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4 Opinión JUEVES 1 9 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil TROPIEZO CONSULTIVO YER fue el propio presidente del Gobierno el que pidió a los miembros de su partido silencio para no distorsionar el debate sobre el nuevo Estatuto catalán, pero las voces no dejan de sonar alrededor del texto de la discordia, algunas tan autorizadas como la del propio Consejo Consultivo de la Generalitat, que ha advertido que el núcleo central del proyecto de financiación del Estatuto es inconstitucional. La propuesta financiera incluida en el borrador fue considerada como una demanda irrenunciable por los representantes de ERC y CiU, por lo que el fallo del Consejo que asesora a la Generalitat- -aunque de carácter no vinculante- -viene a herir de muerte al proyecto si los partidos nacionalistas siguen, como es previsible, sin renunciar a sus exigencias. Zapatero pide silencio, pero el texto sigue dando que hablar, y cada vez a peor. A LOS CÉNTIMOS DE LA SANIDAD A deuda sanitaria es una de las más onerosas losas que pesan sobre las Comunidades autónomas, que en los últimos años han disparado su gasto de manera irrefrenable. Las causas son variadas y no se pueden circunscribir al pasivo heredado de la época en que la gestión del sistema sanitario dependía de la Administración central; eso sólo supone una parte de ese débito. La nueva coyuntura (inmigración, envejecimiento de la población) también ha contribuido a este baño en los números rojos, tanto como la compleja red de cargos burocráticos que ha acompañado en cada región la asunción de las competencias. Y como la génesis del problema es coral, lo mejor es que su solución pase por alcanzar el mayor grado de consenso posible. Pero no va a ser fácil. En principio, la propuesta- -adelantada ayer por ABC- -que Zapatero tiene pensado llevar a la conferencia de presidentes recoge la posibilidad de dar a las autonomías la libertad de gravar el combustible y la luz con el fin de ir limando ese déficit. Cuatro (Madrid, Cataluña, Asturias y Galicia) ya aplican el denominado céntimo sanitario a las gasolinas y otras tantas (Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Andalucía) tienen pensado llevarlo a cabo en 2006. Se trataría de extender el asunto al recibo de la luz. De nuevo, cae sobre el contribuyente la solución a un problema que, por ese motivo, ha de contar con una explicación pedagógica y, sobre todo, estar acompañado de un infinita transparencia. Porque el debate es más amplio y arranca de la necesidad de que las Comunidades gestionen mejor sus recursos y ahorren más en otros apartados que sí admiten mermas. Sobran los ejemplos, pero no se conocen demasiadas economías en los medios de comunicación públicos, a cargo, igual que la sanidad, del contribuyente. En general, este gobierno no ha hecho ningún esfuerzo apreciable para reducir el gasto público, más bien lo ha aumentado a lo largo de los dos ejercicios fiscales sobre los que ha desplegado su mandato. Y otro tanto plantea en el proyecto de presupues- L to para el 2006, con un crecimiento del gasto público mayor que el pronosticado para la economía nacional. De esta forma, Zapatero incumplirá otra de sus promesas electorales: que el gasto público no desborde el 40 por ciento del PIB. De lo que se trata, en definitiva, es de que mejore la gestión de los recursos, y si aún después sigue haciendo falta dinero, se acuda a gravámenes extraordinarios a los que sólo se ha de llegar cuando el resto de las soluciones resultan infructuosas. Porque si no se controla el gasto se habrán de ir gravando más y más productos de consumo generalizado. Estos días se está produciendo un curioso cambio de papeles entre el Gobierno y la oposición, de tal manera que mientras el PSOE se negaba a aplicar el céntimo sanitario en la época de Gobierno del PP, ahora son los socialistas los que promueven la medida ante el escepticismo de los populares. Los vaivenes indican que subir los impuestos no parece una solución definitiva. Un hecho adyacente complica la puesta en práctica, pues son varios Ministerios los que han de ponerse de acuerdo sobre la viabilidad de la medida. No será fácil conciliar los intereses de Economía con los de Industria y Comercio. Por tanto, lo primordial es que el Ejecutivo socialista se aclare y haga llegar su propuesta formal a las diecisiete comunidades. Porque a diez días de la conferencia de presidentes no hay documento oficial, cuando un asunto tan delicado y vital requiere un estudio en profundidad. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, se comprometió a hacer llegar en dos días su oferta. La tardanza no supone un síntoma esperanzador y todo apunta a que el Gobierno ha optado por convertir el asunto en un trágala cuando se reúnan los líderes autonómicos. Conviene recordar, por último, que Zapatero hizo durante la campaña electoral, para unas elecciones que no iba a ganar, bandera de que no subiría los impuestos. No era cierto: una vez al mando va a subirlos. En este caso lo quiere hacer con disimulo, endosando el gasto a los gobiernos autonómicos. Artur Mas ELENA CARRERAS ESTAMPIDA MORTAL L LA SEGURIDAD EN CEUTA Y MELILLA E L asalto frustrado, en la noche del pasado domingo, de 300 inmigrantes a la valla metálica que separa Melilla de Marruecos pone de manifiesto que la lucha contra la inmigración ilegal no se compone sólo de buenas palabras y regularizaciones masivas, sino también de decisiones que implican firmeza y autoridad. Más aún teniendo en cuenta que este método de la avalancha no es nuevo. En agosto del pasado año, cerca de cuatrocientos inmigrantes intentaron entrar por la fuerza en Ceuta y provocaron graves enfrentamientos con la Guardia Civil, cuyos mandos vienen denunciando desde hace tiempo la falta de medios humanos y materiales para vigilar adecuadamente los perímetros de los dos enclaves españoles. La muerte de uno de los asaltantes, durante el intento del pasado domingo, ha subido el tono del incidente, si bien la Guardia Civil ha rechazado la versión de que el fallecimiento se debiera a la fuerza empleada por los agentes para repeler la entrada ilegal. En todo caso, es necesario aclarar las causas de esta muerte y revisar la supuesta colaboración de Marruecos en la contención de las salidas de inmigrantes ilegales. En el mes de abril, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, declaraba no poder estar satisfecho con la cooperación marroquí en la lucha contra la inmigración. Tenía razón para no estarlo. Sin embargo, Rodríguez Zapatero ensalzó recientemente la colaboración del Reino alauí, en el mitin de La Laguna con el que abrió el curso político, y atribuyó al diálogo con Rabat la reducción de pateras en Canarias. Puede que en ciertas islas del archipiélago haya bajado la presión de las pateras, pero según los datos de Interior ha aumentado en otros puntos del territorio nacional. En particular, en Ceuta y Melilla la llegada de embarcaciones ha aumentado un 450 por ciento y un 900 por ciento en el primer semestre de este año, respectivamente, sobre el mismo período del año anterior. Por muy comprensible que sea el empeño del Gobierno en hacer ver a la opinión pública los buenos efectos del talante en las relaciones con Marruecos, es imposible que las autoridades marroquíes no estén al tanto de estos preparativos de asalto. Sencillamente, no se vigila al otro lado de la valla. A nadie debería llamar la atención que la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, con resultados de alteración del orden público y otros similares, corre paralela al permanente interés anexionista del Reino alauí sobre estas dos ciudades autónomas españolas. Por eso, la tradicional amistad con Marruecos será creíble cuando sus autoridades controlen sus costas, actúen decididamente contra los traficantes de mano de obra y desmantelen los campamentos de inmigrantes que rodean Ceuta y Melilla. Entre tanto, compete al Gobierno español el dotar de medios suficientes a las Fuerzas de Seguridad que custodian el vallado. A sobrecogedora tragedia que se vivió ayer en el puente sobre el río Tigris en Bagdad, cuyo balance final puede que se acerque al millar de muertos, está también ligada al terrorismo. No es exagerado considerarla un asesinato masivo, pues fueron elementos de Al Qaida los que provocaron la sensación de pánico que vivieron los peregrinos y que derivó en la descomunal estampida. Irak vive una situación de emergencia y, por lo tanto, estas movilizaciones masivas resultan inconvenientes para garantizar una seguridad que ya es difícil mantener en el día a día. Parece pertinente que hasta que no mejoren las condiciones de seguridad no se repitan estas peregrinaciones religiosas, que terminan por resultar una invitación para que los insurrectos intenten hacer el mayor daño posible. AGRAVIO INACEPTABLE ÓLO como un agravio comparativo puede observarse la decisión del Ministerio de Industria de no permitir a Telemadrid que emita en analógico su segundo canal (laOtra, que ahora lo hace en tecnología digital) cuando diversas autonomías cuentan con dos y hasta tres canales. No existe ninguna explicación políticamente convincente para que se deniegue a Madrid lo que se permite en Cataluña, Andalucía, País Vasco o la Comunidad Valenciana. Por tanto, es muy difícil no observar que la decisión del departamento que dirige José Montilla trata de castigar a una autonomía gobernada por el Partido Popular, discriminación inaceptable con la que se penaliza a los madrileños. S