reproches que el máximo dignatario norteamericano se esfuerza en combatir con una campaña de imagen que pretende darle la vuelta a las encuestas. No lo tendrá fácil, porque los efectos colaterales del Katrina avanzan mientras Bush sobrevuela el lugar de la tragedia en medio del fuego cruzado de las críticas. E las preocupaciones de los ciudadanos. La formación técnica, cívica y humana de las generaciones futuras es un reto que debe afrontarse con altura de miras y sin dogmatismos partidistas. El artículo 27 de la Constitución- -uno de los más discutidos a lo largo del proceso constituyente- -ofrece un abanico amplio de posibilidades, pero marca unos cauces muy concretos que no pueden ser alterados por el legislador estatal o autonómico. Hasta ahora, la experiencia no ha sido positiva. Cada partido gobernante ha procurado dejar su huella, de modo que las diversas leyes educativas (especialmente, la Logse) han degradado gravemente la situación de nuestras enseñanzas primarias y medias. La ley de Calidad del Partido Popular, bien orientada en sus líneas generales, se aprobó demasiado tarde y el Gobierno socialista actual se ha dado mucha prisa para paralizar su aplicación. Ojalá el pacto propuesto por el PP se traduzca en una orientación más justa y racional para garantizar la calidad de nuestro sistema educativo, tradicionalmente preso de la lucha partidista. PELÍN CASERO L A Comisión Nacional del Mercado de Valores ha enviado tres cartas con acuse de recibo a Gas Natural, Endesa e Iberdrola. El tono de la misiva enviada a la compañía que preside Manuel Pizarro combina el formalismo clásico de los comunicados al uso con recordatorios que llevan implícito un cierto tono admonitorio que no suele ser tan habitual. La CNMV, en su papel de árbitro, advierte a Endesa de que no debe perturbar el desarrollo de la opa y le recuerda el deber de pasividad ante la operación. Visible actuación la de una CNMV- -cuyo presidente, Manuel Conthe, fue nombrado por Solbes- -que barre para casa en los prolegómenos de un partido con mucho que arbitrar.