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4 Opinión MIÉRCOLES 13 7 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil NEUTRALIDAD ACTIVA A neutralidad activa practicada por la diplomacia española durante el Gobierno de Aznar se tradujo, desde un punto de vista formal, en que el anterior jefe del Ejecutivo no recibió al líder del Frente Polisario. Los tiempos han cambiado tanto y tan deprisa que el contencioso del Sahara se ha convertido en arma arrojadiza en la lucha partidista que libran PSOE y PP. Aznar ha recibido a Mohamed Abdelaziz y viajará a los campos de refugiados de Tinduf. En coherencia con la política que guió durante ocho años los pasos del anterior Ejecutivo, esa visita resulta inconveniente. Y no porque lo diga Rubalcaba, experto en Teoría de Diplomacia Paralela- -el PSOE la practicó con ahínco cuando era oposición- -sino porque la política exterior tiene reglas y normas de obligado cumplimiento. L EL FINAL DIALOGADO QUE NO LLEGA E L problema de la nueva política del Gobierno sobre ETA ya no es sólo la continuidad terrorista sino el perjuicio que está causando al sistema institucional, bien visible en el descrédito del fiscal general del Estado, empeñado en una tarea tan compleja como peligrosa: dar cobertura a la estrategia del Gobierno de habilitar una vía legal de mantenimiento del entramado batasuno en el Parlamento vasco. Al final ha sucedido lo previsible en un Estado de Derecho, formado por instituciones que, o persiguen los delitos y protegen a la sociedad o, simplemente, no tienen razón de ser. En este sentido, ¿hay motivo para sorprenderse de que un juez de la Audiencia Nacional haya aceptado una querella de las víctimas de ETA contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas por colaboración con los terroristas? Realmente, no hay motivo alguno, porque las razones para esta decisión tomada por el juez Fernando GrandeMarlaska están en los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en la actividad diaria del EHAK y en el reconocimiento por ETA en su último Zutabe de que este partido es su marca parlamentaria. Un juez ha decidido levantar el velo del EHAK. Es bueno recordar que actualmente ya existe un sumario sobre la integración de Batasuna en ETA, porque el que juega a terrorista, aunque se disfrace de parlamentario, acaba siendo tratado como un terrorista. Lo que, en todo caso, sí debe preocupar es la posición adoptada por el fiscal general, que está provocando asombro y desconcierto en la sociedad española. Por vez primera en la democracia, los jueces españoles no están respaldados, de forma clara e inequívoca, en una investigación sobre ETA. La de ayer fue una jornada muy expresiva de cuál es la composición del escenario en el que supuestamente habría de producirse el final dialogado del terrorismo de ETA. El Gobierno ha propiciado expectativas construidas sobre una imagen irreal de los terroristas e insiste en apelar a la confianza ciega en el jefe del Ejecutivo, pese a que no hay correspondencia en los hechos. Y la prueba del error vuelve a estar donde siempre, en los atentados de ETA, como las cuatro bombas que ayer estallaron en la central térmica de Boroa, situada junto a la localidad vizcaína de Amorebieta. Se trata de una instalación industrial, de capital extranjero, a la que se opusieron movimientos ecologistas y fuerzas políticas locales, lo que trae a la memoria tristes episodios del exitoso chantaje etarra contra la central nuclear de Lemóniz y la autovía de Leizarán. La condición puesta por el presidente del Gobierno no se ha cumplido: ETA ha expresado su voluntad de no abandonar la violencia, por lo que el Ejecutivo está obligado a revisar su posición y, sobre todo, a reflexionar sobre la incidencia negativa de sus decisiones en el proceso de derrota de los terroristas. Lo cierto es que ETA ha celebrado como éxitos propios la ruptura del Pacto Antiterrorista y la derogación de facto de la ley de Partidos Políticos. Más allá de un escarnio a la sociedad española, la satisfacción de los terroristas no es gratuita, sino fundada en la novedad de una política que ha declinado el rigor y la firmeza de aquella que PP y PSOE pactaron en el Acuerdo Antiterrorista. La sociedad española, como reflejaba el Barómetro de ABC, no puede ignorar la continuidad de los atentados, taparse los ojos y dar por buena, en su lugar, la confianza personal del presidente del Gobierno en sus informaciones, no compartidas con el PP ni respaldadas por la realidad. Y si tales informaciones son fruto de la diplomacia secreta con ETA, sería bueno recordar la inutilidad absoluta de este tipo de comunicación con los terroristas en los tiempos en los que los Gobiernos anteriores la pusieron en práctica con intermediarios inefables y en plena actividad violenta de la banda etarra. También debe ponderar el Gobierno el coste moral de trasladar a la opinión pública la idea de que un terrorismo sin muertos es absorbible en un estado de negociación, como si la amenaza, la destrucción y la intimidación fueran costes de segundo grado y, en todo caso, no impeditivos de ese aún inédito proceso de paz. Mejor haría el Ejecutivo en ser consciente de que la cadena ininterrumpida de atentados cometidos por ETA es la manera que tiene la banda terrorista de demostrarle al Estado cuál es su verdadera disposición al diálogo. Miguel Ángel Blanco MEMORIA QUE DUELE H DEFENSOR DE LA CONSTITUCIÓN AY fechas marcadas a sangre y fuego en la memoria colectiva de un país. También hay rostros y nombres que perduran en el tiempo y emergen, de año en año, para avivar el recuerdo, aunque provoque escozor. El Foro de Ermua reclamó ayer la derrota de ETA sin cesiones ni atajos al cumplirse el octavo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hace ocho años tomamos la determinación de no hacer ninguna concesión, ni penitenciaria ni de otro tipo, a cambio de su liberación; ETA le arrebató la vida. ETA fue la única culpable del crimen Palabras que este año resuenan con un eco distinto y deberían convertirse, en tiempos de duda e incertidumbre, en guía obligada para no salirse del camino que conduce al fin del terrorismo. L A celebración del veinticinco aniversario del Tribunal Constitucional, solemnizada ayer en un acto presidido por los Reyes, se produce en un momento de controversia sobre la vigencia del consenso constituyente de 1978 y, especialmente, del modelo territorial del Estado. Al calor de la propuesta que hizo el presidente del Gobierno en su discurso de investidura para modificar la Constitución en cuatro apartados- -Senado, UE, comunidades autónomas e igualdad en la sucesión a la Corona- las reformas estatutarias en marcha, sobre todo la catalana, han ampliado el espectro de la reforma constitucional para revisar sustancialmente la definición nacional del Estado Español. Algunos de los argumentos que se han utilizado para justificar el salto del modelo autonómico a otro federal o confederal, parten del debilitamiento del valor normativo de la Constitución, para dejarla reducida a una serie de preceptos admonitivos o, a lo sumo, a una ley con fecha de caducidad. El TC, cerrado este primer cuarto de siglo de funcionamiento, está llamado a asumir su papel defensor de la Constitución- -destacado en el discurso de Don Juan Carlos- -en un terreno hasta ahora apenas explorado, como es el de la unidad de España y la supremacía de la soberanía nacional. Hasta ahora, el TC se había centrado en el aseguramiento de los derechos y libertades de los españoles y en zanjar disputas competenciales entre administraciones. Pero al TC le va a tocar hablar de España, del concepto de nación, de la igualdad entre los españoles y de la solidaridad entre las regiones. Será entonces cuando la palabra Constitución adquiera todo su significado político y regulador, porque si hay Constitución es porque hay una nación soberana que la ha aprobado para ser aplicada de forma vinculada a ciudadanos y poderes públicos. Sin duda, se le pedirá al TC que haga lecturas flexibles del texto constitucional, que es lo que reclaman los que realmente aspiran a la derogación de la Constitución. El reto está planteado- -la discutible resolución que dictó el TC sobre elplan Ibarretxe fue sólo un anticipo- -y de cómo lo afronte dependerá, entre otras cosas, que el Alto Tribunal pueda cumplir otros veinticinco años como garante del Estado constitucional español. Significará que las propuestas de ruptura habrán fracasado. EL CRISTAL A normalidad diplomática es un cristal transparente: si el presidente del Gobierno recibe al embajador de Estados Unidos, la gente, desde fuera, los ve moverse y hablar, tranquilamente. La normalidad diplomática deja de ser normal cuando el cristal es opaco: la gente, al otro lado, ve sombras en el mejor de los casos. Y lo normal, tras las sombras, es que surjan las dudas. ¿Por qué no se permitieron fotos del encuentro que mantuvieron ayer en Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero y el nuevo embajador de EE. UU. Eduardo Aguirre? Si la de ayer era una reunión privada, ¿para cuándo entonces el primer encuentro oficial? L