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14 Nacional MARTES 12 7 2005 ABC El PP recuerda que el Congreso es soberano para cambiar cualquier Estatuto C. H. MADRID. El secretario general del PP, Ángel Acebes, defendió ayer la constitucionalidad del nuevo Estatuto valenciano en réplica a las dudas que, en este sentido, han expresado tanto el ex vicepresidente del Gobierno y presidente de la comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, como el ex presidente del TC Manuel Jiménez de Parga. En todo caso, recordó que las Cortes, como órganos que representan la soberanía del pueblo español, pueden modificar lo que estimen conveniente del texto valenciano, así como de cualquier otra propuesta de reforma estatutaria. De este modo Acebes marca distancias con el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dispuesto a aceptar cualquier texto que venga de los Parlamentos autonómicos. Acebes defendió que el PP nunca participaría de una reforma que desbordara la Constitución y considera que la valenciana está dentro de la más pura ortodoxia. Muy diferente fue su visión sobre la propuesta de Estatuto del tripartito catalán, que exigiría para prosperar de una reforma previa de la Carta Magna Los populares rechazan que se quiera comparar ambos textos para justificar por esa vía al catalán. Las diferencias entre ambos, subrayó el número dos del PP, no sólo es que en el caso valenciano existe un consenso entre los dos grandes partidos y no se vulneran leyes básicas, sino que se promovió la reforma para que el presidente regional tuviera capacidad de disolver el Parlamento autonómico y se eliminara la limitación en el número de consejeros. Justicia quiere que los vocales del CGPJ den cuenta de sus decisiones en el Congreso El texto sobre el que trabaja López Aguilar plantea reformar las elecciones a las Salas de Gobierno b Los tribunales superiores de justicia se convertirán en órganos de segunda instancia, extremo previsto en la vigente ley orgánica del Poder Judicial desde 2003 NIEVES COLLI MADRID. El anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre el que trabaja el Ministerio de Justicia incluye la posibilidad de que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comparezcan ante las Cámaras cuando así sean requeridos por éstas. Esta previsión, que no se contempla ni en la actual ley ni en la Constitución, supondría una suerte de control del legislativo sobre los miembros del gobierno del Poder Judicial que excedería del deber de información que tiene hoy el CGPJ- -según establece el artículo 109.1 de la vigente LOPJ- -respecto del Parlamento en relación con el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los Juzgados y Tribunales de Justicia datos todos ellos que se contienen en la Memoria que el CGPJ elabora anualmente. El apartado segundo de ese mismo precepto, tal y como está redactado en la ley vigente, precisa que las Cortes Generales podrán reclamar, en su caso, la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial o del miembro del mismo en quien aquél delegue comparecencia que también queda vinculada al contenido de la Memoria y que no se refiere en ningún caso a los restantes miembros de esta institución. Los vocales, de hecho, carecen por sí mismos de capacidad de decisión dentro del Consejo del Poder Judicial, un órgano que toma sus decisiones de manera colegiada, bien en Comisión bien en Pleno. El documento que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, tiene previsto llevar al Consejo de Ministros antes de septiembre contiene la modificación de varias cuestiones cruciales para el funcionamiento de la Justicia en España- -como son la reforma de la casación y la atribución de nuevas competencias a los tribunales superiores de justicia- -y de gran interés para las Comunidades Autónomas. En principio, la flexibilidad de la reforma que acometa el Ejecutivo en estas materias pondrá el límite a las exigencias plasmadas por los nacionalismos en los proyectos de estatuto de autonomía que están en marcha, especialmente el catalán. La reforma de la LOPJ es, precisamente, una de las previstas por el Ejecutivo para preparar la llegada de los nuevos estatutos. No obstante, la clave no va a estar tanto en el texto que salga del Consejo de Ministros como en el que resulte del posterior debate parlamentario, durante el que los partidos nacionalistas echarán toda la carne en el asador para hacer realidad sus reivindicaciones, que pa- Francisco Hernando ABC La clave de la reforma estará en su tramitación parlamentaria más que en el texto que apruebe el Consejo de Ministros san por la creación de consejos autonómicos del poder judicial y por la reducción del Tribunal Supremo a un órgano unificador de doctrina para convertir a los tribunales superiores de justicia en la última instancia local. Fuentes que han tenido acceso al borrador sobre el que trabaja el equipo de López Aguilar- -desde el Ministerio se asegura que el texto no es definitivo- -indican que en esta materia desarrolla lo que ya estaba previsto legalmente: en cuanto a la casación, los tribunales superiores se ocuparían de ella sólo en materia de derecho civil propio en aquellas Comunidades que lo tengan; la casación de los asuntos de derecho común seguirían en manos del Supremo. Por otra parte, los tribunales superiores de justicia se convertirían en la segunda instancia judicial- -al revisar las sentencias dictadas por las audiencias provinciales- lo que ayudaría a descongestionar el Supremo. La Audiencia Nacional tendría una sala de apelación propia. Sujeto a modificaciones Abierto sigue el capítulo de la reforma del CGPJ dirigida a su posible descentralización. Fuentes gubernamentales señalan que en este momento no hay una decisión cerrada sobre cómo se arbitrará, sobre la configuración, en su caso, de los consejos delegados ni sobre cuáles serían sus atribuciones. La reforma alcanza también a las elecciones a las salas de gobierno de los distintos tribunales. El borrador da cabida a una vieja pretensión de la progresista Jueces para la Democracia (JpD) cuyo objetivo es garantizar la presencia de las minorías en las salas de gobierno. Tras la reforma, el sistema electoral seguiría siendo de listas abiertas, aunque una misma candidatura nunca podría acaparar más de las dos terceras partes de los miembros electivos de la sala de gobierno. Esta modificación es vista como un espaldarazo del Gobierno a la asociación progresista, la gran perjudicada de las ultimas elecciones, celebradas hace nueve meses. Aquellos comicios supusieron un retroceso de JpD y una importante victoria de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) PP, PNV y PSOE piden unidad política para reforzar la UE EFE. El fortalecimiento de la unidad política de Europa a través de su articulación constitucional es clave para garantizar la seguridad y el progreso en el seno de la Unión Europea. Así lo indicaron ayer representantes de PNV, Partido Popular y PSOE en un curso de verano de la Universidad del País Vasco en San Sebastián. Allí coincidieron, como se aprecia en la foto, el secretario de comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, y el presidente del PNV, Josu Jon Imaz. Una imagen poco usual. EFE