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ABC MARTES 26 7 2005 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC NACIÓN, SOBERANÍA, AUTONOMÍA POR MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS Acaso resulte aconsejable, en determinados casos, ir en la dirección opuesta, o sea que el Estado recupere determinadas competencias antes cedidas. Ortega, en 1932, lo tenía claro y así lo exponía. En la presente situación española debemos recordar... C ONVIENE emplear las palabras con precisión, dando a cada una de ellas su contenido propio, según el contexto en que se inserten. El debate se hace estéril si los interlocutores olvidan, o menosprecian, las reflexiones anteriores sobre la materia. Y el debate nos lleva a la confusión total cuando las opiniones se emiten sin tener en cuenta la realidad que da fundamento a nuestros saberes. La Nación es un concepto elaborado a lo largo de varias generaciones de estudiosos de la política. Simultáneamente a estos propósitos de exactitud conceptual ha habido poetas y propagandistas entusiasmados con la idea de movilizar las voluntades ajenas mediante la utilización de los sentimientos profundos de los pueblos. Se llega así a una idea de Nación que es homóloga con la idea de Nación de la ciencia política. No es la misma, ni es análoga. Es homóloga. Al afirmar que son piezas del discurso homólogas entre sí, ni análogas, ni parecidas, estoy admitiendo que corresponde a las estructuras proporcionar sentido definitivo a sus componentes. Veamos. Un cuadro de madera, por ejemplo, puede ser el asiento de una estructura que llamamos sillón, y ese mismo cuadro de madera puede ser la tapa de otra estructura que llamamos caja. Asiento y tapa siendo el mismo cuadro, no son lo mismo. Resultan piezas homólogas entre sí. de ella. La autonomía no es soberanía, sino un fruto o producto de la soberanía. El 13 de mayo de 1932, cuando se discutía en las Cortes el Estatuto de Cataluña, don José Ortega y Gasset pronunció un discurso que, más de 70 años después, conserva actualidad, con una gran fuerza de convicción. Recuerdo- -afirmó el gran maestro- -que hubo un momento de extremo peligro en la discusión constitucional, en que estuvo a punto, por superficiales consideraciones de la más abstrusa y trivial ideología, con un perfecto desconocimiento de lo que siente y quiere, salvo breves grupos, nuestro pueblo, sobre todo, de lo que siente y quiere la nueva generación, se estuvo a punto, digo, nada menos que de decretar, sin más, la Constitución federal de España La fórmula federal le aterraba a Ortega. Y se lamentaba de la imprecisión, fruto del desconocimiento, con que se empleaban una serie de vocablos: soberanía, federalismo, autonomía. Soberanía- -puntualiza- -significa la voluntad última de una colectividad. Convivir en soberanía implica la voluntad radical y sin reservas de formar una comunidad de destino histórico, la inquebrantable resolución de decidir juntos en última instancia todo lo que se decida... Una amenaza a la soberanía unida, o que deje infectada su raíz, es el camino por el que iríamos derechos y rápidos a una catástrofe nacional ¿Y qué es, entonces, la autonomía? La respuesta de Ortega es rápida, directa: Autonomía significa, en la terminología jurídi- La Nación en el texto constitucional español, como componente básico del Ordenamiento, tiene en esa estructura un significado distinto del que posee en una oda literaria o en un discurso de propaganda política. La Nación, en una normativa jurídico- política (como es la normativa constitucional) no debe entenderse como simplemente jurídica, ni tampoco como simplemente política. He de repetir aquí algo que tengo dicho. La Constitución es una norma jurídico- política que se proyecta sobre una realidad jurídico- política. No es una mera norma jurídica. Ni un precepto político. La Nación, en el Ordenamiento español de 1977, entidad jurídico- política, es la titular de la soberanía, y así se proclama en las primeras líneas del preámbulo. Y la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, ocupa el lugar de los cimientos del edificio, y realiza su cometido como tal, conforme a lo establecido en el artículo 2. No es lícito utilizar la idea constitucional de Nación para aplicarla a realidades que han sido generadas por decisión soberana co- política, la cesión de poderes; en principio no importa cuáles ni cuántos, con tal que quede sentado de la manera más clara e inequívoca que ninguno de esos poderes es espontáneo, nacido de sí mismo, que es, en suma, soberano, sino que el Estado lo otorga y el Estado lo retrae y a él reviene. Esto es autonomía Volvamos a la Nación, una idea de la que se computan ahora las numerosas acepciones de la misma. Es cierto- -y se recoge en los manuales al uso de Derecho Político- -que hay varias maneras de entender la Nación. En la historia del pensamiento los autores nos han ofrecido interpretaciones distintas de la Nación. Pero esto no debe llevarnos a afirmar que en el vigente Ordenamiento constitucional español la Nación puede entenderse de diferentes modos. La Nación en la presente estructura jurídico- política de España es la titular única e indivisible del poder constituyente. No tienen cabida, en nuestro Ordenamiento, varias Naciones. La variedad de ideas sobre la Nación es consecuencia de su inserción en diferentes estructuras. Si retomamos el ejemplo del cuadro de madera que puede ser asiento o tapa, según que esté en un sillón o en un cajón, la Nación en una estructura preestatal, en una federal o en una confederal, no es lo mismo que en nuestro Estado de las Autonomías. Y fuera de las organizaciones jurídico- políticas, la Nación se emplea con significados plurales en la literatura narrativa, en los discursos propagandísticos y en la poesía. Pero la Nación, en el actual Ordenamiento español, tiene un significado preciso y juega en él un papel que no cabe constitucionalmente desvirtuar. Y nos queda una última anotación sobre la autonomía, en la línea trazada por Ortega en las Cortes republicanas. Con la autonomía se ceden competencias por el Estado, el cual puede ampliarlas, siempre que la Constitución lo permita, y puede el Estado recuperar competencias cedidas por error o con efectos indeseados. El proceso de transformación del Estado de las Autonomías no ha de marchar necesariamente en la dirección de aumentar las transferencias de poder a favor de las comunidades. Acaso resulte aconsejable, en determinados casos, ir en la dirección opuesta, o sea que el Estado recupere determinadas competencias antes cedidas. Ortega, en 1932, lo tenía claro y así lo exponía. En la presente situación española debemos recordar la buena enseñanza.