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4 Opinión VIERNES 12 8 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil DESAFÍO AL ESTADO DE DERECHO E INCÓGNITAS EN ROQUETAS L A comparecencia del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados no ha logrado despejar las dudas que se plantea la opinión pública sobre los sucesos de Roquetas de Mar. Las explicaciones llegan tarde, a pesar de que, forzado por las circunstancias, la Cámara haya adelantado la fecha prevista en un principio. Once días tardó Alonso en hacer sus primeras declaraciones desde que conoció la muerte de Juan Martínez. Se antojan demasiados. Sobre todo porque el asunto se gestionó mal desde el primer momento, especialmente porque las declaraciones de Alonso sobre resistencia a la investigación han contribuido a transmitir una imagen de desconcierto. El ministro dejó claro ayer que, desde la perspectiva que le corresponde, el teniente imputado resulta ser el responsable principal. Ante la insistencia del portavoz popular, Ignacio Astarloa, Alonso se vio obligado a practicar un extraño equilibrio respecto del director de la Guardia Civil: por una parte, la defensa (goza de la plena confianza del Gobierno y, por otra, la crítica por sus palabras desafortunadas Pero el asunto dista mucho de estar resuelto. Horas antes, la vicepresidenta Fernández de la Vega había eludido expresar su apoyo al general Gómez Arruche. Las difíciles relaciones entreInterior y Defensa enesta materia complicansingularmente una situación que ahora se pretende enfriar de forma transitoria. Por ello, sería arriesgado a medio plazo apostar por la continuidad en un puesto que exige una alta dosis de sutileza política e institucional. Es sintomático a este respecto que ayer el ministro hiciera notar que tuvo conocimiento de los hechos a través de una llamada del delegado del Gobierno y no del director del instituto armado. No parece que eso deba generar mucha confianza Los sucesos acaecidos en Roquetas son por completo inaceptables desde la perspectiva del Estado de Derecho. Como es lógico, han de ser los tribunales los que determinen las responsabilidades penales en un caso tan delicado. Pero sea cual fuere la tipificación penal, es evidente que Juan Martínez entró por su propio pie en la casa- cuartel y que parece probada la utilización de porras ilegales, así como la ocultación de partes sustanciales del vídeo. Cuando habla de transparencia y tolerancia cero ante estas conductas, Alonso se limita a expresar una obviedad en el marco de un sistema constitucional y democrático. El Gobierno ha estado poco afortunado al enfocar estos hechos. Pero se trata de un caso aislado y singular, cuyos responsables tienen nombres y apellidos y deberán ser castigados por la vía penal y, en su caso, administrativa. No se trata de realizar un castigo ejemplar ni de generalizar comportamientos concretos. La Guardia Civil rinde servicios muy valiosos a la seguridad pública y su actuación merece el máximo elogio en terrenos tan arriesgados como la lucha contra el terrorismo. Eso no justifica, por supuesto, ni éste ni ningún otro tipo de excesos, pero es una falacia interesada utilizar el caso Roquetas para poner en cuestión a una institución modélica. En este sentido, suenan a apolilladas las declaraciones de dirigentes de IU o del PNV, que tratan de pescar en río revuelto. Es aún menos comprensible que ciertos sectores del PSOE pretendan reactivar el debate sobre la desmilitarización de la Guardia Civil, vieja reivindicación de un progresismo más que superado después de un cuarto de siglo largo de régimen constitucional. Estas tesis arcaicas carecen de lógica a día de hoy, entre otras razones porque nada garantiza que el cambio de naturaleza de una institución produzca por definición un efecto benéfico sobre el comportamiento de todos sus miembros. El modelo actual para la Guardia Civil sigue siendo válido. Es el Gobierno el que tiene la obligación de conjugar las funciones de Defensa y de Interior. La sesión de ayer en el Congreso confirma que la reacción gubernamental ante el caso Roquetas ha sido tardía y poco convincente. Los hechos tardaron demasiado tiempo en ser admitidos; los vídeos y los informes de Criminalística aparecen sorprendentemente mutilados, sin justificación alguna; en fin, en el plano político, las declaraciones de unos y de otros han contribuido a generar confusión y desconcierto ante una opinión pública que exige claridad absoluta. NVALENTONADO por anteriores desidias en el cumplimiento de la ley, el entramado batasuno se atrevió ayer a desafiar al Gobierno vasco al mantener la convocatoria de la manifestación programada para el próximo domingo en San Sebastián, y que en la víspera fue prohibida por la Consejería de Interior. Sólo las inacciones anteriores en la represión de actos de un grupo terrorista como el encabezado por Otegi- -reconocido como tal en el seno de la Unión Europea- -explican este desvergonzado reto. La última, el reciente homenaje en pleno centro de San Sebastián a un etarra muerto, ante la pasividad de la Ertzaintza, que sólo intervino- -disparando al aire- -cuando al termino de la concentración se vio atacada por una parte de vándalos que participaban en las pompas fúnebres. El Ejecutivo vasco tiene la obligación de impedir, con toda la contundencia que otorga la ley, esta concentración de proetarras, que si se atiene al ceremonial estándar terminaría, en cualquier caso, con graves incidentes. La violencia es algo consustancial a los convocantes y el deber de las autoridades es hacer cumplir la ley y proteger a la ciudadanía de quienes desafían- -encapuchados o a cara descubierta- -al Estado de Derecho. Arnaldo Otegi TELEPRESS DEPORTACIONES EN LONDRES LA VICTORIA DE MERKEL SE COMPLICA L A Policía británica detuvo ayer a diez extranjeros, de credo islamista, que serán deportados por constituir una amenaza para la seguridad nacional Entre ellos el clérigo Abu Qutada, considerado líder espiritual del Al Qaida en Europa e inspirador de los atentados del 11- M en Madrid. Tarde descubre Londres la peligrosidad de este individuo. Estas capturas se unen al anuncio hecho por el ministerio del Interior de que está estudiando la posibilidad de introducir tribunales secretos para atajar la amenaza del terrorismo islamista, lo que ha desatado la reacción de algunos sectores de la opinión pública del Reino Unido. Es cierto que la naturaleza de estos tribunales no está definida, pero podrían tener competencia para decidir sobre la suspensión de las garantías procesales de los detenidos durante periodos de tiempo mayores a los vigentes y sobre la base de indicios muy superficiales aportados, incluso, por los propios servicios de inteligencia. Es indudable que la nueva forma de terrorismo inaugurado con el 11- S exige la adopción de medidas inmediatas basadas en pruebas aportadas por fuentes cuya procedencia puede ser discutible, al tiempo que su solidez puede quedar suspendida durante lapsos temporales demasiado largos para nuestra hipersensible mentalidad garantista. Sin embargo, la gravedad de la amenaza terrorista está ahí y la posibilidad de precipitarnos en el caos bajo nuevos ensayos de terror todavía inéditos- -pero que pueden llegar a ser extraordinariamente mortíferos- -exige que las sociedades libres estén a la altura del desafío. No hay que olvidar, sin embargo, que una de las señas de identidad de Occidente ha sido la existencia de una estructura de derechos fundamentales y un sistema de garantías procesales que impiden la arbitrariedad. Sin primacía de la legalidad, sin derecho a un juez natural y predeterminado por la ley y sin presunción de inocencia no podría hablarse de Occidente. El terrorismo islamista nos desafía desde diversos planos. Uno es el de la seguridad. Se vio en Nueva York y se volvió a repetir en Madrid o Londres. Pero no sólo la seguridad física de sus ciudadanos está en entredicho. También lo están los valores que sostienen la decencia de las instituciones que conforman la arquitectura ética de las sociedades abiertas, siendo la seguridad jurídica uno de los más importantes ya que fundamenta la entraña misma del Estado de Derecho. Conjugar la seguridad, imperativo primordial que las sociedades exigen a sus gobiernos, con el corpus de derechos que Occidente ha acordado darse supone un reto ineludible para ganar esta batalla. P ARTE de las fuerzas conservadoras de Alemania parecen decididas a complicar la victoria de Ángela Merkel en las elecciones de septiembre. De no ser así no se entiende bien que su socio, Edmund Stoiber, afirmara que no aceptará que el Este decida de nuevo quién será el canciller. Los frustrados no deben decidir el futuro de Alemania Tan peyorativa, injusta e inconveniente afirmación supone un error rotundo que, pese a las matizaciones posteriores del autor, perjudicará notablemente las expectativas de la dirigente democristiana de obtener una victoria holgada que le permita gobernar. La perla de Stoiber- -que ya perdiera ante Schröder hace cuatro años por no interrumpir sus vacaciones para visitar las zonas afectadas por una inundación- -llega en el peor momento, cuando las encuestas vaticinan una clara tendencia a la baja de la opción democristiana. Si a esto unimos que el voto del Este supone un factor esencial en el camino de la CDU hacia la cancillería, todo parece indicar que el futuro de Merkel se complica.