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4 Opinión DOMINGO 31 7 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA RED INTERMINABLE L SIN ESTATUT, DE MOMENTO A votación del proyecto de nuevo estatuto para Cataluña en la sesión de la Comisión parlamentaria ha provocado la anunciada discrepancia entre el PSC y sus socios de Esquerra Republicana. Finalmente, el texto fue aprobado por la mayoría puramente nacionalista, formada por CiU y ERC, quienes impusieron su pacto a favor de incluir una mención expresa de los derechos históricos como fundamento y blindaje de determinadas competencias, especialmente las financieras. Ninguno de los títulos que aparecen en el texto, y mucho menos en capítulos tan fundamentales como las competencias de la Generalitat o la financiación, lograron la mayoría de dos tercios que será necesaria en la votación final en el Pleno prevista para finales de septiembre, por lo que, de continuar la actual relación de fuerzas, el Estatut no sería aprobado. El resultado final, en términos políticos, aparenta una crisis de confianza entre los socios del tripartito, especialmente del PSC hacia ERC, partido al que algunos dirigentes socialistas han calificado de desleal por pactar con CiU. Estas discordias ofrecen muchas posibilidades interpretativas, pero, por el momento, sólo reflejan el interés táctico de cada partido por jugar sus cartas, sabiendo que aún no hay nada irreversible. Esquerra tiene que seguir mostrándose frente a su público como una formación independentista no domesticada, con afirmaciones de autonomía como la de anteayer para no ser fagocitada por CiU y PSC. Por su parte, los convergentes han aprovechado una buena ocasión para desestabilizar el tripartito y demostrar que existe una mayoría alternativa de carácter nacionalista. Los socialistas, finalmente, no aceptan que se discuta su liderazgo con pactos extragubernamentales de Esquerra y aprovechan la ocasión para jugar un papel de guardián constitucional, que tampoco se corresponde con aquellas partes del proyecto estatutario que apoyan, como la definición nacional de Cataluña o la segregación de un Poder Judicial propio. El voto particular socialista al proyecto de Estatuto plantea objeciones tácticas a la relación de competencias, que juzga demasiado concreta y, a la larga, perjudicial para la expansión competencia de la L Generalitat. En cuanto a los derechos históricos, la discusión es más retórica que legal, Todos, menos el Partido Popular, tienen demasiado capital político comprometido con esta reforma estatutaria, lo que actúa en contra de una crisis de gobierno o de unas elecciones anticipadas. Ninguno encontrará momento más propicio para justificarse políticamente. El coste de frustrar una reforma estatutaria que, en su versión mínima, supera con creces el modelo autonómico vigente y avanza sin tapujos hacia un modelo confederal, es demasiado elevado y disuasorio para cualquiera de las formaciones nacionalistas y, por supuesto, para el PSC. El tiempo que resta hasta que el Pleno del Parlamento catalán vote definitivamente el texto facilita a los socios del tripartito y a CiU un período de calma para recomponer la situación y alcanzar un pacto de intereses, que conviene a todos. En última instancia, incluso los socialistas catalanes preferirán que sea el Gobierno de Madrid el que asuma la responsabilidad de frenar el proyecto estatutario, algo lógico en ese discurso nacionalista tan habituado a justificar sus incapacidades e impotencias en la existencia de un enemigo exterior. Transfiriendo al Congreso de los Diputados un proyecto inasumible para los intereses nacionales, siempre será Rodríguez Zapatero el que tenga que cargar con la responsabilidad bien de defraudar a los que prometió apoyar el Estatuto que saliera del Parlamento catalán, bien de allanar el camino a un revisión encubierta del modelo de Estado. En este escenario, la soledad del PP cobra otro sentido, porque, tal y como discurren los acontecimientos, la reforma del Estatuto se ha confirmado como una enmienda global a la Constitución de 1978, socialmente innecesaria y fruto de una pretensión revisionista de la izquierda más radical. Más que solos, los populares pueden ser considerados los únicos que han mantenido en este debate una visión netamente constitucional, defendiendo una postura que coincide con la de algunos históricos del socialismo, expresión de que la vía catalana tampoco es plato de gusto para una parte de la izquierda española. OS últimos detenidos por su implicación en la matanza del 11- M planeaban nuevos atentados. Según se desprende del sumario que el juez Del Olmo instruye en la Audiencia Nacional, las células islamistas pueden contar con operativos aún desconocidos para organizar y llevar a cabo nuevas campañas de terror. Alejado en el tiempo, empozoñado por las disputas políticas y complicado por la maraña tejida por los fundamentalistas, el 11- M parece hoy una fecha relativamente lejana, pero las últimas detenciones practicadas por la Policía- -el pasado mes de junio, hace poco más de un mes- -revelan que la actividad terrorista sigue adelante en España. No han caído todos. Son muchos los que participan en una maraña que comenzó a mostrar su densidad tras el 11- M y que aún hoy sigue estremeciendo. Y amenazando. Juan del Olmo AP A FUEGO E NOBLEZA POR IGUAL SOE, PP y Coalición Canaria han presentado en el Parlamento una proposición de ley para suprimir la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de los títulos nobiliarios. Quedan al margen de esta reforma los títulos de la Corona y de la Familia Real. Este consenso es realmente llamativo tanto porque está ausente en cuestiones políticas esenciales para los intereses generales, como porque se refiere a una materia ya resuelta por el Tribunal Constitucional. Realmente, la proposición de ley pretende dejar sin efecto la doctrina constitucional que, desde la sentencia 126 1997, ha declarado que la preferencia del hombre sobre la mujer no quiebra el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española. La razón de este juicio del TC es que los títulos nobiliarios carecen actualmente de cualquier efecto material sobre la situación jurídica del noble y han quedado reducidos a un mero marchamo simbólico. Por otro lado, la preferencia masculina no deriva de una decisión del poseedor del título, sino de una condición inherente al régimen nobiliario, establecida en la Partida 2.15.2, del siglo XIII. L pasado 8 de junio interpuso una denuncia por malos tratos contra su marido, contra el que se dictó orden de alejamiento para evitar nuevas agresiones. Pero de nada le sirvió: ayer fue quemada en plena calle por su esposo, que la roció de líquido inflamable antes de prenderle fuego. La iniciativa legal del Gobierno para proteger a las mujeres de la violencia de género fue la primera en salir del Congreso en la presente legislatura, pero la crueldad de los agresores hace de cualquier texto papel mojado. En agua o en gasolina. Porque no basta con redactar leyes que proyecten paisajes deseables sobre la sociedad y sus apéndices enfermos. Urge extremar la vigilancia para evitar que las amenazas deriven en episodios tan dramáticos como el registrado ayer en Puertollano. P El debate que abre esta proposición de ley es, en todo caso, acorde con los tiempos actuales, pero no se puede decir que se base en un problema de inconstitucionalidad ni que exista un clamor social para su aprobación. Se trata, en todo caso, de una cuestión de calidad- -más que de legalidad- -constitucional. De hecho, el Tribunal Supremo mantuvo hasta la sentencia 126 1997, del TC, que la discriminación de la mujer en la sucesión nobiliaria era inconstitucional. En este sentido, la proposición presentada por PSOE, PP y Coalición Canaria es razonable en la medida en que responde a una opinión pública reacia a tolerar situaciones de desequilibrio entre el hombre y la mujer. Dentro de estos límites, la reforma es positiva, porque maneja ideas difícilmente rebatibles. Fuera de ellos, puede ser aprovechada por partidarios de planteamientos extremistas que busquen trascender la reforma a otros ámbitos. Por lo pronto, Izquierda Unida, fiel a sus obsesiones, ya ha anunciado que pedirá la supresión de los títulos nobiliarios, incluidos los de la Monarquía. El debate sobre esta reforma no debe dar lugar a discusiones interesadas sobre la forma de Estado. ASTROS Y TÍTULOS L serial futbolístico del verano se ha resuelto, de nuevo, con victoria blanca: Robson de Souza, Robinho ya es galáctico. El Santos, equipo donde hasta ahora militaba el astro brasileño, ha aceptado la oferta del Real Madrid, con lo que se cierra definitivamente un folletín que en las últimas semanas ha servido, entre otras cosas, para aumentar la expectación sobre el fichaje del jugador, que llega a España con su amplio currículum de títulos, pero también con la popularidad generada por los trámites de su traspaso. Nuevo éxito de Florentino Pérez, pero también enorme responsabilidad para su equipo, cuajado de estrellas y forzado a cosechar, ya toca, algún título. E