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4 Opinión MIÉRCOLES 7 9 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL COLADERO DEL SUR L MÁS ALLÁ DE UNA OPA HOSTIL L análisis de la opa hostil de Gas Natural- -empresa participada en un 34 por ciento por La Caixa- -sobre el cien por cien de las acciones de Endesa, que ayer rechazó la operación por insuficiente y preocupante debe enmarcarse en una doble vertiente. Desde un estricto punto de vista económico, la operación permite a La Caixa colocar la última pica en el mapa energético español, erigiéndose en actor principal de un sector en el que ejerce ya un control casi absoluto. A nadie se le oculta que el movimiento convierte a Cataluña en el centro neurálgico de las grandes decisiones industriales, relegando a Madrid de un protagonismo que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, llevaba reclamando para su comunidad desde hace tiempo. Ha sido un corrimiento de tierras ordenado, fruto de esa tupida red de participaciones que La Caixa ha ido tejiendo en diversos sectores empresariales. La entidad que preside Ricardo Fornesa posee el 35,5 por ciento de Gas Natural; el 23,1 de Aguas de Barcelona; el 12,5 de Repsol YPF, el 1.97 de Endesa, el 14,8 del Banco de Sabadell; el 5 por ciento de Telefónica, el 47,9 de Inmobiliaria Colonial y un 78,8 de Universal Port Aventura. El viejo sueño de la caja catalana de crear un gigante energético formado por Repsol, Endesa y Gas Natural puede ahora hacerse realidad. Pero para hacer realidad esa antigua aspiración La Caixa ha contado con el apoyo del Gobierno, y más concretamente del ministro de Industria, José Montilla, que ha movido los hilos políticos de una operación cuya trascendencia no se agota en el horizonte económico, sino que va más allá del ámbito estrictamente financiero. Montilla ha dado sobradas muestras de capacidad para urdir las más complejas estrategias, en las que la política- -al servicio de los intereses del Gobierno y del PSOE, naturalmente- -y la economía se retroalimentan en un escenario de alambicadas relaciones transversales. El diseño de la operación actualmente en marcha, en lo que respecta al poder de la Administración y a sus intentos, nada disimulados, por otra parte, de alterar el actual statu quo de las empresas privatizadas, tiene mucho que ver con la figura del ministro de Industria y secretario E general de los socialistas catalanes, seña de identidad ésta fundamental para entender en su totalidad el calado de la operación financiera que pretende La Caixa. A nadie se le oculta que la musculatura empresarial de la entidad catalana, cuya solvencia en la gestión resulta indudable, ha crecido en la medida en que el Gobierno tripartito de Maragall ejerce una influencia decisiva en la gobernabilidad del Estado. Dicho de otro modo, el escenario económico en el que se ha consolidado La Caixa no es ajeno al nuevo escenario sociopolítico catalán, en el que formaciones como ERC se erigen en socios preferentes y plantean una serie interminable de exigencias propias de quien ha demostrado muy poca lealtad con lo que representa España en términos de solidaridad nacional. Por eso, el principal punto débil radica en el hecho de que los legítimos movimientos empresariales de La Caixa puedan estar sometidos- -dada la excesiva dependencia de las Cajas de Ahorros del poder- -al intervencionismo de una clase dirigente catalana que no renuncia al control político de sectores estratégicos. Estamos ante un proceso en el que parece que lo que se pretende es sustituir el tejido de empresas públicas privatizadas por el PP por un sector público indirecto y regionalizado, estructurado en torno a las Cajas de Ahorros y sometido al control de los poderes autonómicos. Vincular el auge empresarial de La Caixa con la dependencia de Zapatero del Gobierno tripartito podría ser un ejercicio de reduccionismo, pero no conviene perder de vista que la rivalidad Cataluña- Madrid no se ciñe, hoy por hoy, al estricto ámbito económico y que el Ejecutivo socialista cultiva más el puente aéreo que los puentes de diálogo con el Gobierno de la comunidad madrileña, la joya de la Corona del PP y el enemigo a batir por el poder que simboliza el Palacio de la Moncloa. Con la operación financiera desplegada por La Caixa, la entidad catalana incrementa su dominio, sitúa en Cataluña (como quería Maragall) el centro del poder para manejar los hilos del sector energético español y, de paso, ofrece al Gobierno socialista el cambio que anhelaba en las empresas privatizadas. A tranquilidad con que el ministro de Interior, José Antonio Alonso, despachó días atrás las revelaciones publicadas en ABC sobre la fragilidad del dispositivo policial que controla en Algeciras la operación Paso del Estrecho podría volver a manifestarse en público si analiza- -con su proverbial sosiego- -la información que hoy aparece en nuestro periódico: sólo cuatro agentes, armados con una linterna, rastrean el tránsito de coches robados en la frontera que separa Europa del norte de África. Las dimensiones del coladero han sido denunciadas por la Confederación Española de Policía, pero, mientras la cosa vaya fluyendo por el Estrecho, el Ministerio de Interior parece darse por satisfecho. Alrededor de 50.000 vehículos circulan por la aduana cada verano sin que pase nada. La cosa, va a tener razón Alonso, es para estar tranquilos. José Luis Rodríguez Zapatero EFE GUERRA O PAZ EGÚN anunció ayer el portavoz del Grupo Socialista, el presidente del Gobierno comparecerá a finales de mes en el Congreso para informar sobre las misiones del Ejército en el extranjero. No habrá debate, sino un simple turno de intervenciones, y tampoco votación de resoluciones. La legislatura del diálogo adopta así un formato más llevadero para evitar contratiempos incómodos. La solicitud de PP e IU, que pedían un debate más amplio y la votación posterior de resoluciones en la Cámara Baja, cae en saco roto y la crisis de Afganistán se resuelve de la manera menos traumática para un Gobierno que aún tiene pendiente la explicación de la verdadera naturaleza de la misión que desarrollan nuestros soldados- -guerra o paz- -en aquella zona. S APROXIMACIÓN AL PNV L A reunión entre Rodríguez Zapatero y el lendakari Ibarretxe, que hoy tendrá lugar en La Moncloa, se engloba dentro de la serie de movimientos de aproximación del Gobierno socialista hacia el nacionalismo vasco- -PSE y PNV anunciaron ayer su intención de entablar negociaciones sobre los Presupuestos vascos- que refuerza la idea de que el Gobierno de Vitoria va a desempeñar un papel mucho más activo en el marco de la política antiterrorista diseñada por el Gobierno. La teoría de que los socialistas están preparando el terreno para saltar de los republicanos catalanes al PNV es una de las que se están manejando para explicar cómo es posible que el Gobierno central se afane tanto en agradar a un ejecutivo nacionalista que acaba de confirmar su programa soberanista con el apoyo explícito de la izquierda proetarra. Ni siquiera la comercialización política del discurso cosoberanista de Josu Jon Imaz, presidente del PNV, sirve de justificación, porque el principio de cosoberanía que éste defiende, lejos de ser un movimiento de moderación nacionalista, es exactamente la piedra angular del sistema confederal que propone el Plan Ibarretxe, tan vivo y activo como antes de las elecciones autonómicas vascas. La negativa del socialismo vasco a secundar las mociones de censura del PNV en las instituciones alavesas, aun siendo una decisión plenamente acertada, no implica una posición definitiva ante futuros envites nacionalistas al Gobierno foral y al Ayuntamiento de Vitoria, como bien se encargó de aclarar Javier Rojo, quien propuso unos excéntricos gobiernos de concentración en Álava. De una manera u otra, el PSOE, con Rodríguez Zapatero a la cabeza, no oculta que quiere llegar a acuerdos con el PNV y reclutar al País Vasco para el proceso de convergencia entre socialismo y nacionalismo ya emprendido en Cataluña y Galicia, para terminar de forzar el aislamiento del PP y el cambio del modelo de Estado. Cuestión distinta es que en el País Vasco el socialismo no es decisivo ni necesario para los planes nacionalistas. Obviamente, el presidente del Gobierno puede buscar las alianzas políticas que considere pertinentes. Pero en relación con el País Vasco, las necesidades políticas de su Gobierno no son más importantes que las exigencias democráticas y éticas que debería dirigir al lendakari Ibarretxe, sin olvidar que firmó con el PP un Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en el que se establecen unas condiciones concretas para cooperar políticamente con el PNV. Condiciones que no se han cumplido, porque el nacionalismo vasco sigue aplicando el acuerdo soberanista que en 1998 suscribió con ETA y la izquierda abertzale. BAJO EL AGUA L A magnitud de la catástrofe provocada por el huracán Katrina y la cada vez más evidente falta de medios para haberla reducido han llevado, a regañadientes, al presidente estadounidense a aceptar la apertura de una investigación que determine las responsabilidades de su Administración en la tragedia. Antes de que baje el nivel de las aguas que inundan Nueva Orleáns y se aprecie el rastro de muerte dejado por la tormenta, George W. Bush se dispone a rebobinar la película de un suceso anunciado para apreciar, de cerca, el fracaso de una política preventiva incapaz de contener los devastadores efectos de una tormenta que ya roza la Casa Blanca.