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6 Opinión MIÉRCOLES 27 7 2005 ABC LA BURBUJA TRIBUNA ABIERTA JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA EL INVENTO DE CAROD E MILIO Lledó, que es mucho más sabio cuando habla de lo suyo- -el pensamiento y la cultura- -que cuando perpetra, en compañía de otros, un modelo inservible de televisión pública se ha subido hasta Cantabria y, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ha lanzado al aire un hermosísimo pregón sobre el amor a la lectura. Ahí está la clave para enfrentarnos al problema de nuestro tiempo, precisamente en la lectura. A falta de ideas nuevas, especialmente en el páramo intelectual de la política, los libros nos ofrecen un stock de conceptos y opiniones que son el jugo de la inteligencia humana a lo largo de la historia. Por si ello fuera M. MARTÍN poco, el libro es, además, FERRAND el ocio perfecto: sin cortes publicitarios ni programaciones encaminadas a moldearnos la identidad. A propósito de identidad: el profesor Lledó, brillante y sutil, recordó en su intervención veraniega algo que nos servirá para todo el año: Identidad es algo en lo que uno se escuda para no ser uno mismo Oportuna valoración para ayudarnos a entender algo de lo que nos pasa en el efervescente momento nacionalista que padecemos con los mismos dolores y sofocos con los que padecimos, cuando niños, el sarampión. Son enfermedades infecciosas que suben mucho la temperatura y empujan al delirio. Josep Lluís Carod- Rovira, profesional de la identidad catalana, es uno de los españoles que más saben de identidades El presidente de ERC, sostén de Pasqual Maragall y soporte de José Luis Rodríguez Zapatero, nos aporta ahora la identidad de intensidad variable. Un concepto perverso al que cabe aplicarle la definición de Lladó- ¿quién será Carod? -y que retrata a quienes le aceptan como portor. Dice el líder independentista para que nadie se llame a engaño que el Estatut que tan trabajosamente tratan de elaborar en Cataluña no es para treinta años La idea revolucionaria que aporta el pájaro busca todo lo contrario de la certeza jurídica que se pretende en un Estado de Derecho: una modalidad de norma elástica que depende del crecimiento del peso parlamentario de su formación. Lo verdaderamente grave no es que Carod, a fin de cuentas respaldado por los votos de un pequeño, pero respetable, número de catalanes, diga lo que dice. Lo que convierte el asunto en alarmante es que otras formaciones, como la socialista, elegidas para la defensa de todo lo contrario de lo que postula el independentista republicano, lo asuman y, de hecho, lo sostengan con el gozo del sostén que él les proporciona. Habrá que seguir el sabio consejo de Lledó y dedicarse a la lectura. Nada de actualidad, novelones del XIX en los que las historias rezuman pasiones humanas y no majaderías identitarias y soberanistas. Lo de Carod sería de mucha risa de no ser por la seriedad con la que se lo toman sus acompañantes y beneficiarios. UN SERIO APRIETO CONSTITUCIONAL Explica el autor que el estatuto catalán debe estar subordinado a la Norma Fundamental, no puede pretender sustituirla o rebasarla. Lisa y llanamente- -advierte- -este proyecto necesita de serias correcciones para observar el dintel constitucional. Lo deseable sería que esas correcciones se hicieran antes de la aprobación del proyecto en el Parlamento catalán N O contemplo precisamente con complacencia las dificultades constitucionales del estatuto catalán. Creo que hay sobrados motivos para acometer su reforma, habida cuenta del tiempo transcurrido desde su aprobación y las especiales oportunidades que de cara al refuerzo de su legitimación ofrece, para las nuevas generaciones especialmente, la ratificación del estatuto por el cuerpo electoral. De otro lado, en la regulación estatutaria hay cuestiones que la experiencia ha demostrado pueden ser mejoradas, por ejemplo las que se refieren a la relación entre el Parlamento y el Gobierno, lo que se suele llamar forma de gobierno, o las que tienen que ver con la precisión competencial o la regulación de algunas instituciones, como el sistema electoral. La cuestión está en llevar a cabo una reforma que sea acorde con la posición que en nuestro sistema corresponde al estatuto de autonomía, de manera que la modificación estatutaria sea utilizada con todas sus posibilidades, pero sin desnaturalizar su carácter ni superar sus obligados límites. Hay una idea capital al respecto, y es la de que el estatuto tiene una condición cuasi constitucional, de ahí su importancia en el ámbito territorial, en el que es norma institucional básica y el que pueda determinar las competencias incluso del propio Estado (precisamente por ello su incumplimiento supo- ne una vulneración de la misma Constitución) Pero el estatuto está subordinado a la Norma Fundamental, de modo que no puede ni sustituirla ni rebasarla. La subordinación a la Constitución no es compatible seguramente con una reforma estatutaria contemplada con una exhaustividad que cuestiona la complementariedad del estatuto y que parece presentarse con un propósito más bien sustitutorio de la Norma Fundamental. Discutible parece ser la tendencia a contemplar las competencias no como poderes a ejercer según técnicas de reparto y colaboración, sino según un modelo de exclusivismo y, como se dice con un vocablo horrible, bloqueo. En este sentido se pretende dejar sin espacio el ejercicio competencial por parte del legislador central de las bases, devolviendo con la asfixia del desarrollo la anterior denuncia justificada del estrangulamiento autonómico llevada a cabo en el establecimiento de la actuación estatal. Tampoco parecen fácilmente asumibles decisiones estatutarias que vienen a imponer la administración única o que suponen injertos confederales, como ocurre con alguna comisión mixta Estado- Generalidad. En el terreno de los principios, se satura el estatuto de definiciones identitarias seguramente no imprescindibles y se incluye una imposición claramente inacepta- -Lo que sí tengo claro es que si queremos constituir la Asociación de Víctimas de los Incendios y deseamos estar unidos, debemos rechazar un alto comisionado.