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18 Nacional SÁBADO 30 7 2005 ABC La Audiencia niega el tercer grado a Vera porque aún no ha cumplido suficiente pena El presidente del Tribunal discrepa y asegura que la decisión aumenta el sufrimiento del interno b El ex secretario de Estado, que ingresó en prisión el pasado mes de febrero por el caso de los fondos reservados, no ha disfrutado aún ningún permiso ordinario NIEVES COLLI MADRID. El ex secretario de Estado Rafael Vera no podrá disfrutar aún del tercer grado penitenciario, que permite a los internos ir a la cárcel sólo para dormir. Así lo ha decidido la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, aunque con el voto particular de su presidente, el magistrado Arturo Beltrán. Pese a reconocer la existencia de factores positivos la resolución deniega el régimen abierto a Vera por entender que existen datos que lo desaconsejan Se refiere el Tribunal a su historial delictivo (ha sido condenado por detención ilegal y por malversación de caudales públicos) al tiempo de cumplimiento de la pena (fue condenado a 7 años de cárcel, ingresó en febrero y hasta mayo de 2010 no cumplirá las tres cuartas partes) y a su evolución penal, que pese a ser favorable, es preciso que se consolide La resolución alude también a la alarma social que los delitos provocaron en su momento debido a su condición de alto funcionario de la Administración. El presidente de la Sección Quinta, discrepa con el parecer mayoritario de la Sala y defiende en su voto particular que Vera debió progresar al tercer grado penitenciario. El fiscal pide 7 años por comprar el silencio de Amedo La Fiscalía Anticorrupción dio a conocer ayer su escrito de acusación por otro caso de presunta malversación de fondos públicos: el pago de fondos reservados a las mujeres de los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez para comprar su silencio sobre el caso GAL El fiscal pide 7 años de prisión para el ex secretario de Estado y 4 años para su ex secretario, Juan de Justo. También solicita penas de dos años de prisión e inhabilitación absoluta por cinco años para el coronel de la Guardia Civil Félix Hernando y para el policía Aníbal Machín, a los que considera cómplices. Anticorrupción acusa a Amedo y Domínguez y a sus respectivas esposas, María Ángeles Acedo y Alicia Sánchez, como responsables civiles. En el caso de Vera, el fiscal precisa que en el caso de dictarse sentencia condenatoria podría entenderse abarcada en sus condenas anteriores. Rafael Vera en una imagen de archivo crepante- -que el tercer grado a Rafael Vera sea una invitación a malversar El voto particular añade que la probabilidad de que Vera vuelva a delinquir se considera bajísima y recoge una observación del educador del cen- EFE tro penitenciario, en cuya opinión la reincidencia no es posible porque jamás volverá a ocupar un cargo en la Administración del Estado. A Vera, concluye el magistrado, debió concedérsele el tercer grado. Cumplir los fines de la condena Arturo Beltrán asegura que tras la desaparición de la posibilidad de redimir condena por trabajo, la clasificación en segundo o tercer grado no afecta a la duración de la pena sino a la forma de cumplirla es decir, al mayor o menor grado de penosidad o sufrimiento del interno. Y ese sufrimiento, concluye, inherente a la estancia misma en prisión, tiene que ser todo el necesario y sólo el necesario y, por lo tanto, dentro del marco de la ley, el mínimo posible siempre que se garantice que se cumplan los fines de la pena Y en el caso de Rafael Vera, su progresión al tercer grado no impediría que se cumplan los fines de la pena. De hecho, el ex secretario de Estado tendrá que pasar 7 años en prisión y otros 20 inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público. Vera fue condenado por malversar fondos públicos. Tanto este delito como el de detención ilegal los cometió siendo uno de los máximos responsables del Ministerio del Interior. No puede decirse seriamente- -concluye el magistrado dis- Costa Rica no autoriza el aterrizaje del avión militar de la vicepresidenta EFE SAN JOSÉ. El Gobierno de Costa Rica anunció ayer la imposibilidad del aterrizaje del avión militar en el que tenía previsto llegar a este país la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, debido a que el Congreso no aprobó a tiempo la autorización pertinente. La Cancillería costarricense precisó en un comunicado que la vicepresidente española llegaría en un avión de la Fuerza Aérea española, el cual, por ley constitucional, requiere de un permiso de aterrizaje que debe ser aprobado por los diputados, quienes no lo hicieron a tiempo. El Gobierno de la República se ve en la penosa obligación de comunicar que no será posible el aterrizaje de la aeronave de la Fuerza Aérea Española en territorio costarricense, salvo que la excelentísima señora vicepresidenta viaje en una aeronave no perteneciente a las fuerzas armadas, resulta imperativo posponer la visita pro- gramada aseguró el comunicado. En Costa Rica, país que carece de Ejército, la ley exige que las aeronaves militares de otros países soliciten un permiso legislativo antes de aterrizar. La Asamblea Legislativa, que es el único órgano competente para dar este tipo de autorizaciones, no tuvo quórum el jueves y como no celebra sesiones los viernes, tampoco será posible que apruebe en tiempo el permiso solicitado añade la nota. Fernández de la Vega visitaría San José en la tarde del día de hoy, para mañana desarrollar una agenda privada. Finalmente, el próximo lunes, la vicepresidenta será recibida por el presidente, Abel Pacheco, y el canciller, Roberto Tovar, en la sede de la Casa Presidencial, para conversar sobre diversos temas de interés bilateral. Además, realizará una visita oficial de doce días por Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, de cara a la XV Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 14 y 15 de octubre. María Teresa Fernández de la Vega Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos minimizó la espera de casi diez horas que tuvo que guardar el pasado jueves en Libia, puesto que Gadafi no podía recibirle y anunció que España no se plantea ninguna protesta o queja diplomática por este hecho.