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ABC JUEVES 8 9 2005 Nacional 15 Miguel Ángel Fernández Ordoñez Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos El Gobierno está dispuesto a estudiarlo todo y a mejorar su oferta inicial para la financiación sanitaria Gerardo Camps Consejero de Economía de la Comunidad Valenciana Si el Ejecutivo socialista no mueve pieza, no habrá acuerdo en la Conferencia de Presidentes Antoni Castells Consejero de Economía de Cataluña La Generalitat plantea un aumento de la aportación directa del Estado en torno a los 2.000 millones en dos años El PP exige que el Gobierno aporte 1.800 millones para la sanidad sin subir impuestos Ejecutivo y autonomías acercan posturas tras la promesa de Solbes de mejorar la oferta inicial de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera sirvió para introducir algunas modificaciones que el PP presentó como un triunfo propio C. DE LA HOZ J. L. LORENTE MADRID. El Gobierno y los representantes de las comunidades autónomas se reunieron ayer en el Consejo de Política Fiscal y Finaciera para estudiar la nueva financiación que acabe con el déficit sanitario. Aunque el encuentro se cerró sin acuerdos, el hecho de que el Ejecutivo anunciase que está dispuesto a mejorar su propuesta inicial- -ayuda transitoria de 500 millones de euros por dos años, capacidad tributaria de las autonomías en los impuestos de hidrocarburos y electricidad y subida en la fiscalidad de alcohol y tabaco- -hizo que se produjese una aproximación de posturas. La previsión inicial del Ejecutivo de Zapatero era limitarse a escuchar a las comunidades, sin presentar una propuesta adicional concreta a la oferta que la semana pasada rechazaron las regiones gobernadas por el PP y algunas del PSOE. El objetivo de los socialistas es dejar todo el protagonismo de la negociación a Zapatero y la conferencia de presidentes- -que se reunirá pasado mañana- aunque es el Consejo de Política Fiscal el que tiene toda la capacidad decisoria sobre la materia. b La reunión El plan de los populares 1. El Gobierno debe restablecer el equilibrio del sistema de financiación sanitaria con la aportación de un mínimo de 1.800 millones de euros, consolidables en el modelo. 2. Se debe mantener la cláusula de garantía de crecimiento de los recursos como el PIB. 3. El Ejecutivo, en el plazo más breve posible, debe establecer la Cartera Básica de los Servicios Sanitarios, indispensable para determinar las necesidades de financiación de las autonomías. 4. El Gobierno, en el plazo más breve posible, debe proceder a desarrollar el Fondo de Cohesión Sanitaria. La consejera de Castilla y León Pilar del Olmo, durante la reunión La novedad de la reunión de ayer fue que los consejeros del PP soprendieron con una propuesta alternativa. Los populares exigen que el Gobierno aporte un mínimo de 1.800 millones de euros, consolidables en el modelo, mantenga la cláusula de garantía de crecimiento de los recursos, establezca una cartera básica de servicios sanitarios y proceda a desarrollar un fondo de cohesión. Todo ello sin subir de impuestos, como plantea el Ejecutivo. La propuesta popular no fue frontalmente rechazada por ninguna comunidad socialista, pero el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, se limitó a comentar que había tomado nota de la misma y que estudiaría los márgenes para poder incrementar la aportación directa del Estado que, en ningún caso, llegará a los 1.800 millones de los que habla el PP, ni siquiera a los 2.000 millones binanuales que estimó el consejero catalán Antoni Castell. Sí es cierto que la reunión de ayer sirvió para introducir algunas modificaciones que el PP presentó como un triunfo propio, según señaló ayer el consejero valenciano Gerardo Camps, pero que estaban contenidas en la propuesta andaluza. Así, además del incremento de la aportación presupuestaria, ésta se consolidará hasta la aprobación del nuevo modelo de financiación. Incluso el Gobierno está dispuesJULIÁN DE DOMINGO to a modificar su propuesta sobre capacidad normativa en los impuestos de gasolina y electricidad. Se incorpora un fondo para la atención sanitaria de los extranjeros, además de otro para los accidentes laborales no cubiertos por las mutuas, así como otro específico para garantía sanitaria. También se modificará el cálculo de los anticipos y se ampliarán las medidas de racionalización del gasto, entre las decisiones más importantes. Lo cierto es que tanto desde las filas gubernamentales como desde el PP- -que exige que se entregue por escrito antes del sábado la propuesta final- -aseguraron que la posibilidad de acuerdo está más cerca. Las autonomías socialistas también piden más dinero Si los consejeros populares de Hacienda llevaron al Consejo de ayer una postura unitaria, también hubo coincidencias importantes entre las gobernadas por el PSOE, en concreto, entre Cataluña y Andalucía para enmendar algunas de las propuestas presentadas por el Gobierno. Salvo matices, ambas Comunidades defendieron que el Ejecutivo aumente la aportación directa anunciada de 1.000 millones de euros por considerar que, si bien la oferta constituye un paso adelante, es insuficiente y hay margen para mejorarlo de aquí al próximo sábado, según señaló el consejero de Economía de la Generalitat catalana, Antoni Castells. En este sentido, estimó que la aportación directa del Estado para intentar enjuagar la deuda sanitaria podría duplicarse y alcanzar los 2.000 millones en dos años. En todo caso, tanto las peticiones de Cataluña como de Andalucía- -que llevó un breve documento de un folio con ocho puntos- -fueron más lejos. Así, pidieron que haya aportaciones específicas para la atención de los no residentes, desplazados y extranjeros en todos los niveles de la atención sanitaria; que se compensen las contingencias a cargo de las mutuas de trabajo; que se prolongue la garantía sobre la evolución del PIB y que las entregas a cuenta se hagan sobre el 100 de las previsiones de recaudación y también sobre la previsión del Fondo de Suficiencia. En cambio, mientras Cataluña está encantada de asumir nuevas capacidades normativas, que le permitan, llegado el caso, subir el impuesto de la luz, Andalucía defiende que dicha fiscalidad debe ser, en su formulación normativa, competencia exclusiva del Estado EDIFICIOS EN MADRID CALLE MODESTO LAFUENTE PASEO DE EXTREMADURA CALLE GENERAL DÍAZ PORLIER VENDE DIRECTAMENTE PROPIEDAD TELÉFONO 91 541 44 77