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4 Opinión VIERNES 9 9 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil COMEDIA EN CINCO ACTOS CTO primero: sale el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y asegura que Zapatero e Ibarretxe hablaron del cupo -según él, el acuerdo estaba prácticamente hecho- pero no de política penitenciaria o de las mesas de negociación. Acto segundo: sale Imaz por la radio y asegura que lo más importante de lo tratado no fue el cupo como dijo Sevilla, sino la pacificación del País Vasco Acto tercero: la vicepresidenta del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, niega que existiera un acuerdo sobre el cupo Acto cuarto: la vicepresidenta primera dice que el asunto de la pacificación pudo salir en la conversación y espera llegar a un acuerdo sobre el cupo Acto quinto: un despacho vacío y en el centro una mesa. Debajo, Jordi Sevilla. A ESTATUT Y FUNAMBULISMO POLÍTICO L dictamen emitido por el Consejo Consultivo catalán ha dado paso a una serie de ofertas y contraofertas entre el PSC y CiU sobre las modificaciones del proyecto de reforma estatutaria. Esto no quiere decir que el debate político entre el tripartito y los convergentes se haya depurado de sus aspectos más polémicos, sino que el dictamen del Consejo Consultivo simplemente ha abierto una nueva etapa de negociación que tampoco tiene garantizado un resultado aceptable en términos constitucionales. El informe ha alentado nuevos movimientos estratégicos, probablemente planificados con anterioridad a la opinión del Consejo y que revelan el interés de socialistas y nacionalistas de llegar a un acuerdo sobre el nuevo Estatuto para no tener que asumir ninguno el fracaso del proyecto político que les justifica en esta legislatura, bien sea porque es el programa de gobierno de la coalición socialista- republicana, bien porque es la coyuntura propicia para que CiU no se diluya en el escenario político catalán. Por eso, Maragall y Mas han protagonizado una súbita aproximación, que no puede deberse a un efecto taumatúrgico del dictamen del Consejo Consultivo, sino a una consideración de intereses recíprocos, que, por otro lado, es algo que ha caracterizado las relaciones de ambas formaciones, como se vio nítidamente tras el amago de crisis que se apuntó con la acusación del tres por ciento que lanzó Maragall contra los convergentes, y sobre la cual se ha volcado una amnesia colectiva. Pero el problema de la reforma estatutaria catalana no es la falta de acuerdo entre Maragall y Mas, sino la inconstitucionalidad del proyecto, incluso refinado tras el dictamen del Consejo Consultivo. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió ayer que la financiación autonómica no es materia estatutaria, sino de ley estatal, sin perjuicio de que los estatutos contengan principios generales al respecto. La admonición de la vicepresidenta primera venía a acotar el alcance de la aproximación entre Maragall y Mas sobre el denominado blindaje de competencias y el sistema de financiación para Catalu- E ña. Ambas cuestiones estaban planteadas de forma inconstitucional, según el Consejo Consultivo, y no parece que los nuevos planteamientos del tripartito y de CiU vayan a soslayar este problema. De hecho, el dictamen del Consejo Consultivo corre el riesgo de ser utilizado de forma sesgada por unos y otro, para dar cobertura a sus nuevas propuestas, las cuales, presentadas como actos de consenso guiados por las observaciones del citado dictamen, no serían realmente más que meras variaciones literarias de los artículos que el Consejo considera inconstitucionales, pero harían difícil un veto en Madrid y revivirían el compromiso de Rodríguez Zapatero de apoyar el Estatuto que aprobara el Parlamento catalán. Los partidos catalanes enfrascados en la reforma estatutaria parece que no han asumido que la constitucionalidad del futuro Estatuto no es una graciosa concesión al consenso, sino una obligación inexcusable que recae tanto en las instituciones catalanas como en las nacionales. Pero de este principio debe ser consciente también el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El respeto a la Constitución no está en manos de los acuerdos políticos ni de las argucias partidistas, sino en la adecuación de las leyes- -incluidos los Estatutos- -a la letra y al espíritu constitucionales. Y lo cierto es que el debate sobre el Estatuto catalán está impregnado por una actitud política de resistencia a la Constitución, en la que el dictamen del Consejo Consultivo puede jugar un papel de coartada. El actual proyecto de Estatuto no es un listón por debajo del cual no exista riesgo de inconstitucionalidad, aunque ésta resulte ser la estrategia del tripartito y de CiU. Precisamente, el problema del proyecto de reforma estatutaria y de las propuestas alternativas que se están planteando es que tienen un margen de inconstitucionalidad mucho más amplio que el que ha recorrido el Consejo Consultivo con su limitado dictamen. La prueba más evidente es que no ha considerado inconstitucional la definición de Cataluña como nación, piedra angular de una reforma estatutaria a la que el Ejecutivo catalán y CiU quieren seguir dando carácter constituyente. Jordi Sevilla J. M. SERRANO LAS CARTAS BAJO LA MESA C ACUERDO TEXTIL L acuerdo entre la Unión Europea y China sobre productos textiles desbloquea un problema concreto: la entrada de casi 80 millones de prendas retenidas en los puertos europeos por carecer de licencia de importación al haber rebasado en apenas unas semanas lo pactado en junio. Pero no parece garantizar una solución al conflicto de fondo: la entrada masiva de textil chino de bajo coste, más allá de los cupos acordados, y la división entre países productores y consumidores de la UE. Entre los primeros está España con una industria textil amenazada. El acuerdo China- UE, concreto y excepcional según las autoridades de Bruselas, no es el que España hubiera deseado, y pone al descubierto, una vez más, la división interna de la UE, con países más prestos a defender sus intereses que los del conjunto. Ahora, los de norte, sin apenas industria textil, buscan importaciones baratas, frente a otros, como España, con producción textil aún importante. Esta situación puede repetirse en el futuro, aunque la Unión Europea cuenta con mayores medios UANDO faltan 24 horas para la Conferencia de Presidentes autonómicos, la botella del acuerdo sobre financiación sanitaria se ve medio llena o medio vacía, según se mire. Desde el Gobierno, la consigna era ayer transmitir la idea de que Gobierno y las Autonomías acercaban posiciones. El PP, por su parte, mostraba un escepticismo cauteloso, sin armar mucho ruido, como si estuviera a la espera de acontecimientos. Unos y otros cumplían con la estrategia y aplicaban el manual en una batalla cruzada de intereses en la que no exhibían sus cartas, a la espera, tal vez, del momento definitivo en el que, con las cartas encima de la mesa, mostraran definitivamente sus bazas. Juego de naipes. E para vigilar el cumplimiento de lo negocidado entre las autoridades chinas y las comunitarias, que pretende poner algún límite al fin de cuotas que entró en vigor a principos de año tras la supresión de limitaciones al comercio. Bueno es el acuerdo, pero lo que late en el fondo de este conflcito comercial es un fenómeno imparable: la llegada, por vías muchas veces clandestinas, de ingentes cantidades de prendas baratas no sujetas a ningún tipo de control. Lo que favorecería una rebaja de precios para el consumidor final puede ser letal para industrias textiles que son incapaces de competir en costes. Ante esta situación, la única alternativa es dedicar dinero y apoyo público a la investigación y el desarrollo, a la potenciación de la marca y la moda. Buen ejemplo es la celebración de ferias como la de Gaudí o la de la Pasarela Cibeles, que ayer se clausuró en Madrid, y que proyectan una industria en auge. necesitada aún de una base empresarial que arrope un negocio que ya supone una importante fuente de riqueza. VOLAR SEGURO COSTUMBRADOS a la grandiosidad de las opas hostiles y a los efectos políticos y mediáticos de las gigantescas operaciones financieras en las que, al final, todo es como una película de buenos y malos, resulta sedante y muy de agradecer que se detenga la atención en otra operación empresarial de relieve: Mutua Madrileña Automovilística tomará un diez por ciento del capital social de Inmobiliaria Colonial, convirtiéndose así en el segundo máximo accionista, por detrás de La Caixa. La Mutua se diversifica, multiplica, crece y sale de Madrid (París, Barcelona) en busca de negocios. Estrategia de altos vuelos, pero con los pies en la tierra. A