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4 Opinión DOMINGO 28 8 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ABU GHRAIB, ABIERTA A LA ESPERANZA E POLÍTICOS CONTRA CIUDADANOS N unas declaraciones recientes, la ministra de Medio Ambiente trasladaba a los ciudadanos la responsabilidad sobre ciertos problemas que el Gobierno no consigue encauzar de forma satisfactoria. Asegura Cristina Narbona que en Galicia existe cierta tolerancia social hacia los pirómanos, y remata la faena con una generalización inaceptable sobre el comportamiento de los españoles en materia de consumo de agua, propio- -según la ministra- -de nuevos ricos La epidemia dialéctica está muy extendida en el Ejecutivo socialista. Es fácil recordar otras expresiones desafortunadas. Por ejemplo, atribuir a los automovilistas los atascos producidos por la operación salida o el colapso de las carreteras durante las nevadas del pasado invierno. Hemos escuchado otras veces a los responsables políticos quejarse de que se consume excesiva electricidad o demasiada gasolina. Da la impresión de que nuestros gobernantes se sienten más cómodos diseñando estrategias partidistas que gestionando con eficacia los asuntos de su competencia. De forma paralela, lo decepcionante del nivel de respuesta del Ejecutivo socialista ante esos problemas revela la ausencia de proyecto con la que Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa. Hay cierta tentación de reducir la política a pura retórica, afición que promueve el propio presidente del Gobierno con un discurso plagado de buenas intenciones, pero poco centrado en el despacho diligente de los asuntos que importan de verdad a las personas. Cuando se trata de enfrentarse con las dificultades del día a día (sanidad, educación, vivienda, etcétera) al Gobierno le cuesta ponerse las pilas para cumplir con la exigencia constitucional de que la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo, entre otros, con los principios de eficacia y eficiencia. La prestación de servicios públicos en condiciones de calidad suficiente es un requisito inexcusable en el E actual estado de bienestar. En determinado nivel de desarrollo (que España ha alcanzado, por fortuna, hace algún tiempo) no basta con pedir resignación a los ciudadanos, a la vez que se les exige a fondo el cumplimiento de las cargas tributarias. Las prestaciones públicas no son producto de la benevolencia gubernamental: la gente financia los servicios que recibe y tiene derecho a reclamar una gestión a la altura de las circunstancias. Le guste más o menos a la ministra de Medio Ambiente, es preciso allegar los medios que sean necesarios para reducir el riesgo o para sofocar, en su caso, los incendios forestales. Hay que practicar una política hidrológica solidaria y racional, más allá de compromisos coyunturales. Es obligado invertir en infraestructuras y adoptar medias legislativas y administrativas para reducir la siniestralidad en las carreteras. Se debe planear y desarrollar una política energética adecuada a las necesidades de un país industrializado y en plena expansión. Lo mismo cabe decir de todas y cada una de las ramas de la Administración pública porque, a pesar de la descentralización propia del Estado autonómico, el Gobierno conserva funciones importantes, incluida la coordinación de los entes territoriales. Algunos miembros del Gobierno tienen que revisar esa curiosa tendencia a eludir sus obligaciones y cargar las culpas sobre la espalda de los ciudadanos. Otra cosa es que se desarrollen las campañas pertinentes para sensibilizar a los usuarios sobre necesidad de cuidar los bosques, circular con precaución o gastar agua y electricidad de forma moderada. Los políticos son los primeros que deben dar ejemplo de prudencia y sentido común. Pueden y deben hablar de desarrollo sostenible sociedad del riesgo o consumo responsable Pero los ciudadanos en un estado democrático son titulares de derechos y obligaciones y la Administración gestiona en su nombre los asuntos de interés general: que no lo olviden los altos cargos a la hora de asumir las responsabilidades que les conciernen. SCENARIO de uno de los episodios más crueles e ignominiosos de la larga crisis de Irak, la prisión de Abu Ghraib abrió ayer sus puertas para que alrededor de mil prisioneros recuperasen su libertad y abandonasen el recinto que simboliza el lado oscuro de la potencia que vigila la lenta y penosa transición a la democracia del pueblo iraquí. Todos los presos eran suníes, la minoría que peor parada sale del borrador constitucional que estos días trata de completar el Parlamento iraquí y con el que la Administración estadounidense intenta rebajar la tensión que dificulta las negociaciones de un proceso clave para el futuro del país. Nuestros esfuerzos en Irak y en Oriente Próximo requerirán más tiempo, más sacrificio y una determinación continua advirtió ayer George W. Bush en su alocución radiofónica semanal. No sólo se refería al Ejército el presidente norteamericano, también a las tareas diplomáticas y los gestos de apoyo que- -en un mapa de recelos vecinales que amenaza con degenerar en guerra civil- -la democracia occidental está forzada a llevar a cabo para exportar con éxito su modelo de convivencia. Pernando Barrena EFE EL ENTRAMADO ETARRA SE CRECE PROSIGUE LA SANGRÍA DOMÉSTICA L asesinato de una mujer en Torrevieja, presuntamente a manos de su compañero sentimental, al día siguiente de que otra muriera estrangulada en Palma de Mallorca a manos de su esposo, eleva hasta 41 el número de víctimas mortales de lo que se ha venido en llamar violencia contra la mujer, lo que iguala prácticamente los asesinatos acaecidos el año pasado a estas alturas. Con una diferencia: hace meses que está en vigor la ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en el mes de diciembre. Poco o nada se ha progresado en este sentido. Vendida en su día como panacea de esta lacerante lacra social, la aprobación de esta norma fue utilizada partidistamente para afear la conducta del anterior Ejecutivo y su supuesto desinterés por eliminar este fenómeno de los hogares. Se trataba, en fin, de uno de los proyectos estrella del Ejecutivo socialista, que, visto lo visto, naufraga en su objetivo principal. Porque una vez puesta en funcionamiento la ley, y testada su ineficacia práctica contra la sangría insoportable de muertes que acaecen día sí y día también, cabe preguntarse por qué ha desaparecido de la noche a la E E mañana la presión de determinados colectivos sociales que parecen haber apagado su altavoz en la denuncia pública de cada muerte. Entonces, desde esas asociaciones se hacía al Gobierno del PP responsable subsidiario, por inacción o negligencia, de los asesinatos. Esas voces de denuncia llegan hoy más difuminadas que nunca debido, seguramente, a la identidad ideológica con el partido en el poder. Pero el problema sigue ahí, inalterable y cruel, como una tacha inadmisible para una sociedad de tan alto nivel de desarrollo como el que se le supone. A estas alturas parece claro que la ley es aún muy perfeccionable y que se debe perseverar en otros mecanismos que contribuyan más eficazmente a la erradicación de esta enfermedad social. Con un problema añadido, pues la norma camina con paso decidido hacia el Tribunal Constitucional por su dudoso encaje con el principio de igualdad que consagra la Carta Magna. Urgía legislar, pero sobraba toda la parafernalia taumatúrgica que a más de uno le hizo augurar la desaparición de raíz de la violencia de género. Queda mucho por hacer, y lo primero es deshacerse de la demagogia ante un problema en absoluto resuelto. L órgano de difusión etarra se vanagloriaba ayer del rotundo fracaso de la ilegalización de Batasuna que supuso el que se celebrara la manifestación de Bilbao, consentida por el Gobierno vasco y, de rebote, por el Ejecutivo central, que renunció de antemano a plantear la batalla legal contra esta vulneración del Estado de Derecho. Dar pie a Batasuna lleva aparejado que se envalentone y que, como finalmente ocurrió, uno de sus dirigentes se atreva a retar en ese acto ilegal al presidente del Gobierno. El diario Gara celebraba ayer el debate a distancia mantenido entre Pernando Barrena y Rodríguez Zapatero. No es de extrañar esta actitud proetarra, que ayer redobló sus actos de terrorismo callejero contra sedes de partidos constitucionalistas. Cuando la banda y sus satélites advierten que se afloja la presión política, judicial y policial (las tres claves de su asfixia) que se ejerce sobre él, toma aire y se crece. La situación ha empeorado desde que el Gobierno decidió abrir una expectativa de diálogo que se está revelando muy contraproducente.