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16 Nacional SÁBADO 10 9 2005 ABC Tres de cada cuatro municipios españoles no disponen de mapas de riesgo climático El Gobierno confía en su capacidad de respuesta, pero los expertos replican que no hay prevención b Un millar de personas murió en la última década en nuestro país a raíz de desastres naturales. Las pérdidas medias anuales superan los 800 millones de euros MIGUEL ÁNGEL BARROSO MADRID. España estaría mejor preparada para hacer frente a una situación como la que atraviesa el sureste de Estados Unidos tras el paso del huracán Katrina porque su poder público está mucho más adiestrado para hacer frente a la gestión de una catástrofe La afirmación, esta misma semana, del ministro del Interior, José Antonio Alonso, no deja de ser optimista si se tiene en cuenta que tres de cada cuatro municipios españoles- -que sin duda forman parte de ese poder público al que alude el ministro- -no disponen de mapas de riesgo climático, la cartografía necesaria para saber a qué atenerse cuando la naturaleza se enfada. Y en España esto ocurre más veces de las que quisiéramos, sobre todo en episodios relacionados con el agua, aunque la sequía de los últimos tiempos nos haya hecho olvidarlo. Biescas en el recuerdo Del millar de personas que ha perdido la vida en la última década en nuestro país como consecuencia de desastres naturales, más de doscientas perecieron por inundaciones. Sucesos dramáticos como el de Biescas, en 1996 (87 muertos) y Badajoz, un año después (25 muertos) provocaron la consabida rasgadura de vestiduras, y poco más. La primera conclusión de la Comisión de Catástrofes del Senado, que trabajó de 1996 a 1998 después de la tragedia del cámping Virgen de las Nieves de Biescas (Huesca) fue la necesidad de realizar mapas de riesgo. Pero aquello se quedó en buenas intenciones. No es exagerado decir que el 75 por 100 de los municipios no lo ha hecho se lamenta Jorge Olcina, climátologo de la Universidad de Alicante y coordinador, junto a Francisco Javier AyalaCarcedo, del libro Riesgos Naturales (Ariel Ciencia) un clásico en la materia. También se habló por entonces de impulsar un Plan Nacional de Cartografía, pero no hay noticias de ello El artículo 9 de la Ley del Suelo obliga a declarar zona no urbanizable las tierras en las que hay peligro de inundación con riesgo para las personas, pero para llegar a ese extremo hace falta una cartografía que no existe. En España, el agua que mata se concentra en pocas horas, a veces en minutos, y llega furiosa a través de torrentes, arroyos, rieras y cauces secos. Al político no le gusta hablar de estas cosas. Si se descubre que hay construcciones en terrenos peligrosos se ve obligado a canalizar, o a expropiar... Y eso no es popu- Imagen de un tornado tomada el jueves en las inmediaciones del aeropuerto de El Prat, en Barcelona AENA El Ejecutivo trabaja en la mejora de la red de alerta Tal vez haya sido el Katrina aunque los huracanes, por suerte, no vienen por estas latitudes. Tal vez los terribles incendios forestales que han asolado España durante este verano- -y que para Protección Civil merecen la calificación de desastres naturales, aunque muchos sean provocados- El caso es que el Gobierno ha asumido las deficiencias de la red de alerta y está trabajando en su mejora. De hecho, en junio pasado se constituyó un grupo de trabajo que abarca todo tipo de siniestros provocados por la naturaleza y que intenta redefinir los protocolos de actuación y la difícil relación con las comunidades autónomas. Éstas son competentes en la materia, y algunas de las que se encuentran en zona peligrosa, como Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, han diseñando planes territoriales para responder a la amenaza, pero recientes siniestros como el incendio de Guadalajara han puesto nuevamente en entredicho la coordinación entre unos y otros. En la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, que estos días gestiona las ayudas españolas a Estados Unidos, no creen que las cosas funcionen mal. La colaboración no falla declara Marta Crego, jefa de Comunicación. Hay un protocolo: en primera instancia intervienen los efectivos de la comunidad autónoma, y si necesitan más medios, entramos nosotros. Tenemos una sala de coordinación que recibe información puntual de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y nosotros, por nuestra parte, les proporcionamos los datos de que disponemos. La alerta se dispara cuando un episodio afecta a personas y bienes. En caso de un gran desastre, estamos obligados a movilizar nuestras dotaciones desde el principio lar añade Olcina. En España hay al menos 25.000 edificios- -la mayoría en la costa mediterránea- -expuestos a inundaciones, temporales de viento y movimientos sísmicos. Y entre doce y quince millones de personas pueden verse potencialmente afectadas. La gente no es consciente de ello concluye este experto. de Meteorología. En una rambla donde no ha llegado ni un hilo de agua en el último medio siglo es una temeridad edificar, porque la historia nos dice que allí hubo avenidas. Y si ocurrió una vez, puede volver a suceder co- Vivir sobre una rambla Quizás la culpa la tenga la mala memoria histórica, como reconoce Carlos Almarza, jefe del Servicio de Desarrollos Climatológicos del Instituto Nacional Entre doce y quince millones de personas están expuestas a inundaciones, aludes y movimientos sísmicos menta. En su opinión, las autoridades empiezan a tener en cuenta estas amenazas, a pesar del coste que acarrea enfrentarse a ellas, pero cualquier esfuerzo es poco para apremiar a los políticos. España es un país de riesgos sentencia. La historia nos dicta que debemos tomar precauciones. Es preciso dotar a la sociedad de los medios necesarios para reducir su vulnerabilidad Cuesta prevenir, en efecto; pero también cuesta curar: las pérdidas medias anuales en España derivadas de los desastres naturales superan los 800 millones de euros.