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ABC DOMINGO 17 7 2005 Opinión 5 CARTA DEL DIRECTOR IGNACIO CAMACHO EL ESTADO ANORÉXICO Ese Estado de dos velocidades causa pánico en numerosos socialistas que asisten con estupor a la determinación con que el presidente ha confiado en el debate catalán la clave del futuro de lo que hasta ahora conocemos como nación española L verdadero factor de ruptura que el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero ha introducidoen el statu quo político español, vigente desde el pacto constitucional del 78, no es tanto su provocadora capacidadde articular políticas sociales minoritarias, queexasperan a una parte significativa de la sociedad española, como la peligrosa revisión del modelo territorial que está en un brete de alcanzar, en el Estatuto de Cataluña, su punto de no retorno. Encaje o no en el marco actual de la Constitución- -los juristas pueden acabar encontrando el modo de permeabilizar la Carta Magna a la medida de las necesidades del tripartito y de CiU, bien a través del artículo 150.2 o bien mediante la redacción técnicamente ambigua de algunas premisas estatutarias- lo que contiene el texto que se debate en la Cámara catalana no es la reforma de un estatuto de autonomía que aún no había alcanzado su techo de desarrollo, sino una ley de nueva planta que tiene, de hecho, carácter neoconstituyente y que, como ha señalado Alfonso Guerra, puede encubrir una reforma de facto de la propia Constitución Española. Y, más al fondo, lo que parece latir en la cuestión que va a empezar a ventilarse en el próximo curso es la configuración de un Estado de dos velocidades que rompa el equilibrio consagrado en el consenso de finales de los años setenta. Parapetado de forma inquietante en un silencio que disfraza de arbitral, el presidente Rodríguez Zapatero ha entregado de hecho a Pasqual Maragall el timón de la reforma del modelo autonómico. Hasta tal punto es así que entre muchos socialistas fieles a la tradición nacional del partido de Pablo Iglesias cunde el miedo a que el proyecto de solidaridad fraguado en la Constitución salte en pedazos bajo un impulso centrífugo que, pilotado desde Cataluña, se extiende por el País Vasco y Galicia. Y que parece nuclear la estrategia política de un Zapatero decidido a construir una mayoría entre socialistas y nacionalistas que desplace del centro el tradicional eje sobre el que pivotaba, en forma de alternancia bipolar, la política española. E Maragall, Zapatero y Carod, en el balcón del Palau de la Generalitat tras la toma de posesión del primero una nueva vuelta de tuerca que, en el mejor de los casos, parece ya inevitable. Nadie, ni siquiera la mayoría de los catalanes y vascos, demandaba esta nueva deriva. Y, sin embargo, nadie va a estar dispuesto a quedarse atrás, como sucedió ya en el 79, en la rebatiña de competencias que se avecina tras la oleada de reformas estatutarias. La ya célebre cláusula de mínimos consensuada por PP y PSOE en el estatuto valenciano- -y que viene a decir: nos conformamos con esto, pero si alguien obtiene algo más, el nuevo logro queda incorporado automáticamente a nuestro techo competencial- -anuncia una escalada en la que puede darse el caso de que asistamos a la estupefaciente reclamación de la nación murciana, cántabra o riojana. En circunstancias como las actuales, el país reclama de su presidente la definición de un modelo. Pero Zapatero deja hacer y se remite a vagos acuerdos interautonómicos de las comunidades, que son sencillamente imposibles porque todos saben que los recursos son limitados y que lo que unos se lleven dejarán de recibirlo los demás. Al presidente parece importarle más la consecución de una mayoría cohesionada con los nacionalistas, que arrincone políticamente al PP, que la construcción de un Estado previamente planificado en un proyecto colectivo como el que hasta ahora ha venido sosteniendo, bien que mal, el Partido Socialista. Por eso, ésta debería ser la hora de los jacobinos que, como Alfonso Guerra, aún sostienen un concepto teórico y práctico de la solidaridad, o de los autonomistas como Bono, Ibarra o Chaves, que saben que el desarrollo de las zonas más pobres de España ha sido posible gracias a un mecanismo de justicia solidaria ahora cuestionado por los Carods, los Ibarretxes y hasta los Maragalles. De ellos depende, en buena medida, que el escenario político español siga pivotando entre una mayoría de centro izquierda y una de centro derecha, capaces de gestionar los recursos de un Estado fuerte de forma homogénea entre todos los ciudadanos, o se escore definitivamentehacia una absurdacoalición entre un partido nacional y un grupo de formaciones dispuestas a engordar a base de hacer trizas la concepción básica del Estado de iguales. EFE Todo parece indicar, no obstante, que los críticos no sólo están en minoría dentro del PSOE, sino que la iniciativa parte del poder que controla Rodríguez Zapatero, cuyos colaboradores se han permitido incluso el lujo de mandar callar a quienes, como Guerra, se limitan a usar su derecho a la libertad de expresión. Llegada la hora de votar, en el Gobierno y en el Congreso, la barrera de corte que puede suponer el Estatuto de Cataluña, estos espíritus hasta ahora libres se pueden ver en la tesitura de elegir entre la necesidad de obedecer a su conciencia o a su partido. Es sabido que el proyecto de Maragall parte de una concepción confederal del Estado. El énfasis en el término de nación vendría a presuponer la existencia de un Estado confederado de hecho en torno a cuatro naciones: Cataluña, País Vasco, Galicia... y España, entre cuyas catorce autonomías recaería la posibilidad de construir mecanismos de solidaridad interna que impidiesen la fractura entre las más pobres y las más desarrolladas. Este Estado de dos velocidades causa pánico en numerosos socialistas que asisten con estupor a la determinación con que el presidente ha confiado en el debate catalán la clave del futuro de lo que hasta ahora conocemos como nación española. El problema esencial consiste en la artificialidad de esta demanda reformista. En la actualidad, y descontando la Seguridad Social, el Estado administra tan sólo un 19 por 100 de los recursos nacionales, siendo para las autonomías la parte del león de este reparto, en el que también los ayuntamientos languidecen de manera notable. El demarraje pretendido por los nacionalistas adelgazaría aún más a ese ya flaco Estado, cuyos ministros apenas si dirigen poco más que gabinetes de estudios con capacidad de iniciativa legislativa y que camina hacia la anorexia absoluta bajo el impulso de Queda, aún, un leve horizonte de esperanza que pasa por la posibilidad de descarrilar el Estatuto en origen, es decir, de hacer inviable un consenso mayoritario en el Parlamento de Cataluña. Esta compleja tarea recae casi por completo en los hombros del ministro José Montilla, responsable del PS catalán, que ha llegado incluso a sondear a Piqué para obtener del PP la anuencia necesaria. Pero el encaje de bolillos necesario para abortar la escalada catalana puede dar al traste con el Gobierno tripartito, tumbando a un Maragall decidido a pasar la última frontera de su vida política y situando a Esquerra Republicana ante un desafío de ruptura al que Zapatero parece temer tanto como se desprende del relieve y deferencia que otorga a un personaje como Carod Rovira, auténtico esperpento político del que Felipe González llegó a decir, literalmente, que no es más tonto porque no se entrena. Acaso sólo el presidente del Gobierno, Maragall y tal vez el propio Carod continúen creyendo que la vía catalana puede ser un modelo sobre el que descansar el horizonte de paz en el País Vasco. Esa fantasiosa perspectiva- -que en el mejor de los supuestos destrozaría el Estado igualitario que hoy conocemos y disfrutamos- -ha quedado arrumbada para cualquier entendimiento serio de la cuestión nacional, pero sigue sostenida como un clavo de fe por esta tríada sorprendente en la que no se sabe si está triunfando la ingenuidad, el oportunismo, la táctica o una maldad en la que más vale no creer para seguir sosteniendo la esperanza. director abc. es