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4 Opinión VIERNES 5 8 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ELEVAR EL LISTÓN NTE las declaraciones de Joan Tardà, convertido en el Pepito Grillo del independentismo nacionalista catalán, hay que tomar distancia: para no ponerse a su altura y para no hacerle el juego. La última propuesta de Esquerra pone de manifiesto cómo se las gastan los socios de Zapatero. ERC pretende que el Congreso de los Diputados reconozca el derecho de secesión de Cataluña. La reforma constitucional de ERC quiere eliminar de la actual Carta Magna el artículo 2 que aboga por la indisoluble unidad de la nación española para convertir a España en un Estado plurinacional y federal Que nadie se equivoque. Tardà cumple el papel que le exige su partido. Por cierto, España pasaría a llamarse Federación Española que tiene un aire deportivo. Será por aquello de elevar el listón... de las exigencias. A UNA MUERTE QUE DEBE SER ACLARADA A muerte de un ¿agricultor? en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas del Mar es un trágico acontecimiento al que debe responder con plenas garantías el Estado de Derecho, a través de la investigación judicial abierta, y el Estado democrático, con una convincente intervención del Gobierno ante la opinión pública y el Congreso de los Diputados. La respuesta del Ejecutivo ha sido satisfactoria en cuanto ha rectificado, porque la primera decisión del Ministerio del Interior fue endosar al secretario de Estado, Antonio Camacho, las explicaciones pertinentes y aplazar su comparecencia hasta el mes de septiembre. Ayer, en cambio, el Ministerio del Interior, urgido por Rodríguez Zapatero, anunció que su titular, José Antonio Alonso, comparecerá a mediados de mes en el Congreso de los Diputados, tal y como habían solicitado el PP e IU, lo que implica una toma de conciencia clara, tanto de la gravedad de lo sucedido como del error inicial que había cometido el Gobierno al dar largas a una urgente e inaplazable respuesta pública. La muerte de un ciudadano en unas dependencias policiales siempre debe ser esclarecida hasta sus últimas consecuencias, porque de ello depende la confianza en las Fuerzas de Seguridad, pero también la propia eficacia y calidad del sistema democrático como modelo político basado en el respeto a los Derechos Humanos y en la proscripción de todo abuso. Pero si esa muerte se produce en circunstancias como las ya conocidas, el Gobierno no debe esperar a un pronunciamiento judicial para dar cuenta a la sociedad de lo que ha sucedido en el cuartel de Roquetas. Es preciso saber por qué un grupo de guardias civiles fue incapaz de inmovilizar sin violencia a Juan Martínez y por qué, ante la necesidad de usar la fuerza, se emplearon instrumentos antirreglamentarios- -una porra eléctrica y una porra extensible- -y una agresión física reiterada y aparentemente desproporcionada. Las heridas sufridas por varios agentes- -causadas, al parecer, por el fallecido- -son un dato que abunda en su falta de profesionalidad ante una situación de esta naturaleza, que, por otro lado, tampoco debería considerarse excep- L cional para los miembros de una fuerza de seguridad del Estado. Los primeros resultados de la autopsia no establecen una relación directa de causalidad entre los golpes recibidos por Juan Martínez y su fallecimiento, pero la relación de traumatismos, daños y lesiones que presentaba su cuerpo obliga a ser tan prudentes en el reconocimiento de la presunción de inocencia de los guardias imputados- -porque es ahora cuando esa presunción cobra todo su valor constitucional- como exigentes en el conocimiento de la verdad, lo que corresponde en buena medida al Gobierno. Esta es la mejor manera de preservar a un cuerpo tan encomiable como la Guardia Civil de toda sombra de duda y de evitar veredictos ciudadanos como los que ayer mismo emitió un grupo de vecinos de Roquetas ante el cuartel donde falleció Juan Martínez. Por lo pronto, el teniente que se hallaba al mando ha sido suspendido por el Ministerio de Defensa por el empleo de defensas no reglamentarias. La medida es oportuna, sin duda, pero ese mismo teniente fue denunciado en febrero por malos tratos a un vecino y también es preciso saber qué sucedió con esa denuncia y si se adoptaron medidas cautelares sobre el teniente ahora imputado. La excepcionalidad de este tipo de episodios trágicos no debe servir de bálsamo ni de atenuante político, porque la base de un Estado de Derecho es, precisamente, la supresión de la arbitrariedad, de la violencia ilegítima y del abuso de poder. Toda la sensibilidad democrática que afloró hace unos días en la clase política española cuando la Policía británica abatió por error a un ciudadano inocente al que, por salir huyendo cuando se le dio el alto, confundió con un terrorista, debe ahora traducirse puertas adentro en hechos concretos e inequívocos. Aun cuando el fallecido hubiera consumido drogas y mostrara un estado de excitación y agresividad, incluso aunque su actitud violenta hacia los agentes justificara una respuesta por parte de éstos, existen límites infranqueables en los cuales los cuerpos policiales pueden y deben usar la fuerza legítima que corresponde al Estado y fuera de ellos no sólo pierden toda justificación, sino que su abuso se agrava de forma especialmente reprochable. Joan Tardà ELENA CARRERAS 7- J: MÁS INCÓGNITAS AS investigaciones policiales en torno a los atentados del 7- J arrojan datos altamente reveladores y que ponen en cuestión algunas de las principales líneas de actuación seguidas por Scotland Yark. Según el comisario de la Policía de Nueva York Raymond Kelly las bombas habrían sido, probablemente, activadas por medio de teléfonos móviles. De confirmarse esta hipótesis, estaríamos ante un atentado en el que los terroristas utilizaron el mismo método que el empleado el 11- M. Lo que, inmediatamente, echa por tierra la supuesta existencia de terroristas suicidas, a la vez que proyecta dudas sobre la manera en que se produjo la muerte de los autores materiales de la matanza. También el 7- J viene rodeado de incógnitas e interrogantes que urge despejar. L MULTAS EN AGOSTO D ESPUÉS de algunos éxitos iniciales, la política del Gobierno socialista en materia de tráfico y seguridad vial ofrece perfiles erráticos y poco definidos. Las buenas intenciones se han transformado en ocurrencias varias, con una curiosa tendencia a echar la culpa a los conductores de todos los males y a olvidar la imprevisión de las administraciones públicas, ya sea en caso de nevada o en las retenciones propia de la operación salida Ahora se anticipa la entrada en vigor de un conjunto de normas de carácter sancionador, mientras que se está a la espera de que lo haga el carné por puntos medida estrella en la nueva legislación aprobada recientemente. Lo lógico habría sido que ambas normas entraran en vigor al mismo tiempo. Es previsible una reacción negativa de las asociaciones del sector, que critican, razonablemente, el afán recaudatorio del Ministerio. Los conductores españoles y los ciudadanos en general deben tomar plena conciencia de la gravedad de un problema que alcanza entre nosotros dimensiones muy preocupantes. Nos hemos acostumbrado, por desgracia, a cifras inaceptables de muertos y heridos, ignorando con frecuencia que debajo de la estadística se oculta siempre un drama personal y familiar. Es lógico incrementar la sanciones, pero la legitimidad del poder no se mide por su capacidad recaudatoria. Los usuarios exigen que el esfuerzo innegable de los Cuerpos encargados de la seguridad vial se dirija a la orientación, auxilio y prevención de las circunstancias que dificultan la circulación. Todo el mundo entiende y acepta que se castigue con severidad (no sólo económica) al conductor temerario. Se discute, en cambio, con buenas razones, que se practiquen controles puramente burocráticos o que los agentes no aparezcan en el momento oportuno para facilitar la fluidez de los desplazamientos. Actuar en pleno mes de agosto para modificar la tipificación de las sanciones y agravar las multas al respecto, antes de la operación retorno, evidencia que la DGT recurre a las medidas punitivas como principal instrumento para contener las cifras de víctimas en la carretera. TRANSBORDO A despedida de Luis Figo del Real Madrid fue fría, demasiado para un jugador convertido en referente y estandarte de una época. El portugués hizo un alto en la concentración blanca para hacer transbordo rumbo a Italia; cambio de planes impuesto por las circunstancias de un equipo cuajado a golpe de talón, donde las estrellas brillan con fecha de caducidad. Figo, el as bajo la manga de Florentino Pérez para llegar a la presidencia del Madrid, se va al Inter de Milán a emprender una nueva singladura. Viaje por escalas de un mito, ejemplo de entrega, obligado a salir a toda prisa de un club con el aforo completo. Agridulce final de un grande. L