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4 Opinión MARTES 9 8 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil DE NUEVO, LA AMENAZA IRANÍ L FALLOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA OR fin la ministra de Sanidad y Consumo ha decidido interrumpir sus vacaciones, regresar a su despacho y anunciar medidas adicionales de control para garantizar la seguridad alimentaria. Nuestros políticos no parecen tener claro cuál es el punto de vista de los ciudadanos acerca del orden de prioridades. Dedican gran parte de su tiempo a discutir sobre nominalismos y competencias estatutarias y no son conscientes de que la gente exige, sobre todo, eficacia en la gestión y atención a los problemas reales. Ya sea por el desastre del Carmelo, por el drama humano y ecológico de los incendios forestales o por esta crisis de los pollos contaminados se extiende en los últimos meses la sensación de que algo falla en el funcionamiento ordinario de las Administraciones públicas. Sin perjuicio de las responsabilidades jurídicas que deberán determinar los tribunales, de nuevo el Gobierno autonómico de Castilla- La Mancha se ve envuelto en la polémica. La fotografía que ayer publicaba ABC (el presidente Barreda y la ministra Espinosa inaugurando la planta toledanade Lominchar) vale más que mil palabras. La ministra alabó ese día la seguridad de la fábrica y dice ahora que la situación estuvo controlada desde el primer momento. ¿Qué habría ocurrido en caso contrario? Elena Salgado, por su parte, parece de mal humor ante la interrupción de su merecido descanso en Marruecos y acusa al PP de hacer oposición partidista y crear alarmas innecesarias A ver si resulta que más de 2.000 afectados, incluido un muerto en la Comunidad Valenciana, no son un asunto serio. En todo caso, ha tardado diez días en tomar las riendas del problema y ahora no basta con uncatálogo de buenas intenciones para mejorar la coordinación ante circunstancias futuras. La Red de Alerta Alimentaria y, en general, el funcionamiento de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria deben mejorar. Desde esta perspectiva, sean bienvenidas las medidas que se anunciaban ayer: inclusión de la salmonelosis como enfermedad de declaración obligatoria y esta- P blecimiento de urgencia para hacer frente a este tipo de brotes, incrementando la rapidez en la comunicación de los mismos. No es acertado, en cambio, el empeño en sostener que los servicios administrativos han actuado de forma adecuada, porque la opinión pública tiene muy claro que han fallado muchas cosas. Aceptando el criterio de la ministra, la gente se va a preguntar si éste es el nivel máximo de eficacia que se puede esperar de los poderes públicos. Se detectan, en efecto, errores e ineficiencias en la farragosa burocracia que han establecido las comunidades autónomas, desplazando a la Administración del Estado a una posición subsidiaria en sectores tan sensibles como medio ambiente, urbanismo y vivienda o sanidad y consumo. Los controles han sido insuficientes para impedir que circulen por el circuito alimentario casi 200.000 pollos en condiciones defectuosas. Además, la alerta se activó cuando ya se habían producido el 80 por ciento de las intoxicaciones y el brote sólo fue detectado seis días después de los primeros casos. En fin, el aviso al Ministerio se produjo desde Valencia y no desde Castilla- La Mancha. Barreda y su equipo se sitúan de nuevo en el centro de las críticas de una sociedad que asiste atónita al espectáculo de los políticos que se echan la culpa unos a otros. Da la impresión de que la compleja distribución de competencias sólo sirve para que, cuandollegan los problemas, todos pretendan eludir sus responsabilidades. Mientras algunos hacen propuestas disparatadas acerca del sistema autonómico, tal vez los ciudadanos están esperando otras reformas: la clarificación de quién asume la responsabilidad en cada caso y el incremento de las facultades coordinadoras del Estado frente a los compartimentos estancos en cada territorio. El Estado de las Autonomías no debe servir de pretexto para la ineficacia. Se vio en el incendio de Guadalajara y queda ahora corroborado en este nuevo episodio de un verano complicado para el Gobierno socialista, cuya reacción- -una vez más- -ha sido lenta y poco convincente. OS planes del régimen iraní para dotarse de armamento nuclear merecen una rotunda condena por parte de la comunidad internacional. Haberlos reafirmado precisamente un día después del aniversario de la explosión de Hiroshima se podría considerar un desafío al sentido común y a la sensibilidad de toda la humanidad. Con este gesto abiertamente inamistoso, las autoridades iraníes lanzan la peor de las señales, y no solamente a EE. UU. sino también hacia la UE, que había apostado su prestigio y capacidad de persuasión en un esfuerzo loable para evitarle al mundo un problema grave del que tendremos que hablar en el futuro. La sociedad iraní merecería que los ingentes recursos que van a ser invertidos fuesen usados en desarrollo general del país y de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Sus vecinos tienen derecho a vivir sin esa amenaza permanente. La comunidad internacional debe hacer uso de todos los recursos legales a su alcance para impedir que se consume este despropósito que pondría una capacidad destructiva terrorífica en manos de una camarilla de ayatolás con inclinaciones medievales, en la frontera de Turquía, zona de influencia directa de la OTAN y la UE. Mahmud Ahmadineyad EPA ROQUETAS, CASO ABIERTO A primera decisión judicial sobre el caso Roquetas supone un enfriamiento claro de las posibles responsabilidades penales de los nueve agentes de la Guardia Civil implicados en la muerte de Juan Martínez Galdeano. La libertad provisional decretada por la juez que instruye el sumario supone, por un lado, la existencia de indicios de criminalidad, pero, por otro, éstos no alcanzan la gravedad suficiente para imponer una medida cautelar tan severa como la prisión provisional. Según la juez, no puede afirmarse contundentemente la relación causal entre la actuación de los imputados y el fallecimiento del detenido La medida era la solicitada por el fiscal para el teniente al mando y otro oficial, con un criterio de dureza que sintoniza con la voluntad ejemplarizante anunciada por el Gobierno. En todo caso, lo que resulta fuera de lugar es apelar, como hizo el abogado de la acusación, a la alarma social concepto desterrado del régimen legal de la prisión provisional por el Tribunal Constitucional y la reforma procesal de 2003, precisamente por su connotación arbitraria en la imposición de una medida que debe responder a condiciones y fines estrictamente constitucionales. No obstante, la cita de la alarma social no es gratuita para explicar el contexto extrajudicial de este caso, lamentablemente representado en ese insensato vecino de Roquetas CONFIRMACIONES A AMBOS LADOS ANTO la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como toda una batería de dirigentes del PNV confirmaron punto por punto la noticia- -adelantada por ABC- -sobre las conversaciones y tratos que mantienen socialistas y peneuvistas para ampararse mutuamente en los parlamentos de Vitoria y Madrid en cuanto arranque el curso político. De nuevo, el inconveniente y opaco método de aplicar sigilo a sus conversaciones con los nacionalistas vascos le sale mal al Gobierno, que ha terminado por reconocer esos inquietantes contactos. El viraje del PSOE respecto a la política antiterrorista parece que no tiene vuelta atrás. La etapa del Pacto Antiterrorista fraguado con el PP, y que se ha demostrado como el mecanismo más útil para acorralar al entramado etarra, recibe así la peor de las noticias posibles. El entusiasmo con que los nacionalistas han recibido este paso al frente del Gobierno determina la equivocación sin matices de Zapatero, que se arrima a la peor opción, por si ERC le juega una mala pasada. L que ayer exhibió una pistola de fogueo ante el Juzgado. Sin embargo, no sólo las circunstancias oscuras de la muerte están en el origen de esta reacción vecinal. También ciertas declaraciones que por exceso o por defecto han arrojado gasolina al fuego. Si el director general de la Guardia Civil habló cuando tenía que callar- -e hizo un encendido elogio del teniente imputado- -y ahora calla pese a que éste es el momento en que debía comparecer ante la opinión pública, también el ministro del Interior ha puesto su granito de pimienta al afirmar que ha habido resistencia a la investigación Semejante declaración, que ha causado escarnio en la Guardia Civil, sólo debía haberse hecho en el Parlamento, con datos concretos y el nombre de los responsables. Pero formulada así, entre medias palabras, es una temeridad impropia de alguien que debía aplicarse más en concretar hechos y renunciar a tanto juicio de valor. Es bueno para todos que el Gobierno quiera la verdad. No está haciendo ningún favor a nadie ni incurriendo en un alarde de transparencia. Es su obligación, pero no es preciso que la cumpla atizando polémicas innecesarias, en las que antes o después los interesados ya conocidos atarán los cabos de su fobia inveterada a la Guardia Civil, de su empeño en desmilitarizarla o de su deseo estratégico de neutralizarla por lo que pueda plantearse en tal o cual mesa de negociación. T