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6 MARTES 2 8 2005 ABC AD LIBITUM TRIBUNA ABIERTA ANTONIO JIMÉNEZ- BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO ¿QUÉ ES ESPAÑA? STÁ prevista, tras las vacaciones, la celebración de la Conferencia de Presidentes de la que tanto nos habló José Luis Rodríguez Zapatero y en la que algunos, los más optimistas, confían para aliviar los escozores que el prurito nacionalista ha implantado en el cuerpo nacional. Antes de la Revolución francesa era común, y hasta frecuente, que dos o más naciones compartieran un mismo territorio. El vínculo estatal venía dado por razones idiomáticas, de sangre, o de cultura; pero la gracia revolucionaria, gran impulsora de la modernidad en los dos últimos siglos y pedestal de la dignidad del individuo, fusionó las ideas hasta entonces separaM. MARTÍN das de Estado y Nación. FERRAND Los ciudadanos se comprometen entre sí y otorgan su representación, según la voluntad común, a un poder con plazos tasados y con posibilidades de alternancia. El problema surge cuando algunos pretenden unilateralmente romper el compromiso que les une al grupo nacional y ese es- -a falta de otros mayores- -nuestro problema del momento; algo que, con distintos y débiles antecedentes históricos, toma cuerpo en los nacionalismos que se sustentan en la Constitución del 78. Zapatero espera atenuar esas tensiones con la Conferencia de Presidentes y, desde luego, mejor es que se celebre. No está probado que hablando se entienda la gente, pero sí está claro que en el silencio no surgen los acuerdos y los pactos. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el presidente de la Junta de Extremadura, es un político a quien nadie puede negar su espíritu pragmático. Está en los asuntos que inquietan a los ciudadanos y, sin enmascararlos, se enfrenta a ellos por derecho, sin miedo a que terminen revolcándole. Quizás sea esa elemental sinceridad la que le mantiene como presidente perpetuo de su tierra, con escasas esperanzas para quienes se suponen su alternativa. Ahora, ante lo que bien puede ser el gran fasto político para el prólogo del otoño, quiere Ibarra que se debata sobre qué es España Lo demás, la financiación autonómica y otros asuntos concretos, puede quedar para el trabajo sectorial de los especialistas. El extremeño, que tiene claro que sólo hay una Nación confía en el debate para establecer los límites entre el Estado y las Autonomías de modo que el primero, como tiende a suceder, no se convierta únicamente en las escurriduras de las segundas como pretenden, en el mejor de los casos, los feroces del nacionalismo. Primero- -dice Ibarra- -hay que ver qué es España y lo que puede ser Autonomía No es un mal proyecto de trabajo si no se arranca de la descarada necesidad de resquebrajar las bases del Estado, como ocurre con los partidos del nacionalismo monocorde obligados, para poder afianzar su naturaleza y proyectar su máxima ambición, a decir y hacer como los caciques de hace un siglo. E EL LIBRO BLANCO: A LA BÚSQUEDA DEL TIEMPO PERDIDO El autor hace un análisis sobre el Libro Blanco del sector eléctrico, al que considera no se le puede presentar como novedoso sino como un retorno a la situación anterior, cuando las inversiones en generación eran retribuidas según se dijese desde el Gobierno E L día 26 de julio, a media mañana, se hizo público el tan esperado Libro Blanco. Un texto muy voluminoso y de contenido variado y heterogé- neo. El primero de sus autores, José Ignacio Pérez Arriaga, profesor de Ingeniería Eléctrica, había anticipado pocas horas antes un resumen del contenido: fue el artículo El Libro Blanco y el mercado eléctrico Sobre el largo y denso contenido del artículo podrá haber, por supuesto, opiniones unas y otras. Pero una cosa llama poderosamente la atención al lector, sobre todo si es un licenciado en Derecho: en el texto no se percibe la mano asesora de ningún jurista. Asesora en un doble sentido: en lo formal- -aconsejando expresarse, cuando se diserta sobre un texto legal y sus cambios, con la jerga que es propia de ese oficio- -y en lo material- -previniendo al cliente o al colega sobre lo negativo, con la Constitución en la mano, de las consecuencias de determinadas propuestas- ¿Qué es lo que, desde los anteojos de un abogado- -un abogado familiarizado con el sistema eléctrico, claro es- sorprende en ese artículo? Para empezar, que se presente como novedoso y como un paso adelante lo que, palabras aparte, no es, en cuanto al fondo, sino un retorno a la situación anterior, cuando las inversiones en generación eran retri- buidas (en poco o en mucho, que es otra cuestión) según se dijese desde el Gobierno. Ahora se emplea una expresión cosmética (se trata de contratos, aunque, eso sí, virtuales) pero bajo tan nobles e indoloros vocablos se embosca la vieja intervención: se trata de figuras jurídicas en las que, según se confiesa en el propio artículo, es el regulador quien imperativamente determina precio y cantidad Como en el famoso Marco Legal Estable de 1987. Déja vu. Pero al jurista, sobre todo si es persona avezada en las estructuras constitucionales, le sorprende en el artículo aún más una segunda cosa. Luego de diagnosticarse un mal- el mercado mayorista español no funciona correctamente, como se ha repetido en innumerables ocasiones por expertos, agentes e instituciones llega la hora de apuntar con el dedo índice al culpable. Todo resulta muy sencillo: no son ni el Parlamento (el que hizo la Ley de 1997 o el que no la modificó más tarde) ni el Gobierno (el de ayer o el de hoy) ni la CNE, ni ninguno de los dos operadores, el del mercado y el del sistema. Todos los cuales son maravillosos. Como tampoco alcanza a ninguno de ellos la responsabilidad de que el mercado tenga todavía un ámbito geográfico tan limitado. No: la única autoría de la infracción debe buscarse en una estructura empresarial excesivamente -Hombre, España va mal con Zapatero, pero no tanto como para que tú dejes tu trabajo en FAES y regreses a salvarla.