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ABC DOMINGO 4 9 2005 Nacional 21 ÁLVARO DELGADO- GAL GASTO YO, PAGA OTRO l Gobierno quiere que las autonomías contribuyan a enjugar el déficit sanitario. ¿Cómo? Permitiéndoles que graven el consumo de la luz, la gasolina, el tabaco y el alcohol. Nadie con dos dedos de frente negará la conveniencia de que los gobiernos autónomos se sumen a las labores de recaudación. Pero la fórmula que se ha escogido es mala, y la probabilidad de que prospere políticamente, escasa. Vayamos por partes. Las transferencias en Sanidad han provocado una situación esquizofrénica. Las CC. AA. realizan el gasto. No contribuyen, sin embargo, a financiarlo con impuestos propios, pese a contar con instrumentos fiscales destinados a ese fin. El resultado ha sido un crecimiento preocupante de la deuda sanitaria, impulsado por el propio proceso democrático. Ni el ciudadano desea pagar lo que valen los servicios que recibe, ni los equipos de gobierno regionales quieren desempeñar el papel ingrato de sacamantecas. Se junta el hambre con las ganas de comer, y el pasivo sube que da gusto. El único modo de cortar el círculo vicioso es traer a unos y otros a la realidad. El ciudadano debe percibir que lo E que consume cuesta dinero; y el político debe arrostrar el desgaste que implica poner precio a lo que ofrece. Satisfechas estas condiciones, el proceso democrático se invierte y genera responsabilidad. El votante, sobre el papel, derribará al político demagógico que, después de haber jugado a ser papá Noel, presenta unas cuentas que dejan sin aliento. Por desgracia, ni el céntimo sanitario, ni recargo alguno sobre consumos no relacionados explícitamente con la Sanidad, son adecuados para alimentar esta dinámica terapéutica. El céntimo, o equivalentes, se pagará sin que nadie acierte a conocer por qué. Y la gente no apreciará el hecho que urge poner de relieve: que los recursos escasos no salen gratis. La objeción, obviamente, es extensible al recargo que sobre el consumo de alcohol- -suben los impuestos el 10 por ciento- -y del tabaco- -5 por ciento- ha acordado el Gobierno a nivel nacional. En resumen: se pretende hacer frente al problema buscando atajos y arbitrismos mucho menos eficaces que un impuesto sanitario específico. Los gobiernos autónomos, uno de los orígenes de la dificultad, se han resisti- do hasta ahora a aceptar la solución más racional, al tiempo que más comprometedora para sus intereses. Hemos hablado de estrategias orientadas a contener la deuda. En un país de vocación federal, y España lo es, lo natural sería ir más allá, y autorizar a las regiones para que, aportando fondos oriundos, ofrezcan prestaciones superiores a los mínimos garantizados por el Estado central. ¿Se intentará algo en ese sentido? Yo creo que no. La causa reside en que es casi imposible, en materia sanitaria, ponerse de acuerdo sobre lo que es un mínimo. La salud se asocia con derechos básicos, y los derechos básicos no admiten un más y un menos. Las comunidades pobres se verían ante el dilema siguiente: o renunciar a determinados servicios, o igualarse a las ricas extrayendo recursos equivalentes de sus contribuyentes respectivos. Lo último obligaría a los contribuyentes menos ricos, obviamente, a realizar un esfuerzo fiscal mayor. Oiríamos decir que mantenerse con vida sale más caro al sur que al norte del Tajo, o en Galicia que en Cataluña. Y se armaría un guirigay del demonio. Se quiere hacer frente al déficit buscando atajos y arbitrismos mucho menos eficaces que un impuesto sanitario específico Pero hemos echado a volar la fantasía. Es de temer que no salgan adelante siquiera, salvo sorpresas, las chapuceras medidas de reducción del déficit excogitadas por el Gobierno. El PP ha protestado ya contra la medida, pese a que él propuso otras análogas cuando estaba en el poder. Un caso claro de incoherencia, simétrica de la de los socialistas, enemigos de esa misma política cuando eran oposición. No hace falta, sin embargo, remitirse al PP para rebajar expectativas. El escenario en que las medidas habrán de ser aprobadas es peculiarmente difícil: la Conferencia de Presidentes. A la Conferencia acudirán los jefes autonómicos, en representación hipostática de los electorados a quienes deben el cargo. ¿Conciben ustedes a Ibarra anunciando a sus paisanos, de vuelta a Extremadura, que ha llegado la hora de asumir una parte de la factura sanitaria? Es posible que Ibarra, o cualquier otro, aceptase acuerdos sellados con sigilo, bajo la cobertura de argumentos técnicos y, por lo mismo, inaudibles para el votante. Pero ir a la Conferencia es como pasearse por la plaza mayor del pueblo. Lo que se determine en la Conferencia será visto, y registrado, por miles de ojos. Lo más probable es que los jefes autonómicos rehúsen aflojar la mosca, sin impedimentos ni estorbos por parte de Zapatero, el más empeñado de todos en proyectar una imagen de concordia y feliz armonía entre los territorios. Los autonómicos seguirán acumulando deuda, si Dios no lo remedia.