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78 VIERNES 9 9 2005 ABC Economía Endesa usará su presencia en Europa para obligar a la CE a investigar la opa de Gas Natural La Comisión advierte que sólo examinará la operación si se lo pide el Gobierno español autoriza las opas de empresas si más de dos tercios de la cifra de negocio de la sociedad resultante se genera en varios países de la UE M. NÚÑEZ. CORRESPONSAL BRUSELAS. La Comisión Europea (CE) explicó ayer que sólo analizará la opa lanzada por Gas Natural sobre Endesa si se lo pide el Gobierno español, cosa que no es muy posible que suceda dado el velado apoyo del Ejecutivo de Zapatero a la oferta de la filial gasista de La Caixa. El portavoz de la comisaria de Competencia, la holandesa Neelie Kroes, justificó esta posición por el hecho de que el Ejecutivo europeo sólo da autorizaciones en opas o fusiones si dos tercios de la cifra de negocio de la empresa resultante se genera en varios países europeos. El reglamento europeo sobre concentraciones de empresas establece que es preceptiva la autorización de Bruselas, además de por el número de países en los que se genera la cifra de negocio, en los casos en que las ventas de las compañías implicadas superan los 50.000 millones de euros. El portavoz comunitario explicó que de momento no han recibido notificación oficial de la opa y que, en todo caso, es el Gobierno español el interlocutor de Bruselas en esta materia y quien debe hacer la notificación, si lo considera oportuno. b Bruselas sólo Oriol pondrá su cargo a disposición de Unesa El presidente de Iberdrola, Íñigo de Oriol, pondrá su cargo de presidente de la patronal Unesa a disposición de la junta directiva de la misma en la reunión que esta asociación celebrará el próximo martes en la capital de España. Fuentes del sector confirmaron a este periódico que la decisión de Oriol obedece a la implicación de Iberdrola en la opa que ha lanzado Gas Natural sobre Endesa. Oriol fue elegido presidente de Unesa en 2002 y había sido reelegido hace menos de tres meses. Si se confirmara esta dimisión, podría rebajarse la tensión que se vive en el seno de la patronal eléctrica entre sus asociados después de que Endesa anunciara el pasado miércoles que no asistirá a ninguna reunión en la que esté Iberdrola por su postura hostil en la opa. Gas Natural se reunió ayer con inversores y analistas en Londres mía. También cabe la posibilidad, si así lo considera el Gobierno, que tenga que pronunciarse el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) cuyo presidente, Gonzalo Solana, nombrado por el PP, cesará antes de final de este mes, pero cuyos miembros fueron designados por el Gobierno anterior. No obstante, en marzo está prevista una renovación de sus vocales. La estrategia de Endesa se centra en forzar a la Comisión Europea a que se pronuncie por su importante presencia en países europeos como Italia, donde la eléctrica que preside Pizarro tiene varias centrales; en Francia tiene el 65 del grupo Snet, y en Portugal participa en varias centrales eléctricas. Por su parte, los gestores de fondos con sede social en Londres que asistieron ayer en la capital británica a la presentación de la opa de Gas Natural por su consejero delegado, Rafael Villaseca, valoraron positivamente la operación, si bien consideraron que el precio ofrecido es muy ajustado y expresaron sus reticencias sobre la ecuación de canje establecida en la misma, informaron a Ep fuentes financieras. Los accionistas de Endesa que acepten El caso de Gas de Portugal La CE vetó el año pasado la compra conjunta de Gas de Portugal por Energías de Portugal (EDP) y el grupo italiano Eni porque la operación tenía dimensiones comunitarias por la presencia de esta última. Esa será precisamente la estrategia de Endesa, que actualmente están estudiando los asesores de la eléctrica para implicar a Bruselas y que la UE tenga que opinar sobre la opa ante su temor a que el Gobierno español quiera evitar que la UE se pronuncie sobre este asunto y se limite a recibir la opinión de los organismos reguladores. Hay que recordar que la Comisión Nacional de Energía (CNE) está presidida por la ex diputada del PSC, Mayte Costa, y los Servicios de Competencia están adscritos al Ministerio de Econo- La opa de Pernaud Ricard sobre Allied Domeq, precedente en la compraventa de activos ABC MADRID. Desde Gas Natural y fuentes jurídicas recalcan que los acuerdos de compraventa de activos para cumplir las condiciones de desinversión tras una fusión no vulneran la ley española ni la normativa sobre opas. La UE incluso aboga por este tipo de operaciones y aconseja incluir en las propuestas de opas al posible comprador de los activos susceptibles de desinversión, con el fin de garantizar la competencia y evitar incertidumbres subrayan. Gas Natural e Iberdrola firmaron el lunes un acuerdo para la compraventa de determinados activos de la sociedad resultante de la operación de adquisición de Endesa por parte de la empresa gasista. El compromiso comprende activos de generación y distribución eléctrica en España, generación eléctrica en Europa (Snet en Francia y diversas centrales en Italia) y determinadas áreas de distribución de gas que incluyen 1,25 millones de clientes en zonas geográficas de España donde Iberdrola desarrolla su actividad. La transacción se realizará a precios de mercado. Su volumen puede estimarse preliminarmente entre 7.000 y 9.000 millones de euros. Un precedente muy reciente de este tipo de acuerdos sucedió con la opa lanzada por Pernaud Ricard sobre Allied Domecq, en la que participó desde el inicio su principal rival, la americana Fortune Brands, adquiriendo activos de las dos empresas fusionadas. Las citadas fuentes recuerdan que en España no existe ninguna obligación legal de que las desinversiones hayan de materializarse mediante una subasta abierta. Fenosa se opuso al mecanismo de la subasta en la fallida fusión de Endesa e Iberdrola Las reticencias ante este mecanismo se basan en que la venta de activos regulados a través de una subasta generaría sobrecostes, ya que se valorarían muy por encima del precio real. Este sobrecoste no puede ser recuperado mediante los ingresos, que están regulados y sujetos a la tarifa fijada por el Gobierno, por lo que se produciría una disminución de las inversiones en las plantas enajenadas, con los consiguientes efectos en el suministro energético y en la atención a los clientes.