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12 Nacional PROPUESTA DEL GOBIERNO PARA FINANCIAR LA SANIDAD REACCIONES VIERNES 2 9 2005 ABC La postura de las autonomías ANDALUCIA (PSOE) Manuel Chaves Población: 7.687.518 habitantes, un 5 por ciento más que en 1999. Gasto sanitario en 2003, de 6.438 millones de euros y una financiación de 5.811. Su déficit es de 627, según Hacienda. La Comunidad cifra el déficit en torno 530 millones. Estrategia: dispuesto a aplicar el céntimo sanitario para incrementar los ingresos, medida a la que antes se oponía, con un incremento impositivo sobre el tabaco y el alcohol. Pedirá tener en cuenta el incremento de población y la tasa de extranjeros desplazados. ARAGÓN (PSOE) Marcelino Iglesias Población: 1.249.584 habitantes, un 5,3 por ciento más que en 1999. Gasto sanitario de 1.231 millones de euros, de los que se financian 1.090, con lo que el déficit se calcula en unos 141 millones. Estrategia: Conforme con la idea del Gobierno de financiar conjuntamente en cuatro años 3.000 millones, mitad Gobierno, mitad Comunidades. Incidirá en la necesidad de que el nuevo sistema de reparto tenga en cuenta los criterios de dispersión poblacional, extensión territorial y envejecimiento, además del incremento poblacional. MADRID (PP) Esperanza Aguirre Población: 5.804.829 habitantes, casi un 13 por ciento más que en 1999. Gasto sanitario: Unos 4.600 millones, de los que están financiados 4.043. El déficit es de unos 563 millones. Estrategia: Se opone a aceptar para todas las Comunidades los 3.000 millones de financiación adicional que propone el Gobierno a medias entre Administración Central y Autonomías, por considerarlo una limosna y, en todo caso, un parche Madrid calcula que sólo esta Comunidad necesita unos 1.200 millones y no está dispuesta a subir los impuestos. Sólo en 2003, recibió unos 4.900 millones menos de lo que gastó. COMUNIDAD VALENCIANA (PP) Francisco Camps Población: 4.543.304, un 11,7 por ciento más que en 1999. Gasto sanitario: 3.998 millones, frente a una financiación de 3.280, lo que genera unos 720 millones de déficit. Estrategia: Se opone a una subida recaudatoria impuesta desde el Gobierno. Reclama una atención especial a la movilidad poblacional, ya que durante seis meses al año recibe diez millones de turistas, con sede sanitaria en otras Comunidades, que requieren de atención en la Valenciana. Además, apela al notable incremento poblacional experimentado. Reclamará entre 500 y 600 millones. BALEARES (PP) Jaume Matas Población: 955.045 habitantes, un 16,2 por ciento más que en 1999. Registra la tasa más alta de incremento en aumento de población. Gasto sanitario: 825 millones anuales, de los que cubre 681. El déficit es de unos 150 millones. Estrategia: Será una de las comunidades del PP más combativa. Considera absolutamente insuficiente la propuesta del Gobierno. Su principal exigencia es tener en cuenta el notable incremento de su número de habitantes, así como el turismo. Cree que la oferta del Gobierno no cubrirá ni siquiera el coste equivalente al 50 por ciento de sus necesidades. CANARIAS (Coalición Canaria) Adán Martín Población: 1.915.540 habitantes, un 14,5 por ciento que en 1999. Gasto sanitario: 1.803 millones al año, de los que sale financiado con 912. El déficit no llega a 120. Estrategia: Coalición Canaria rompió meses atrás su coalición de gobierno con el PP e inició un acercamiento al PSOE. Se resignará a aceptar la oferta que llegue desde Madrid y si el Gobierno no cumple con las expectativas de CC, su presidente, Adán Martín, ha anunciado que está dispuesto a aumentar los impuestos aunque no es bueno En principio, cree insuficientes los 750 millones que ofrece el Gobierno para todas las Comunidades. MURCIA (PP) PAÍS VASCO (PNV- EA- EB) Juan José Ibarretxe Población: 2.115.279 habitantes (en 1995 había 2.130.783) Gasto sanitario y estrategia: El País Vasco, como Navarra, no forma parte del régimen común de gestión de la sanidad pública. Tiene resuelta su financiación mediante el Concierto Económico y el llamado Cupo vasco que tiene acordado bilateralmente con el Gobierno. Por tanto, en líneas generales, lo que se decida en la Conferencia autonómica no tiene por qué incidir directamente en la deuda sanitaria del País Vasco. Pero Ibarretxe dará sus puntos de vista. Ramón Luis Valcárcel Población: 1.294.694 habitantes, un 14,5 por ciento más que en 1999. Gasto sanitario: 1.130 millones, de los que ve financiados 898. Su déficit está calculado en unos 230. Estrategia: Considera una migaja la oferta del Gobierno y apuesta por reconocer el censo real de población como elemento clave de la reforma. En el caso de Murcia, hay 150.000 habitantes que generan un coste no contemplado por el actual modelo. No acepta subir impuestos. Dice que con la propuesta del Gobierno recibiría 29 millones al año, pero necesita 200. Rechazo frontal del PP a la primera gran subida de impuestos del Gobierno socialista Los populares tachan la propuesta de Zapatero de insuficiente, insolidaria e inflacionista b El primer partido de la oposición considera que la fórmula del Ejecutivo para la financiación sanitaria es un parche para dar solución a los problemas de sus socios J. L. LORENTE MADRID. La propuesta del Gobierno socialista para paliar el déficit sanitario no contará con el apoyo del principal partido de la oposición. De momento- -y a la espera de que los presidentes autonómicos del PP se reúnan con la dirección del partido el próximo lunes en Madrid- los populares se encargaron ayer de expresar su rechazo frontal a lo que consideran la primera gran subida de impuestos del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Para el primer grupo de la oposición, el plan de los socialistas pone en evidencia que Zapatero incumple su promesa de no elevar la presión fiscal. Muchos fueron los reproches que los populares lanzaron ayer al presidente del Gobierno. En la sede central del PP en la calle Génova de Madrid se habló de propaganda para salir en los telediarios mientras los barones territoriales quisieron dejar claro que sus Ejecutivos autonómicos no subirán los impuestos para paliar el déficit de la sanidad pública. No haremos recaer sobre los ciudadanos lo que el Estado está obligado a pagar por ley aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Una limosna de 500 millones La estrategia del PP es oponerse al plan del Gobierno socialista por insuficiente, insolidario e inflacionista Así lo señalaron ayer los secretarios de Economía y Política Social del primer partido de la oposición, Miguel Arias Cañete y Ana Pastor, en una rueda de prensa inmediatamente posterior al acto de presentación de la iniciativa que hizo el Ejecutivo. Los populares no sólo critican la fórmula- -calificada de parche para resolver los problemas de los socios del Gobierno (en alusión a ERC) sino que denuncian el hecho de que la propuesta no se hubiera negociado previamente e, incluso, que ni siquiera se tuviera en cuenta la delicadeza de remitirla antes de su presentación oficial. Ana Pastor cree que se trata, por un lado, de un plan de mera propaganda- con el que queda claro que la sanidad no es una prioridad para el Ejecutivo -y, por otro, una iniciativa insolidaria porque puede provocar diferencias entre los territorios. Según explicó, con esta propuesta, los 3.700.000 ciudadanos que se han in- El PP nunca aceptará un sistema en el que la aportación estatal esté vinculada a una mayor presión fiscal corporado al sistema sanitario en la última etapa sólo contarán de media con 213 euros al año, cuando en enero de 2004 el sistema destinaba más de mil euros por persona y año. Pero lo que más critican los populares es la mayor presión fiscal. Arias Cañete explicó que los ciudadanos pagarán parte del sistema sanitario mediante el incremento del impuesto de electricidad e hidrocarburos. Tras recalcar que la gasolina cuesta desde que el PSOE llegó al poder un 27 por ciento más cara, dijo que la iniciativa es una subida sobre una subida Además, el dirigente del PP acusó al presidente del Gobierno de falta de talante negociador y quiso dejar claro que su partido nunca aceptará un sistema en el que la aportación estatal esté vinculada a una subida de impuestos. En este momento en el que el Estado tiene un exceso de recaudación de 7.000 millones de euros, hay margen financiero para no dar la limosna de 500 millones durante dos años