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24 Nacional MARTES 19 7 2005 ABC El TC establece que entrar en España no es un derecho fundamental de los extranjeros Primera sentencia del Constitucional sobre el libre acceso a nuestro país b El Tribunal Constitucional ha empezado a pronunciarse sobre un derecho que, cada vez más, reclaman los inmigrantes expulsados de nuestras fronteras NIEVES COLLI MADRID. ¿Concede la Constitución a los ciudadanos extranjeros el derecho fundamental a entrar en España? El cada vez mayor número de demandas de amparo planteadas por inmigrantes que han sido devueltos a sus países de origen tras fracasar su intento de cruzar la frontera ha obligado al Tribunal Constitucional a analizar esta cuestión y a pronunciarse sobre ella. La respuesta es no La primera sentencia dictada en estos términos data de abril de este año y resuelve, denegando el amparo, la demanda planteada por el ciudadano marroquí Yahya R. quien en agosto de 2000 pretendió entrar en España por el puesto fronterizo del puerto de Almería. Ese mismo día fue devuelto a Marruecos tras comprobarse que, pese a haber presentado su pasaporte y un permiso de trabajo y residencia en su favor otorgado por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, no cumplía con uno de los requisitos que la ley vigente en ese momento exigía: antes del 1 de junio de 1999, Yahya R. no había residido de manera continuada en España y los papeles para su regularización se los había tramitado y remitido por correo a Marruecos un primo suyo. Vocales del CGPJ creen que la reforma de la Justicia aprobada es inconstitucional N. C. MADRID. Dos vocales del grupo mayoritario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se muestran muy críticos con la reforma de la Justicia aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, de la que aventuran que es contraria a la Constitución y a los principios que la inspiraron. A partir de estas opiniones se puede aventurar que la aprobación del informe preceptivo que el CGPJ deberá emitir sobre el anteproyecto del Gobierno no será un asunto pacífico en el seno del Consejo del Poder Judicial. Entre las medidas peor vistas de las que contiene la reforma figuran la creación de los Consejos Autonómicos de Justicia- -que asumirán competencias del CGPJ- -y la llamada justicia de proximidad, de la que se encargarán jueces no profesionales. Carlos Ríos y Juan Pablo González aseguran que los cambios proyectados por el Ejecutivo conducirán inexorablemente a la politización de la Justicia y a la ruptura de la unidad del Poder Judicial como elemento vertebrador del Estado Ambos vocales rechazan la creación de los Consejos Autonómicos, medida que, en palabras de González, tiene como propósito entregar el control del Poder Judicial al poder político autonómico en virtud, añadió, del pacto entre el Gobierno presidido por Zapatero y los partidos nacionalistas para repartirse la Justicia También consideran negativa la justicia de proximidad que, según señala Ríos, bajo el pretexto demagógico de acercar la Justicia a los ciudadanos afecta al derecho a la igualdad ante la ley Al PSOE- -denunció Ríos- -se le olvidan los principios que inspiraron la Constitución de 1978 debido a una coyuntura política de necesidad de votos para mantenerse en el gobierno Inmigrantes subsaharianos detenidos a su llegada a Fuerteventura EFE LAS CLAVES DE LA SENTENCIA El artículo 13.1 de la Constitución no tiene como finalidad convertir en derecho fundamental la eventual expectativa de entrar en España de todos los extranjeros que están fuera de nuestro país y que se presenten en nuestras fronteras sino regular la posición jurídica de los extranjeros que ya se encuentran en España El derecho fundamental del nacional a ser en todo momento aceptado por el propio Estado es uno de los elementos esenciales de la nacionalidad ña de todos los extranjeros que están fuera de nuestro país y que se presenten en nuestras fronteras Lo que pretende este precepto es regular la posición jurídica de los extranjeros que ya se encuentran en España Es decir, el sujeto del derecho al que se refiere el artículo 13.1 no es el extranjero sin Entrada y residencia En la demanda de amparo, su defensa alegó la vulneración del artículo 19 de la Constitución, que garantiza el derecho de los españoles a entrar y salir libremente de España y su libertad de residencia dentro del territorio nacional; y también la del artículo 13.1, que hace extensivo a los extranjeros el disfrute de las libertades públicas reconocidas en la propia Carta Magna a los españoles. El TC descarta la vulneración del derecho a la libertad de residencia pues, explica, mientras no se haya entrado en España- -presupuesto que en el caso de Yahya R. no llegó a darse- no es posible ejercer el derecho a elegir en ella el lugar de residencia El debate se centró por lo tanto en si existe o no un derecho fundamental de los extranjeros a entrar en España. La sentencia- -dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional y de la que ha sido ponente Javier Delgado Barrio- -inicia su análisis en el artículo 13.1 y llega a la conclusión de que su finalidad no es reconocer derechos, en general, a los miles de millones de ciudadanos extranjeros que se encuentran en otros países ni, en concreto, convertir en derecho fundamental la eventual expectativa de entrar en Espa- más, sino el extranjero en España, el que ya ha entrado en nuestro país Por esta razón, el derecho de los extranjeros a gozar de los mismos derechos y libertades que los españoles (artículo 13.1) no es extensivo al derecho fundamental que se contiene en el artículo 19 (entrar y salir libremente de España) del que sólo los nacionales son titulares. El derecho fundamental del nacional a ser en todo momento aceptado por el propio Estado y, por tanto, a entrar en su país- -explica el TC- es uno de los elementos esenciales de la nacionalidad y, en consecuencia, una de las diferencias jurídicas básicas en el estatuto personal del nacional y el extranjero Para avalar esta tesis, el TC cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, textos internacionales de los que se desprende que el derecho a entrar en un país sólo se reconoce con respecto al territorio del Estado del cual se sea ciudadano El Tribunal precisa que la inexistencia del derecho fundamental a entrar en España no afecta a aquellos casos concretos en los que concurran las siguientes circunstancias excepcionales: ciudadanos de la UE, asilados políticos, extranjeros con residencia legal en España y supuestos de reagrupación familiar. Delegados, sí; clones no Una visión completanmente distinta tiene el vocal del grupo minoritario Juan Carlos Campo, quien opina que la Constitución no admite consejos autonómicos como clones del CGPJ, pero sí los que prevé la reforma, pues en la práctica serán las ya existentes Salas de Gobierno de los tribunales superiores de Justicia con nuevos miembros y con aquellas competencias que en ellos delegue el Consejo General del Poder Judicial En cuanto a los jueces de proximidad, aseguró que pueden ayudar a aliviar el primer escalón de la Justicia, pero advirtió que su selección deberá hacerse con criterios rigurosos ya que no serán miembros de la carrera judicial.