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ABC MIÉRCOLES 20 7 2005 49 El Gobierno establece multas de 300 euros a un millón por discriminar a personas discapacitadas Una juez de Denia rehúsa casar a dos gays e inicia los trámites para recurrir al Tribunal Constitucional Expertos en Derecho Constitucional dudan de la viabilidad de la medida promovida por la magistrada rechazara la cuestión de inconstitucionalidad, los expertos en Derecho no ven descabellado que la pareja se querelle contra la jueza por prevaricación I. RODRÍGUEZ N. COLLI I. BLASCO VALENCIA. La polémica que envuelve a la ley que permite los matrimonios homosexuales vivió ayer un nuevo episodio con la decisión de una juez de Denia (Alicante) de iniciar los trámites para presentar una cuestión de inconstitucionalidad contra esta norma que modifica el Código Civil y que entró en vigor el 3 de julio. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de esta localidad, Laura Alabau, responsable además del Registro Civil, es la primera de España que se opone a celebrar matrimonios homosexuales, y lo hace amparándose en el artículo 163 de la Constitución, que faculta a los jueces a promover una cuestión de inconstitucionalidad. La iniciativa de esta magistrada valenciana, que ha dado audiencia al Ministerio Fiscal y a la pareja de homosexuales que solicitó el inicio de su expediente de matrimonio para que formulen alegaciones, tiene pocas posibilidades de éxito a tenor de la opinión de varios expertos en Derecho Constitucional consultados. Según estas b Si el TC al TC la cuestión de inconstitucionalidad razonando su decisión, porque no estaría formulando una duda, sino un alegato de inconstitucionalidad precisan dichas fuentes. Su resolución no es recurrible. Sabíamos que iba a pasar De llegar al TC, el expediente matrimonial quedaría suspendido y la pareja homosexual debería postergar sus planes de boda durante un periodo indeterminado, que fuentes judiciales estiman de entre seis y ocho meses. Es un error, pero hay 4.300 jueces y sabíamos que iba a pasar señala uno de los catedráticos consultados. El procedimiento puede sustanciarse sin más trámite que la audiencia del Fiscal General del Estado cuando fuere notoriamente infundada la cuestión suscitada Deberá de ser en una resolución motivada, tal y como recoge el artículo 36 de la Ley Orgánica del TC. En el caso de ser admitida la cuestión de inconstitucionalidad, el TC deberá dar traslado al Congreso, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado para que presenten alegaciones en 15 días. El Constitucional tiene un máximo de 30 días para resolver. Fuentes consultadas no creen descabellado que en el supuesto de que el TC rechazara la cuestión de inconstitucionalidad, la pareja afectada se querellase contra la juez por un presunto delito de prevaricación. Carlos y Emilio protagonizaron hace días la primera boda gay en España fuentes, lo más lógico es que el Tribunal Constitucional rechazara la cuestión planteada por la magistrada, en el caso de que llegara a promoverla (de momento sólo ha iniciado los trámites) porque sólo puede promoverse cuando la norma que se pone en entredicho condiciona el fallo judicial, es decir, afecta a la función estrictamente jurisdicional del juez cuando dicta una sentencia o un auto que concluye un procedimiento. Los expertos entienden que en la tramitación de un expediente matrimonial la magistrada está JAVIER PRIETO desarrollando una función meramente administrativa, no está resolviendo ningún contencioso legal y por tanto no hay fallo que pudiera verse condicionado por la norma. Esta joven magistrada- -movida, según fuentes judiciales, por sus sólidas convicciones morales- -ha concedido un plazo de diez días a las partes para que aleguen. El fiscal ya lo ha hecho, no así la pareja contrayente. Superado este trámite y conocidos los argumentos de las partes, la juez tiene tres días para decidir si sigue adelante y eleva