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28 Internacional MARTES 19 7 2005 ABC Ataque a Simeón de Bulgaria por los bienes de la Familia Real b El Rey de Bulgaria y su partido El escándalo de la agente de la CIA también salpica a la oficina de Cheney Bush se ve forzado a reiterar la posibilidad de destituciones fue el primero en exponer a la agente Valerie Plame, Lewis Libby, jefe de gabinete de Cheney, sirvió para confirmar su identidad a la revista Time PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL WASHINGTON. El escándalo político del verano en Estados Unidos- -la identificación hace dos años de una agente de la CIA como parte de una supuesta venganza contra su esposo, un diplomático crítico del uso de la fuerza contra Irak- -sigue complicando la existencia de la Casa Blanca. Sobre todo, cuando en el último número de la revista Time, el periodista Matthew Cooper se dedica a ofrecer su privilegiada versión en primera persona de como Valerie Plame terminó por convertirse en la espía más famosa de los servicios de inteligencia estadounidenses. b Aunque Karl Rove aparecen como claves en las difíciles negociaciones para la futura coalición de gobierno tras las elecciones del 25 de junio RAFAEL ALVARADO. CORRESPONSAL SOFÍA. Sergei Stanishev, el joven líder de los socialistas búlgaros y candidato a primer ministro tras el triunfo de su partido en los comicios parlamentarios celebrados en Bulgaria el pasado 25 de junio, recibió ayer el encargo de formar gobierno. Su tarea, para la que tendrá siete días, será ardua ante las difíciles combinaciones que se apuntan para la futura coalición Desde hace días se barajan posibles amplias coaliciones en las que la Alianza Nacional Simeón II y su líder, el primer ministro saliente Simeón de Bulgaria- -a la que las urnas le adjudicaron el segundo lugar- -tendrán un papel relevante. Quizá por ello reaparece el viejo tema de las propiedades de la Familia Real. Ya en la campaña electoral, los socialistas, el ultranacionalista partido Ataka y Demócratas por una Bulgaria Fuerte, del ex primer ministro Ivan Kostov, hablaban de revisar la restitución de los bienes de la Familia Real, amenazando con una nueva nacionalización. La campaña contra los bienes de Simeón y su familia empezó a finales de 2002, acompañada de una serie de calumnias- -se ha llegado a insinuar corrupción- -dirigidas contra algunos de sus hijos. ministro de la India- -ha vuelto a ser cuestionado por la Prensa sobre la saga de Valerie Plame y las implicaciones para su credibilidad. Tras repetir la frase ya manida de no hacer ningún comentario sobre investigaciones abiertas, el presidente ha terminado por reiterar que si alguno ha cometido un delito, no va a seguir trabajando en mi gobierno Grave delito federal Divulgar la identidad de un agente secreto de los servicios de inteligencia de EE. UU. de acuerdo a la Intelligence Identities Protection Act de 1982, es un grave delito federal que puede castigarse con penas de hasta diez años de cárcel. Pero para conseguir un veredicto de culpabilidad y una condena, el Ministerio Público tiene que demostrar intencionalidad y malicia. En este caso, la responsabilidad de identificar las supuestas goteras delictivas la Casa Blanca ha correspondido al fiscal federal Patrick J. Fitzgerald. Con todo, el testimonio del periodista Matthew Cooper no resulta definitivo para que las pesquisas de Fitzgerald acaben en procesamientos. Según el periodista, el gurú electoral Karl Rove aunque claramente indicó que la esposa del embajador Wilson trabajaba para la CIA, no utilizó su nombre en ningún momento o divulgó su estatus. Tampoco lo hizo el jefe de gabinete de Cheney. Aun así, Cooper recuerda que Rove terminó su breve pero reveladora conversación telefónica en julio del 2003 diciendo algo así como: Ya te he dicho demasiado Karl Rove Esta es la primera vez que uno de los periodistas relacionados con este caso- -por el que Judith Miller, redactora del New York Times, ha terminado en la cárcel al negarse a cooperar con las pesquisas criminales en curso- -ha señalado a Karl Rove y Lewis Liddy. Considerados como dos de los individuos más poderosos dentro de la plantilla de cargos de confianza de la Casa Blanca y cuya implicación en este escándalo había sido negada con vehemencia por el portavoz presidencial, Scott McClellan. Para darse cuenta de la distracción que este escándalo supone para la Casa Blanca, el presidente Bush- -que ayer recibía en Washington con toda pompa y circunstancia al primer Confidencias En su recapitulación, una vez liberado del compromiso de confidencialidad por su fuente y de haber testificado la semana pasada ante un jurado de acusación, Cooper identifica a Karl Rove como el primero que le contó que la esposa del embajador Joseph Wilson trabajaba para la CIA y había enchufado a su esposo para confirmar si el régimen de Sadam Husein estaba adquiriendo uranio en Níger. En busca de confirmación para ese soplo, Cooper la encontró en Lewis Libby, el jefe de gabinete del vicepresidente Richard Cheney. Sentencia del Constitucional Extraña que cinco años después de que el Tribunal Constitucional de Bulgaria se pronunciara a favor de la restitución de los bienes de la Familia Real- -junio de 1998- y, además, sin votos en contra, se intentara reabrir el tema. Entre los bienes de Simeón figura el palacete de Vrana, en las inmediaciones de Sofía, su residencia actual. Datos a los que ha tenido acceso ABC señalan que su abuelo, el Rey Fernando, adquirió a comienzos del siglo pasado unas 450 hectáreas para construir Vrana. A la Familia Real le han sido restituidas sólo 98 hectáreas, de las cuales Simeón se queda con unas 2 hectáreas y dona las restantes al Ayuntamiento. Sobre este tema, el ombudsman Guinio Ganev, señalaba a ABC: No debemos olvidar que los bienes de la Familia Real fueron devueltos mucho antes de que Simeón accediera a la jefatura del gobierno... Es inadmisible manchar el buen nombre de la familia de Simeón, incluidos sus hijos, haciendo afirmaciones gratuitas que pueden ser calificadas de calumnias, hasta que los órganos competentes no demuestren lo contrario El FBI usó fondos de la lucha contra el terrrorismo para espiar a ONG MERCEDES GALLEGO CORRESPONSAL NUEVA YORK. Desde que tras los atentados del 11- S se le otorgase poderes especiales para combatir el terrorismo, el FBI ha usado esos medios para espiar a ONG que desarrollaban protestas legales contra políticas oficiales como la guerra de Irak o prácticas medioambientales, según se deduce de la respuesta que ha dado al Departamento de Justicia. La mayor y más antigua organización de derechos civiles de Estados Unidos, American Civil Liberties Union (ACLU) le pidió en diciembre de 2004 que hiciese público los documentos que tuviera sobre sus actividades, y ante la falta de respuesta presentó una demanda en mayo pasado, que incluye a otras ONG, amparándose en la Ley de Libre Información. Los apenas 20 documentos que el FBI ha entregado hasta ahora están dirigidos a la unidad antiterrorista conocida como Joint Terrorism Task Force. No sabemos qué consecuencias puede tener esto para los individuos que aparecen mencionados, si por ese motivo pueden ser incluidos en la lista antiterrorista del gobierno y tener problemas en el futuro explicó el abogado de ACLU Ben Wicner. El FBI admite haber acumulado una ingente cantidad de información sobre las actividades de ONG como la ACLU, Greenpeace, People for the Ethical Treatment of Animals, United for Peace and Justice y American- Arab Anti- Discrimination Committee, pero se niega a entregarlos bajo el argumento de que necesita más tiempo para analizarlos. Siempre asumimos que el FBI nos vigilaba admitió Leslie Cagan coordinadora nacional del comité antibélico que agrupa a 150 ONG contrarias a la invasión de Irak, pero ver que los agentes antiterroristas nos estaban ob- servando es bastante crispante En un comunicado, Greenpeace calificó la actuación del FBI como un abuso de poder que se ha convertido en la norma del gobierno de Bush La ACLU coincide con esta afirmación y sostiene que el FBI ha mantenido este patrón de intimidación y espionaje contra todos los grupos que son críticos con el actual gobierno. Sigo impresionado con el tamaño de la ficha que han acumulado sobre nosotros contó el director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero. ¿Por qué el FBI iba a perder el tiempo recolectando más de 1.200 páginas sobre una organización de derechos civiles que sólo realiza actividades legales? El FBI no ha dado una respuesta oficial, pero sus portavoces sugirieron al diario The New York Times que la explicación podría ser tan inocua como anticiparse a quejas de estas organizaciones. Si el FBI no tiene nada que ocultar, lo mejor es que haga públicos los documentos para que la opinión pública decida si ha utilizado correctamente los fondos e intrumentos que se le han otorgado para la lucha antiterrorista sugirió Wicner.