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ABC JUEVES 21 7 2005 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC LIBERTAD DE EMPRESA. LIBERTAD DE COMERCIO POR FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA Incluso el Gobierno actual, que se define claramente de izquierdas, proclama como uno de sus principales objetivos reducir el intervencionismo estatal en la vida empresarial, aunque su práctica diaria le desmienta en exceso... L A libertad de empresa es un valor en auge. Pero todavía encuentra numerosos obstáculos. Más con el Estado de las Autonomías y la creación de élites locales. Porque vivimos en una sociedad dual que tiene miedo a la competencia. En una sociedad que ha practicado el proteccionismo durante la mayor parte del XIX y el XX, pero que sólo cuando se ha abierto al exterior, con el Plan de Estabilización en 1958, con la Unión Europea en 1986, con la Unión Monetaria en 1999, ha progresado decididamente hacia la convergencia real con nuestro entorno europeo. En pocos ámbitos ese proteccionismo ha conseguido dominar el debate social tanto como en el comercio. Se justifica en una idea romántica, casi medieval, de las ciudades, de los burgos, de las medinas; en una defensa numantina del pequeño comercio como sostén de la trama urbana y creador de empleo. Pero la realidad es otra. La ley de Comercio de 1996 ha supuesto una auténtica revolución en la estructura del comercio español, y no precisamente a favor de los pequeños establecimientos familiares. Los supermercados son los principales beneficiarios de las restricciones impuestas al desarrollo de las grandes superficies y han visto incrementada su cuota de mercado más de veinte puntos en diez años, hasta el 63,5 por ciento del total, según acaba de publicar el Informe de Distribución Comercial en España 2004, editado por el Ministerio de Industria y Comercio. Mientras, el pequeño comercio tradicional, ése que se quiere proteger, sigue reduciéndose y cae al 5,1 por ciento. to deje mucho que desear, y algo tendrá que ver con los problemas que atraviesa la región para superar su estancamiento. En los últimos treinta años los acontecimientos se han sucedido a una velocidad de vértigo en nuestro país, cambios tecnológicos, sociales, políticos. Pero todavía en los libros de texto que estudian nuestros hijos los mercados son instituciones perversas, los funcionarios están siempre dotados de superior inteligencia, las riquezas naturales están dadas y se ignoran el ingenio y la capacidad del ser humano para superar esas limitaciones, se desprecia el consumismo como depredador e insolidario. En definitiva, se ofrece una imagen distorsionada del empresario, más propia del adoctrinamiento que del conocimiento. No es de extrañar que en este ambiente proteccionista la figura del empresario emprendedor sea desconocida, casi ignorada, si no directamente vilipendiada. Y habría algún motivo para ello en la medida en que la larga mano del Gobierno impregna en exceso la vida económica y convierte a todo empresario en buscador de rentas a tiempo parcial. Quizás por ello, y por la inercia de la lucha de clases, todavía en demasiadas ocasiones el empresario es ese señor orondo con frac y chistera que se fuma un habano mientras aprieta el cinturón de los sufridos trabajadores. Si además su negocio son las grandes superficies comerciales, se convierte en un especulador inmobiliario, muñidor de equipos de gobierno municipal y responsable del abandono urbano. Bien es cierto que con la Transición política se ha producido una importante transición en el pensamiento económico. Se reconoce que la prosperidad y el progreso social tienen mucho que ver con el desarrollo de la capacidad empresarial; que la búsqueda de oportunidades de negocio e inversión es el motor del crecimiento. Así se hizo en la Cumbre de Lisboa y en sus recomendaciones para convertir Europa en la economía más dinámica y próspera del mundo. Lástima que su cumplimien- Porque el comercio y la actividad empresarial son vehículo de progreso y de cambio social, tienen siempre como enemigos a aquellos que quieren mantener inalterable el statu quo, a los que sueñan con una Arcadia feliz, rural y autóctona, con una Europa fortaleza, con una Cataluña sin mezquitas o con una España pura. Lo vimos con el referéndum francés, ganado por una coalición negativa de todos aquellos que piensan que el pasado fue mejor, de los nostálgicos del Imperio y de la revolución, del fascismo y el anticapitalismo, del antiimperialismo y la OAS, de la antiglobalización y la francofonía como paradigma de libertad. Como si las culturas, las economías y las civilizaciones no prosperaran gracias al intercambio comercial, la inversión exterior, la inmigración y el mestizaje; como si encerradas en sí mismas, aisladas de toda influencia y protegidas de toda contaminación, pudiera existir libertad, competencia y progreso. Afortunadamente, las cosas han cambiado mucho en nuestro país. Aunque no lo suficiente. Ya no se discute que el Estado es un mal empresario; que su actuación debe limitarse a regular la actividad económica, no a producir directamente bienes o servicios. Incluso el Gobierno actual, que se define claramente de izquierdas, proclama como uno de sus principales objetivos reducir el intervencionismo estatal en la vida empresarial, aunque su práctica diaria le desmienta en exceso. Esta concepción moderna del Estado impregna toda la política económica actual. Toda, menos la política comercial. En este terreno, y a pesar de las continuas recomendaciones del FMI, la OCDE o la propia Comisión Europea, la libertad de horarios y establecimientos comerciales es un bastión numantino del intervencionismo, y por tanto de la arbitrariedad. Lo es hasta en aquellas comunidades que presumen de liberales. Da igual lo que digan los expertos, lo que opine el Tribunal de Defensa de la Competencia, lo que deseen los consumidores. Se ha impuesto una falacia en el debate público; la falacia de que está en juego nuestra forma de vida, nuestro modelo de ciudad. Hemos creado una nueva excepción cultural. Y contra esos molinos de viento no puede nada el sentido común de Sancho. Porque la evidencia empírica es aplastante. Las dos terceras partes de los consumidores quieren elegir dónde y cuándo comprar; el empleo crecería en Europa en más de 600.000 puestos de trabajo con la aprobación de la Directiva de Servicios, la famosa Directiva Bolkstein víctima preventiva e inútil del referéndum francés; el empleo a tiempo parcial en el sector podría convertirse en factor de integración de jóvenes y mujeres en el mercado de trabajo y con ello en un elemento de emancipación y de movilidad social; el consumo europeo podría aumentar seis décimas su anémica tasa de crecimiento y contribuir al despertar económico; las restricciones no benefician al comercio familiar, sino sólo a las cadenas de supermercados. Confía el profesor Leandro Prados, en su magna reconstrucción de la Contabilidad Nacional Histórica desde 1850, en que la evidencia aportada debería permitir la revisión de percepciones fuertemente arraigadas y que sólo se sustentan en su aparente razonabilidad. No puedo compartir su optimismo en materia de libertad de comercio, donde a las percepciones erróneas se unen fuertes intereses defendidos con gran habilidad política y no menor peso electoral. Pues nos encontramos una vez más, en España y en Europa, ante un claro ejemplo de obstáculo a la modernización y el crecimiento económico que nadie se atreve a remover. Como un impuesto que ha recaído sobre los ciudadanos sin que nadie les haya preguntado y sin que siquiera sean conscientes de que lo pagan. Pero un impuesto que, desgraciadamente, sigue gozando de buena prensa y mejor salud.