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ABC VIERNES 5 8 2005 Nacional MUERTE DE UN DETENIDO EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE ROQUETAS 13 Bono aplica la máxima sanción a los 9 agentes imputados y Alonso pide 12 días para explicarse Los guardias han sido apartados de sus funciones durante seis meses ante la alarma social b El teniente al mando del cuartel es sancionado por segunda vez; Arruche había decretado una medida cautelar tras conocerse que utilizó dos defensas prohibidas CRUZ MORCILLO MADRID. El caso de la muerte de un detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) el pasado 24 de julio durante un altercado con los agentes empieza a medirse en plazos. Diez días han hecho falta para que los Ministerios de Interior y Defensa adopten medidas sancionadoras contra los funcionarios, y doce, como mínimo ha pedido el titular de Interior, José Antonio Alonso, para comparecer en el Congreso y explicar lo ocurrido, asumiendo el papel que le había asignado horas antes al secretario de Estado, Antonio Camacho. El presidente del Gobierno, ante la repercusión del caso, decidió poner fin a la prudencia de sus ministros. A primera hora de la mañana de ayer, tras informar Alonso a Zapatero en qué punto está la investigación, el Ministerio anunció la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave al teniente al mando del cuartel de Roquetas de Mar, J. M. R. y a los ocho guardias civiles supuestamente implicados en la agresión sufrida por Juan Martínez Galeano, que murió en esas dependencias policiales y presentaba lesiones graves, según la autopsia. El expediente suponía la suspensión de sus funciones durante tres meses para los sancionados, que ya habían sido imputados por la juez encargada del caso. Vecinos y familiares de Juan Martínez Galdeano protestaron ayer ante el cuartel de la Benemérita por la muerte del agricultor rante tres meses) el pasado 26 de julio. A uno de los ocho agentes restantes se le aplicará la sanción decretada por Interior (una cautelar de tres meses) y no por Defensa, puesto que se trata de un alumno de la Guardia Civil que no ha adquirido la condición de militar Pero si se demuestra su responsabilidad, será expulsado de la Academia. Los expedientes disciplinarios se abrieron después de que Interior recibiera el informe de la autopsia practicada a Juan Martínez, de que la juez decidiera imputar en el proceso penal a los nueve funcionarios y a la vista de la documentación remitida por la Benemérita en el marco de la investigación interna. Estas pesquisas aún no han concluido, según fuentes del Instituto Armado, y a ellas apeló Alonso para solicitar tiempo antes de dar explicaciones. La primera sanción impuesta al teniente se decidió después de que las grabaciones de las cámaras de seguri- EFE Régimen disciplinario compartido Esta medida fue comunicada por Interior a Defensa- -el régimen disciplinario del Instituto Armado depende de ambos departamentos- -que actuó con la mayor contundencia que permite la Ley de Personal de la Guardia Civil y acordó la máxima sanción posible por la gravedad y las circunstancias de los hechos Los agentes han sido apartados de sus funciones durante seis meses, según explicaron ayer fuentes de ambos Ministerios. En caso de que se decretara prisión preventiva este plazo podría ampliarse. La sanción, además, es firme, y lleva aparejada una merma en el sueldo de los agentes, que cobrarán el 75 por ciento de sus retribuciones básicas durante el periodo en el que se aplica el castigo. En el caso del teniente- -quien presuntamente utilizó dos defensas, una eléctrica y otra extensible, para reducir al detenido pese a que ambas armas están prohibidas- -se trata del segundo expediente disciplinario que se le incoa en el plazo de diez días, dado que el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, ya había tomado esa medida (de forma cautelar y du- Ni Interior ni Defensa han informado a los funcionarios de los expedientes disciplinarios abiertos dad del cuartel probaran que el mando hizo uso de dos armas no reglamentarias, una porra eléctrica y otra extensible, que nunca debió haber utilizado según fuentes del Instituto Armado. La medida de Defensa obedece a la alarma social producida y a la gravedad de los hechos. Interior podría acordar además el cese en el destino de los imputados. Los agentes sancionados se enteraron ayer por la Prensa de las medidas impuestas, según explicó a ABC su abogado, Gustavo Arduán, quien considera precipitada la decisión que a su juicio obedece a razones políticas. Hoy comparecerán ante la juez otros tres guardias imputados. Una investigación tan compleja como las de crimen organizado C. M. MADRID. La investigación interna que se abrió nada más conocerse los hechos puede resultar tan compleja como una de crimen organizado, depende de hasta dónde quiera llegar el instructor explica un mando de la Guardia Civil. Alonso ha apelado a esta dificultad para pedir tiempo antes de comparecer en el Congreso. Lo cierto es que no hay plazos marcados, pero las pesquisas tienen varios frentes. Se pueden solicitar todo tipo de medios probatorios tanto para inculpar como para exculpar con la única limitación de que no afecte a los derechos fundamentales, es decir, no se pueden interceptar comunicaciones por ejemplo o practicar pruebas de ADN aclara la fuente citada. Dado que en los hechos está implicado un oficial, lo lógico es que el instructor de la investigación sea un comandante. Es él el encargado de dirigir las pesquisas y solicitar todas las pruebas que considere oportunas. En este caso tendrán que declarar todos los afectados y testigos (si son civiles no están obligados a hacerlo) se está realizando un peritaje de las imáge- nes tomadas por las cámaras de seguridad perimetral del cuartel, que incluye un informe fotográfico con el análisis de las secuencias grabadas- -no están recogidos los cerca de 90 minutos que Juan Martínez pasó en las dependencias, pero sí todas las imágenes del exterior- se pueden peritar asimismo las defensas y el spray utilizado por los agentes. Dada la trascendencia de los hechos y la alarma suscitada, es más que probable que se aporte una inspección ocular completa, incluidos los daños que sufrió el vehículo policial durante el forcejeo; una relación de las llamadas telefónicas que se realizaron a la Policía Local y al 061, así como uno o varios informes sobre la conducta de la víctima encargados a Policía Nacional y local.