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6 LUNES 18 7 2005 ABC VADE MECUM TRIBUNA ABIERTA XAVIER PERICAY IGLESIA Y ESTADO L cardenal Rouco Varela impartió, en el marco del curso de la Universidad de Verano CEU Las relaciones Iglesia- Estado una lección magistral sobe este delicado tema y su desarrollo desde la modernidad, es decir, desde la caída del Antiguo Régimen que en España coincide con la Guerra de la Independencia. Elevó el nivel del debate y apostó por un diálogo franco y sincero con el Gobierno que ayude a consolidar el actual marco jurídico de las relaciones Iglesia- Estado. Anteriormente intervino, también, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Cañizares, en una línea muy parecida. Y hubo dos debates políticos de distinta intensidad. En uno, María Rosa de la JORGE TRIAS Cierva reclamó, una vez SAGNIER más, el derecho de los padres a elegir centro educativo; y Fernando Gurrea, subsecretario de Educación, discutió franca y abiertamente con Silverio Nieto, de la Conferencia Episcopal Española. El día anterior habían intervenido Jorge Fernández, por el PP, quien se pronunció, igualquelo hizoluego sujefe defilas, Mariano Rajoy, por el reforzamiento del actual marco jurídico que dimana del artículo 16 de la Constitución, y ambos advirtieron de las graves consecuencias que acarrearía un cambio irresponsable de ese marco jurídico. Por CiU, Manuel Silva coincidía esencialmente con la posición de Fernández; y por el PNV intervino el senador Albistur, quien se refirió a su educación jesuítica bilbaína y apoyó su intervención en citas de autoridad como las de Adorno, Durkheim, Weber, Eco, etc. Albistur me recordó a esos amigoscatólicos alos que se refiereel profesor Weiler, judío, que dicen saberlo todo del cristianismo, que citan lo último de Derrida, Fukuyama o de Eco, pero que no se les ocurre leer la última encíclica del Papa. Pero lo más sorprendente de este debate sobre las relaciones Iglesia y Estado fue la afirmación del diputado socialista Ramón Jáuregui, quien afirmó que el Gobierno se sentía acosado por la Iglesia. Dejó a los asistentes estupefactos. Por fortuna, en la sesión de la tarde, un hombre sensato, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, desmintió tal exceso verbal de forma rotunda e hizo un análisis de las relaciones del Estado con la Iglesia que hubiesen podido ser suscritas de la A a la Z por su antecesor en el cargo, José María Michavila. Es una pena que voces tan ecuánimes y construcciones teóricas y jurídicas tan bien articuladas como la de López Aguilar, al menos en el marco de esta materia, no tenganmayor eco en el Gobierno de Zapatero, y acabe siempre triunfando el discurso más estridente y la posición más radical de algunos ministros. Todos los que intervinieron en este clarificador curso tuvieron como punto de referencia las recentísimas obras del profesor Andrés Ollero sobre la laicidad en España, de obligada lectura según el ministro de Justicia. Ollero afirma que la configuración de España como Estado laico no significa una apuesta por el laicismo o el diseño de un Estado absolutamente ajeno al fenómeno religioso. A mí me parece inteligente no echar más leña a un fuego que ya está demasiado vivo. E EL ESTATUTO CATALÁN Y SUS SECUELAS Aunque el nacionalismo vasco es el que más ruido hace- -afirma el autor- es el catalán el que marca la pauta y contamina Los pactos alcanzados por el PSOE para aupar al poder a Maragall están condicionando la petición de nuevos estatutos para otras comunidades E S probable que tanto las declaraciones de Alfonso Guerra, actual presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, como las de Manuel Jiménez de Parga, ex presidente del Tribunal Constitucional, acerca de la inconstitucionalidad del proyecto de reforma del Estatuto valenciano hayan sorprendido a más de uno. En efecto, no deja de resultar cuando menos sorprendente que un proyecto avalado por el PP y el PSOE, los dos grandes partidos españoles, esté fuera de los límites de la Carta Magna, y que esta vulneración de los límites afecte a ámbitos tan relevantes como la justicia o los derechos fundamentales. Pero la sorpresa desaparece en cuanto uno atiende a lo que antecede a dicha propuesta de modificación estatutaria. Es decir, en cuanto uno comprueba que el proyecto de reforma valenciano no es sino el último episodio de un proceso que empezó con el llamado plan Ibarretxe, siguió con la promesa electoral- -por parte de todas las fuerzas políticas catalanas, excepto el PP- -de elaborar un nuevo Estatuto para Cataluña y, ya con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tomó carta de naturaleza en el conjunto del Estado, con sucesivas escaramuzas de mayor o menor intensidad. Y es que, en el fondo, el acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana no obedece a ningún estado de necesi- dad, a ninguna demanda social, a ninguna lógica interna; sólo al mero interés coyuntural. Los populares y los socialistas valencianos han llegado a donde han llegado no por méritos propios, sino porque así lo ha querido el nacionalismo. No el suyo, por supuesto. Ni siquiera el que a menudo se invoca como un fantasma y del que serían partícipes los propios partidos nacionales de los que dependen, respectivamente, populares y socialistas valencianos. No, aquí el único nacionalismo que fija el guión- -con la aquiescencia, complacida o resignada, del Gobierno del Estado- el único que desborda el cauce constitucional y arrastra o amenaza con arrastrar a los partidos políticos de las demás autonomías, es el periférico. Y en la periferia, aunque el nacionalismo vasco sea el que arme más ruido y aparezca, pues, como el más beligerante, es el catalán el que marca la pauta y contamina, con su ejemplo, al resto del Estado- -del nacionalismo gallego, recién llegado a la fiesta, poco cabe decir por ahora- Porque sólo en Cataluña el conjunto de la clase política se ha plegado a las reglas del juego nacionalista. Incluso el Partido Popular catalán, que el pasado 8 de julio votó en contra de la proposición de ley de reforma del Estatuto aprobada por la ponencia parlamentaria, decidió hace un año