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4 Opinión LUNES 25 7 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil TARDE Y CON OPACIDAD A visita de Zapatero a la zona cero de la catástrofe del Alto Tajo se ajustó al formato más inconveniente a las circunstancias y más proclive al sosiego del jefe del Ejecutivo. Después de no mostrar ninguna prisa por aparecer por la zona (tres días estuvo en España desde que se supieron las once muertes) ayer optó por la precipitación: viaje relámpago y sin apenas testigos. La comarca no fue avisada, a buena parte de la prensa no le dio tiempo a llegar e incluso algunos alcaldes se enteraron cuando el presidente ya se había marchado. Sólo un par de alcaldes (ambos del PSOE) de técnicos de la Junta y de miembros de los retenes superaron el exigente casting para estar presente en la visita. La puesta en escena de Zapatero en Guadalajara se ajustó más a la evitación de posibles abucheos que a otra cosa. La improvisación domina todo desde que se desató el incendio, tanto en las operaciones de socorro como en los días siguientes. El Gobierno ha entrado mal y tarde en la tragedia. Incluso el razonable gesto de declarar zona catastrófica la comarca revela cierta mala conciencia, pues el año pasado no se concedió esa catalogación a Huelva cuando en su sierra ardieron el triple de hectáreas. L DE AUTONOMÍA A CONFEDERACIÓN A medida que se acerca la conclusión del debate parlamentario sobre la reforma del Estatuto catalán, se perfilan con mayor nitidez los problemas de carácter constitucional que presenta el texto aprobado por los grupos parlamentarios que integran el gobierno tripartito. Y esos problemas, a su vez, empiezan a dibujar un camino laberíntico para el Ejecutivo de Maragall, pero también para el Gobierno central, pues Rodríguez Zapatero hizo suya desde el primer momento la iniciativa estatutaria del PSC y de ERC. La forma en que esta iniciativa se halla recogida en el texto aprobado por la Ponencia del Parlamento catalán no augura grandes satisfacciones al presidente del Gobierno. Si finalmente no hay nuevo estatuto, habrá fracasado definitivamente la vía catalana trasunto autonómico del talante presidencial y espejo en el que el PSOE quería que se miraran los demás procesos de reformas estatutarias. Si se aprueba tal y como está publicado en el Boletín del Parlamento catalán- -incluso aunque previamente se introdujeran las enmiendas contenidas en el voto particular del PSC- Zapatero habrá franqueado el paso a una reforma constitucional encubierta, pero explícita, con una quiebra del modelo de Estado aprobado en 1978 y con una ruptura de los principios de unidad nacional, soberanía, igualdad y solidaridad. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. El texto del tripartito da las pistas necesarias para medir la gravedad de lo que está en juego, pese a que su discusión avanza entre amenazas y órdagos recíprocos de los partidos catalanes, con ERC anunciando que pedirá el derecho de autodeterminación y con una política lingüística que haría moderada a la ahora vigente. No es realmente una reforma del Estatuto, sino uno nuevo, en toda su extensión, que alumbra un sistema político específico- -no autonómico- -para Cataluña y que se asienta en una relación bilateral entre esta comunidad y el Estado español. La definición de Cataluña como nación no es una licencia literaria, sino el fundamento jurídico de la nueva organización política de esta comunidad, pero también del Estado, porque, desde el momento en que una parte de España se califique estatutariamente como nación, está alterando la configuración ge- neral del Estado. A partir de ahí, es lógico- -en términos jurídicos y políticos, pero no constitucionales- -que el proyecto de Estatuto prevea para Cataluña una arquitectura estatal- -nación, territorio, derechos ciudadanos, poder judicial, blindaje de competencias- -y una relación confederal con el Estado español. La inconstitucionalidad de este planteamiento es palmaria y el Gobierno socialista no debe aceptarla. Pero el problema de Zapatero es que ese planteamiento ha tomado mucho cuerpo político y el cheque que extendió a su favor, sólo con la condición de que fuera aprobado por la Cámara catalana, pronto se le pasará al cobro. Las políticas nacionalistas radicales- -aunque sean participadas por el socialismo, como es el caso- -no son constructivas. Tienden a la discordia, no respetan los pactos constitucionales y buscan la imposición de identidades únicas. El consenso constitucional ha venido funcionando desde 1978 porque esas políticas eran marginadas a la hora de definir las líneas de progreso de España. Pero ahora están siendo alentadas por el Gobierno central y éste es un error de consecuencias previsibles y perjudiciales para la estabilidad institucional y la cohesión nacional. Ahora, tanto desde Madrid como desde Barcelona, se insiste en que el nuevo Estatuto será constitucional, como si pudiese ser otra cosa distinta. O es constitucional, o no es, y no se trata de una concesión o de un gesto de moderación, sino del deber absoluto de los poderes públicos de acatar la Constitución. Pero las leyes no son constitucionales sólo porque lo digan los legisladores. Tampoco porque vayan recabando más apoyos a medida que avanza el proceso legislativo. En este sentido, resulta hasta gracioso que, durante su último encuentro en La Moncloa, Zapatero y Carod- Rovira coincidieran en pretender el apoyo del PP al proyecto estatutario, después de que el pacto del tripartito prevea la exclusión expresa de todo acuerdo político con los populares. Sea por ánimo de dividir internamente al PP, o por provocar a CiU, ese súbito interés por el apoyo de los populares demuestra también que hay un riesgo cierto de que el proyecto encalle antes (en el Parlamento catalán) o después (en el Congreso de los Diputados) Juan José Ibarretxe MIKEL PONCE A TIROS POR EL CENTRO DE SAN SEBASTIÁN A Ertzaintza repelió ayer en San Sebastián, con tiros al aire, el ataque de un grupo de proetarras que había acudido a rendir homenaje a un terrorista muerto en Francia. Encabezada la manifestación por Arnaldo Otegi, parte de los congregados terminaron la concentración con su tradicional epílogo vandálico. Sólo entonces intervino la Policía autonómica. Y ése es el problema. Porque lo primero que tenía que haber hecho el Gobierno vasco es no permitir semejante reunión, pues tanto su formato (estaba dirigida por un partido ilegalizado, como demuestra la presencia de Otegi y la plana mayor batasuna) como su contenido (la exaltación pública de un terrorista) contravenían un buen númerode preceptos legales. Nada de eso sevaloró, y en pleno contexto de recrudecimiento del terrorismo callejero la Ertzaintza se resignó al previsible final. La desidia del Ejecutivo que preside Ibarretxe en la evitación de manifestaciones de exaltación de ETA ya es casi patológica y discurre a medio camino entre la negligencia consciente y la irresponsabilidad. UN ERROR EN TIEMPOS DE CRISIS L D ESPUÉS del atentado múltiple en Londres del día 7, el mayor despliegue en la historia de la Policía londinense no logró evitar que dos semanas más tarde otros cuatro terroristas estuviesen a punto de cometer una barbaridad semejante. Y lo que es peor, el viernes un comando de élite abatió a tiros a un ciudadano brasileño inocente creyendo que era un terrorista suicida. Al menos por ahora, el balance de la situación no puede considerarse satisfactorio para la gestión de primer ministro Tony Blair, pero no hay más que ver los diarios de Londres para darse cuenta de que la comprensible consternación social no hace que los británicos se confundan de enemigo y empiecen a cargar las tintas contra el Gobierno, en unos momentos en los que toda la estabilidad y la seguridad del país están en juego. Los mecanismos ordinarios de investigación de tan dramático error se han puesto en marcha, porque otra cosa no sería aceptable, el Gobierno ha expresado sus sentimientos de condolencia a las autoridades brasileñas y las instituciones se preparan para hacer frente a sus respon- sabilidades. Y acto seguido, la Policía ha reiterado que mientras persista una amenaza tan evidente mantendrá su criterio de utilizar las armas en casos extremos con toda contundencia. Londres vive jornadas extraordinarias y los británicos han demostrado que son conscientes de que el mundo libre afronta en estos momentos el desafío de decidir cómo usar la democracia y el Estado de Derecho en nuestras relaciones con aquellos que lo único que quieren es precisamente acabar con la democracia y los principios básicos de las sociedades modernas. No se puede olvidar que la causa directa de la muerte del joven brasileño han sido los disparos de un policía, que erróneamente supuso que estaba persiguiendo a un terrorista por su anormal comportamiento cuando recibió el alto policial, pero en realidad se trata también de una víctima indirecta de la situación creada por los terroristas. Probablemente nada habría sucedido de no ser porque existe el riesgo cierto de que los asesinos intenten volver a poner bombas en el Metro para masacrar inocentes. Y eso lo han entendido los británicos.