Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión VIERNES 22 7 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil SERENIDAD E ALIANZA DE DEMOCRACIAS OS semanas después de la cadena de atentados que causó la muerte a 56 personas, Londres vivió ayer una repetición a menor escala de aquella jornada terrorista del 7- J. Tres trenes de Metro y un autobús se vieron dañados por deflagraciones de pequeña entidad que se atribuían a detonadores sin carga explosiva. La restricción informativa de las autoridades británicas y la confusa perpetración de estos nuevos ataques terroristas mantienen la incertidumbre sobre las intenciones últimas de sus autores. Ciertamente, en su ánimo estaba extender el miedo y paralizar la red de transportes públicos de Londres, lo que consiguieron plenamente. Pero aún no se sabe si los artefactos que estallaron eran sólo detonadores, si falló la conexión a las cargas explosivas o, como llegó a especularse en los momentos posteriores a los atentados, se trató de un acto de terrorismo químico o bacteriológico. En todo caso, el terrorismo se ha hecho presente otra vez en una ciudad aún conmocionada por el asesinato masivo del 7- J y fuertemente vigilada por unas fuerzas de seguridad en alerta permanente desde entonces. La reproducción casi milimétrica del plan terrorista del 7- J demuestra que el terrorismo indiscriminado, propio de organizaciones integristas, ejecutado por fanáticos que renuncian a un plan de fuga, porque su propósito es actuar ellos mismos como detonadores de sus bombas, no puede ser combatido como una manifestación del terrorismo tradicional de ETA o del IRA. El terrorismo integrista islámico se está cultivando en las trastiendas de las ciudades europeas, entre jóvenes nacidos y educados no precisamente en un mar de injusticias sino en sociedades democráticas, desarrolladas y modernas, con regímenes de libertades y derechos impensables en los países de origen de sus padres y que ellos están dispuestos a negar a los demás. Esta incardinación de los terroristas en las sociedades a las que atacan y su camuflaje en hábitos ciudadanos normales necesariamente debe traducirse en D un replanteamiento de la lucha antiterrorista, en la que las medidas policiales y judiciales deben ir acompañadas de una colaboración efectiva de las comunidades musulmanas en la marginación de sus individuos extremistas y de las doctrinas que alientan el terrorismo. No es suficiente que los dirigentes de estas comunidades condenen los atentados, si su compromiso con las sociedades de acogida no les lleva a colaborar con las autoridades políticas y policiales. En España bien sabemos el coste tan alto que tiene un ambiente social compasivo con los terroristas y cuánto esfuerzo ha requerido la deslegitimación política del terror. Es un contrasentido que el día antes en que se producía la segunda edición- -reducida, pero no menos preocupante- -del 7- J, se conociera la noticia de que el Tribunal Constitucional alemán denegaba a España una euroorden contra un sospechoso de colaborar con Al Qaida. Estas objeciones legales no afectan sólo a la lucha antiterrorista, sino a la existencia misma de Europa como un espacio común de seguridad, libertad y justicia, donde, al parecer, los terroristas circulan con más libertad que los jueces y los policías. Las explosiones de ayer deben considerarse como el recordatorio terrorista de que no hay tregua para las democracias y también deberían ser el enésimo llamamiento a establecer una verdadera coalición entre las sociedades amenazadas para establecer una defensa común de sus valores esenciales. Las disquisiciones occidentales sobre las causas del terrorismo- -cuando, en todo caso, no pasan de ser simples móviles que todo criminal alega para exculparse- la obsesiva tendencia de las democracias a asumir parte de la culpa por el terrorismo que sufren y la renuencia a encarar la amenaza integrista como una voluntad de transformar globalmente el orden mundial, seguirán actuando en contra de la seguridad colectiva de las sociedades democráticas y, por eso, la primera alianza que debe consumarse es la de las democracias consigo mismas. L incidente con el que concluyó la tumultuosa reunión de la Diputación Permanente se cerró ayer, por el momento, con una declaración del presidente del Congreso, Manuel Marín, que pidió perdón a los ciudadanos por el enfrentamiento entre el socialista Alfredo Pérez- Rubalcaba y el popular Rafael Hernando. Más allá de que mediara una muy inoportuna y torpísima provocación, se debe evitar siempre trasladar a España esas imágenes de peleas entre diputados que de cuando en vez nos llegan de algún parlamento asiático. Compete a las direcciones de ambos partidos hacer un llamamiento a la calma y al sosiego. Y han de esforzarse por transmitir sus disculpas a la opinión pública si los protagonistas concretos del episodio no se avienen a un caballeroso gesto que la sociedad seguro que les reclama. Manuel Marín EFE LIBERALIZAR NTE la reestructuración del sector energético que prepara el Gobierno, y que coincide con los rumores de que el Ministerio de Industria podría estar pensado en aumentar el intervencionismo del Estado, conviene recordar que las posibilidades de acierto en la reforma aumentarán exponencialmente si se opta por lo contrario, es decir, por un perfeccionamiento de la liberalización. Esta opción, cuyas virtudes recordó ayer muy atinadamente el vicepresidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, encajan a la perfección con la doctrina implantada en España y que aconseja la Unión Europea. Regresar al pasado, a ese tutelaje estatal más o menos férreo, desvirtuaría un modelo de mercado que se ha comportado, en líneas generales, de manera eficaz. A DIMISIÓN O CORTAFUEGOS A dimisión de la consejera de Medio Ambiente de Castilla- La Mancha, Rosario Arévalo, es fiel reflejo de la grave situación derivada del trágico incendio acaecido en Guadalajara y se produjo la misma mañana que ABC ponía en evidencia que el Gobierno manchego dio por desaparecido al retén cuando ya conocía el hallazgo de los cadáveres. Es destacable la prontitud con que la consejera ha asumido su responsabilidad en un país donde no es frecuente la conjugación del verbo dimitir aunque resultan en cierto modo peregrinos los argumentos que utiliza. Dejar el cargo es la consecuencia normal en democracia del fracaso en la gestión política y no debe presentarse, por tanto, como si se tratara de un gesto de especial sensibilidad. La Junta cometió muchos y graves errores en aquellas horas dramáticas y, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que proceda, son las personas encargadas de ladirección política quienes están obligadas a rendir cuentas ante los ciudadanos. Llama la atención, en todo caso, el modo y la forma en que se produce la dimisión. Mucha gente tiene la impresión de que podría tratarse de un cortafuegos (valga la analogía, muy pertinente por desgracia) para evitar que la justa indignación de los afectados salpique a instancias superiores, en concreto al presidente, José María Barreda. Por lo demás, es interesante que los ciudadanos se acostumbren a ser exigentes con las autoridades autonómi- L cas, investidas de una extraña inmunidad ante la opinión pública a pesar de que se trata de la administración competente en múltiples materias, incluido el medio ambiente. Sin embargo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero (empezando por el propio presidente) no puede desentenderse del asunto. En aquéllas horas se puso de manifiesto que la coordinación entre las administraciones fue sencillamente inexistente. Los datos acerca de cuándo, cómo y a quién se solicitó la ayuda deben ser analizados. Y sobre todo ha de aclararse a qué hora el Ejecutivo central conoció las dimensiones de la tragedia, para medir los reflejos de su reacción. El Estado de las autonomías no puede servir de justificación para crear compartimentos estancos, puesto que su objetivo es prestar mejores servicios a la población en condiciones de eficacia y proximidad. Estos acontecimientos van a tardar en olvidarse. No se trata sólo de su repercusión política ni de la inevitable comparación con el Prestige (que para empezar no produjo, como es notorio, víctimas mortales) Lo más grave es, por supuesto, la pérdida de vidas humanas. Está, además, el drama ecológico y la desesperación moral y material que invade a varios municipios. Es lógico que haya dimitido la máxima responsable autonómica en la materia, pero no hay que descartar que la exigencia de los ciudadanos tras el conocimiento de la verdad en todos sus extremos no se detenga en ese nivel político. VIGA EN OJO PROPIO P ARECE inminente que France Telecom, compañía participada en más de un 30 por ciento por el Estado francés, se haga en breve con la operadora española de telefonía Amena. Los números se elevan a 9.000 millones de euros (billón y medio de pesetas) cantidad que da fe de la importancia de la operación, que, en el terreno financiero internacional, supone el desembarco de Francia en el mercado español. Es de reseñar la bipolaridad y ese extraño cinismo comercial que el país vecino muestra en este asunto, pues, paralelamente, el Ejecutivo francés ha tocado a generala estos días para impedir la compra de Danone por parte de PepsiCo.