ABC MADRID 06-09-2005 página 4

4 Opinión MARTES 6 9 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LETRA GRANDE, LETRA PEQUEÑA L EL DIÁLOGO INSERVIBLE DE ZAPATERO L A cuarta reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy ha mostrado la amplitud de las distancias que separan al Gobierno socialista del primer partido de la oposición. Lo previsible del resultado, anunciado por el escepticismo previo de ambas partes, también es un síntoma de cómo ha arraigado la inviabilidad de una política de Estado, es decir, del reconocimiento entre ambas formaciones de criterios comunes para problemas que trascienden la alternancia política. Esta es una grave carencia que no se soluciona ni se maquilla, como pretende el Gobierno, con ofrecimientos de marcos estables de relaciones ni con actitudes paternalistas hacia el líder de la oposición, que incluyen recomendaciones de autonomía política o contra el inmovilismo Si se valora con objetividad la dimensión de los asuntos que están en la mesa de la actualidad política- -terrorismo, política exterior, reformas estatutarias, sanidad, educación- la falta de acuerdos entre el Gobierno y la oposición popular- -que representa a casi diez millones de votantes- -empieza a ser dramática para un país que necesita poner fin a polémicas constantes sobre cuestiones esenciales para su estabilidad. La ausencia de luz y taquígrafos durante la larga reunión de ayer descarga en las versiones de los asistentes las únicas opciones para formarse opinión al respecto, pero tras año y medio de gobierno socialista y la frustrante experiencia de reunión de enero pasado- -en la que se anunció una comisión bilateral para abordar las reformas estatutarias- -cabe concluir que Rodríguez Zapatero ofrece protocolariamente diálogo al PP, pero sólo está dispuesto a pactar con minorías radicales y nacionalistas. Que Rajoy saliera de la reunión diciendo que no había podido saber para qué le había convocado el presidente del Gobierno, aparte de una sacudida a la fama del talante presidencial, concuerda con el guión del Ejecutivo, o mejor dicho, con la ausencia de guión, porque está dando muestras de carecer de un estrategia definida sobre los principales problemas del país. Dejando a un lado la política de chequera que despliega el Gobierno en tiempos de zozobra, la improvisación empieza a predominar en las declaraciones gubernamentales y del PSOE. Así, en apenas una semana ha ofrecido una financiación sanitaria para luego retirarla y ha pasado a advertir contra aventurerismos estatutarios después de dos años de alentar al tripartito y jalear las virtudes del pacto con Esquerra, cuyo líder, Carod- Rovira, reclamaba ayer mismo la reforma de la Constitución. Las posibilidades de pacto con el PP son prácticamente inexistentes en tanto el PSOE no decida un cambio de política y, sobre todo, de socios. Ofrecer diálogo al PP, cuando el daño ya está hecho en política antiterrorista o a punto de consumarse en las reformas estatutarias, en la educación o en la financiación sanitaria es una manera de inutilizar unos recursos imprescindibles de la clase política para dar seguridad a la sociedad: la coherencia y la sinceridad. La política de tierra quemada que el Gobierno socialista está practicando en muchos ámbitos de la herencia de la etapa anterior no sólo hace impracticable cualquier voluntad de cambio, sino que acentúa la dependencia del Ejecutivo respecto a sus socios más extremistas. Ahora bien, la lealtad institucional de Mariano Rajoy al acudir a todos los llamamientos del jefe del Ejecutivo también sirve para poner de manifiesto la voluntariedad con que Rodríguez Zapatero persevera en la elección de socios políticos, principalmente Esquerra, a la que el PSC- -y, por extensión, el PSOE- -aceptó la condición de no pactar con el PP ni en Cataluña ni en Madrid. Zapatero está con ERC porque quiere. Habrá, por tanto, mucho de impostura en la oferta de diálogo que el Gobierno ha hecho al PP, mientras las decisiones políticas principales que adopta el Gobierno dependan de la transacción de intereses con fuerzas declaradamente desleales al Estado y a la Constitución y de alambicadas visiones tácticas que están beneficiando, a ojos vista, a organizaciones declaradas ilegales por ser terroristas. AS filtraciones se han confirmado y el Consejo Consultivo catalán ha dictaminado que 19 de los artículos de la reforma estatutaria del tripartito son inconstitucionales y otros 39 podrían serlo. Sobre este dictamen se ha descargado demasiada responsabilidad, como si fuera el veredicto final sobre el proyecto estatutario. Por eso es necesario recordar que la última palabra, en Cataluña y en el resto de España, es del Tribunal Constitucional y que lo dicho por el Consultivo no salva, aunque le diera el visto bueno, la constitucionalidad de la declaración de Cataluña como nación, cuestión nuclear del debate. Así que valórese el dictamen en su justa medida, porque si los árboles no dejan ver el bosque, y alguien cree que la labor de depuración del proyecto estatutario correspondía al Consultivo, se equivoca gravemente y distorsiona peligrosamente el paisaje. Bien está subrayar los 19 preceptos inconstitucionales, pero no se olvide que la piedra angular de la reforma del Estatut es ese artículo primero donde aparece el término nación, que sí cuenta ya con el visto bueno del Consejo Consultivo. Separemos la letra grande de la letra pequeña. José Antonio Alonso IGNACIO GIL OPERACIÓN CON GOBIERNO AL FONDO UANDO hace dos fines de semana el ministro de Industria, José Montilla- -que no suele prodigarse en grandes circunloquios- dijo, en relación con la designación o remoción de cargos en empresas privatizadas, aquello de el tiempo y los accionistas irán poniendo las cosas en su lugar... si fuera accionista no pondría a determinadas personas al frente de esas empresas tal vez estaba apuntando directamente y preparando el escenario propicio para que sus deseos y los del Gobierno se hicieran realidad. Ayer se conoció que Gas Natural, empresa participada en un 34 por ciento por La Caixa, ultima el lanzamiento de una opa sobre el cien por cien de las acciones de Endesa, lo que obligó a la CNMV a suspender la cotización de ambas compañías. Las tentaciones gubernamentales de inmiscuirse en empresas privatizadas que cotizan y viven en el mercado no es nueva. Montilla, como Solbes en su día, no tuvo recato en traspasar esa línea imaginaria que separa al mundo empresarial del ámbito en el que deben moverse los miembros del Gobierno, y que ha de ser discreto por naturaleza. Naturalmente, Montilla no hablaba a humo de paja. Más aún: el ministro ha cumplido su palabra. Porque sería ingenuo valorar la operación que plantea Gas Natural sólo desde un estricto punto de vista económico. Los movimientos em- TEMPORADA TERRORISTA C presariales de La Caixa, en su papel de elemento fundamental dentro del sector energético español, llevan aparejados un claro componente político que no puede desligarse del escenario sociopolítico catalán y del peso específico del tripartito, con ERC como maestro de ceremonias, dentro del panorama nacional. Cuando Montilla, cauto por naturaleza, fue tan explícito hace quince días era porque, posiblemente, ya supiera lo que iba a pasar. Y lo que ha pasado, casualmente, era lo que Montilla, ministro y catalán, quería que pasase. El peso de La Caixa, que ha dado indiscutibles muestras de eficacia en la gestión empresarial, crece paralelo a la capacidad de influencia del Gobierno de Cataluña en las decisiones del Ejecutivo de Zapatero, que tendrá que desplegar todas sus dotes de persuasión para convencer a amplios sectores económicos y políticos de que es ajeno a la operación conocida ayer. Al Gobierno, aunque trate de ocultarla, se le ve la mano. Y es notorio que el control del mapa energético se ha desplazado de manera sensible a Cataluña, centro neurálgico de grandes decisiones empresariales que, sin el apoyo del Ejecutivo socialista, posiblemente no se habrían hecho realidad. Por mucho que se esfuerce en ocultarlo, la satisfacción del Gobierno de Rodríguez Zapatero era ayer evidente. Aunque jugara a ser neutral. E L ministro del Interior tuvo que emplearse a fondo para explicar cómo es posible que España deje pasar a Europa a 650.000 personas sin control desde Marruecos, después de que ABC informara de que la frontera de Algeciras se ha convertido en un coladero durante la Operación Paso del Estrecho. Alonso no encontró mejor argumento para la defensa de su Ministerio que subrayar que el despliegue del Paso del Estrecho no es una operación antiterrorista, sino un dispositivo policial destinado a la inmigración vacacional O sea, que el operativo antiterrorista, según el ministro, y en lo que respecta a la vigilancia en la frontera de Algeciras, no funciona ni en julio ni en agosto por vacaciones del personal (no el policial, sino el que pretende cruzar la aduana) Alonso fue más lejos, al asegurar que todos los que pasan son legales. ¿Cómo lo sabe el ministro si la Policía no cuenta con medios para comprobar la veracidad documental de las 15.000 personas que llegan cada día? Misterios.